Los Leones De Salinas Rugieron 30 Años Antes De Que Harfuch Abriera La Puerta
Los Leones De Salinas Rugieron 30 Años Antes De Que Harfuch Abriera La Puerta
El guardia privado no opuso resistencia. Eran las 6:01 de la mañana del domingo 14 de junio de 2026, el bosque de Michoacán todavía estaba envuelto en una niebla baja que olía a pino mojado y a tierra negra recién removida. El hombre de la garita, con uniforme verde olivo gastado en los codos, vio el convoy de 22 vehículos detenerse frente a la reja metálica. Vio las luces estroboscópicas de la Guardia Nacional. Vio la orden judicial que un actuario le puso en las manos con la frialdad de quien sabe que el papel tiene más peso que cualquier candado. La reja se abrió sin un solo disparo. Sin un grito. Sin una carrera. Lo que siguió fue peor que una balacera para el nombre que llevaba décadas protegiendo ese lugar. Porque detrás de esa puerta no había armas. Había jaulas. 38 hectáreas de bosque convertidas en un zoológico privado que nadie, absolutamente nadie fuera del círculo íntimo de Carlos Salinas de Gortari, había visto jamás. Y dentro de esas jaulas, animales que no deberían estar en México. Animales que no deberían estar en cautiverio. Animales que el expresidente robó del zoológico de Chapultepec cuando se fue de Los Pinos en 1994. Treinta años. Treinta años de impunidad concentrados en un predio en Sinapécuaro, a dos horas de Morelia, con leones africanos, coalas australianos, búfalos de Montana y una colonia de flamencos del Caribe que todavía llevaban las anillas de identificación que les puso el personal de Chapultepec en 1991. Esta mañana, Omar García Harfuch decidió que ese predio dejaba de existir como propiedad privada. Lo que pasó después no fue un operativo contra el crimen organizado. Fue el estado diciéndole a 30 años de impunidad presidencial que el tiempo y la paciencia se habían terminado.
Para entender lo que ocurrió esta madrugada en Sinapécuaro, hay que retroceder casi cuatro décadas. Carlos Salinas de Gortari llegó a la presidencia de México el 1 de diciembre de 1988. Lo que ocurrió ese año electoral es uno de los episodios más disputados de la historia política moderna del país. La noche del 6 de julio de 1988, con las urnas abiertas y el conteo de votos en curso, los sistemas de cómputo del entonces Ministerio del Interior se cayeron. Cuando volvieron a funcionar, el candidato del PRI tenía la mayoría. El ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que hasta ese momento lideraba por un margen amplio en los reportes preliminares, quedó en segundo lugar. “Se cayó el sistema” se convirtió en la frase que definió una generación entera de desconfianza institucional en este país.
Salinas gobernó seis años. En ese tiempo privatizó empresas públicas, firmó el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, y también remodeló el zoológico de Chapultepec. Eso último se dice fácil: un zoológico público, patrimonio de la Ciudad de México, renovado con dinero del erario. Los trabajos iniciaron en su sexenio, y el 1 de agosto de 1994, a semanas de que terminara su mandato, Salinas inauguró personalmente la remodelación. Fotos de familia, prensa, discursos sobre la conservación de especies. La imagen del presidente que le devuelve un parque a la gente. Lo que nadie sabía en ese momento, lo que las cámaras no capturaron, lo que ningún reportero preguntó, es que en paralelo a esa reinauguración pública, Salinas llevaba años construyendo algo completamente diferente en un bosque de Michoacán. Algo que no estaba en ningún presupuesto oficial. Algo que no aparecía en ningún contrato público. Algo que se financiaba con dinero del estado, pero que jamás iba a quedar registrado a nombre del estado.
Un zoológico privado de 38 hectáreas construido en un predio que adquirió durante su propio sexenio con una adjudicación directa a su nombre. Sin licitación. Sin proceso de compra. Sin pago. El estado le dio esa tierra. Literalmente se la regaló. Y sobre esa tierra robada levantó jaulas, instalaciones veterinarias, sistemas de alimentación automatizados, bodegas de almacenamiento de alimento y una red de caminos internos que conectaban cada zona del predio. Todo construido con recursos públicos que jamás regresaron al erario.
Y cuando terminó su sexenio, cuando la oficina de Los Pinos se quedó vacía, cuando el presidente saliente tuvo que soltar el poder que había acumulado durante seis años, se llevó con él aproximadamente mil animales del zoológico de Chapultepec. Quiero que pienses en lo que eso significa operativamente. Mil animales. No es una jaula abierta y un par de venados que se escapan. Estamos hablando de una operación de traslado planificada con meses de anticipación. Con veterinarios. Con jaulas de transporte. Con camiones especializados. Con rutas de traslado establecidas para no levantar sospechas. Con personal que sabía exactamente a dónde iban esos animales y para qué. Eso no se improvisa. Eso se planea desde adentro del gobierno, con recursos del gobierno, con la protección que solo da estar en el gobierno.
Con el tiempo, el zoológico privado de Salinas en Sinapécuaro fue creciendo. No solo con animales de México. Con animales de otros continentes. Los registros de importación que los investigadores de la Fiscalía General de la República comenzaron a rastrear desde enero de este año muestran envíos de búfalos norteamericanos desde el estado de Montana declarados como ganado para uso ganadero. Muestran envíos de felinos africanos —leones y leopardos— que ingresaron a territorio mexicano con documentación irregular. Muestran el traslado de coalas desde instalaciones australianas con certificaciones de sanidad animal que en ningún caso autorizaban su uso en una colección privada fuera de Australia. Muestran serpientes exóticas catalogadas bajo la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES) que jamás debieron haber salido de sus países de origen. Pagado todo con dinero que Salinas sustrajo del erario público durante su mandato.
¿Cuánto dinero? Esa es la pregunta que tiene una respuesta parcial, y la respuesta parcial ya es devastadora. Las autoridades suizas, en el marco de investigaciones sobre lavado de activos iniciadas en los años 90, detectaron depósitos en cuentas bancarias a nombre de Carlos Salinas de Gortari que sumaban más de 100 millones de dólares depositados en Suiza en cuentas que no tenían ninguna justificación legal desde los ingresos que un funcionario público puede generar durante un sexenio. Después de años de procesos legales entre los gobiernos de México y Suiza, las autoridades helvéticas devolvieron al país más de 74 millones de dólares cuyo origen ilícito pudo acreditarse con evidencia suficiente. 74 millones de dólares que regresaron. Y eso, como reconocieron los propios investigadores en ese momento, era solo lo que se pudo probar con los estándares jurídicos que aplica un banco suizo. Los analistas financieros que han reconstruido el patrón de enriquecimiento de Salinas durante décadas estiman que la cifra real de recursos sustraídos al erario mexicano se cuenta en billones de pesos. Billones. Un número tan grande que resulta difícil materializarlo sin un ejemplo concreto. Ese ejemplo concreto estaba en Sinapécuaro, Michoacán. Treinta años de pillaje concentrados en 38 hectáreas de bosque michoacano, con celdas de animales exóticos y la frialdad de quien nunca creyó que alguien llegaría a buscarlo. Esta mañana alguien llegó.
La operación que esta mañana reveló Omar García Harfuch no se diseñó de un día para otro. Empezó, según los detalles que el secretario compartió en la conferencia de prensa celebrada a las 10:30 de la mañana en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, con una solicitud de colaboración que la Unidad de Inteligencia Financiera envió en diciembre de 2025 al Centro Nacional de Inteligencia. Esa solicitud incluía documentos de la adjudicación original del predio en Sinapécuaro, registros de importación de fauna catalogados como irregulares por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), y una serie de imágenes satelitales obtenidas de manera rutinaria por el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental que mostraban estructuras dentro de la propiedad incompatibles con un uso ganadero o forestal normal.
Las imágenes satelitales fueron el primer punto de certeza. Desde una altitud de 612 kilómetros, el satélite de observación terrestre que la Agencia Espacial Mexicana opera en coordinación con el Centro Nacional de Inteligencia había capturado en distintas fechas entre junio de 2024 y noviembre de 2025 instalaciones con patrones de distribución interna que los analistas de inteligencia reconocieron de inmediato. Cercas internas divididas en secciones. Techumbres de acero sobre espacios abiertos con ventilación controlada. Vehículos de carga pesada entrando y saliendo en horarios nocturnos. No era un rancho ganadero. Era otra cosa.
La confirmación llegó en febrero de 2026, cuando dos elementos de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), acompañados por un notario y sin identificarse como autoridades, se presentaron en la comunidad de Las Glorias, el poblado más cercano al predio, con el argumento de ser investigadores de biodiversidad forestal. En el pueblo hablaron con comerciantes, con trabajadores agrícolas, con personas que durante años habían visto llegar camiones de carga al predio y nunca habían podido explicar qué traían. Lo que les dijeron en Las Glorias, los investigadores no esperaban escucharlo con tanta claridad. Los habitantes sabían exactamente qué había ahí adentro. Lo sabían porque los sonidos llegaban hasta el pueblo, especialmente en las noches. Rugidos. Chillidos. El sonido inconfundible de aves grandes en espacios cerrados. Y el olor: un olor denso, animal, que el viento del norte traía hasta las calles de Las Glorias en las noches de invierno.
Lo que la gente de ese pueblo había guardado en silencio durante años por miedo, por prudencia, por la certeza de que nadie iba a hacer nada, esa misma gente lo dijo en dos horas de conversación informal con dos investigadores que llevaban grabadoras ocultas en los bolsillos de sus chaquetas. Con esos testimonios, con las imágenes satelitales, con los documentos de importación irregular y con la cadena documental de la adjudicación ilícita del predio, la Fiscalía General de la República solicitó al Juzgado Quinto Federal de Procesos Penales en la Ciudad de México una orden de intervención y cateo sobre la propiedad. La orden fue emitida el miércoles 11 de junio de 2026 a las 9:47 de la mañana. Harfuch recibió la notificación en su teléfono cifrado mientras estaba en una reunión de coordinación de seguridad en la Ciudad de México. Según describió el mismo Harfuch en la conferencia de esta mañana, lo primero que hizo al ver el nombre del predio fue llamar al director del Centro Nacional de Inteligencia. La conversación fue breve. Tres días para coordinar el operativo.
El domingo 14 de junio a las 6 de la mañana, el operativo requirió una coordinación que pocas veces se ve para un cateo de esta naturaleza, porque el contenido del predio exigía la participación de agencias que en un operativo de seguridad convencional nunca estarían en la misma mesa. Elementos de la Guardia Nacional para el control perimetral del predio. Inspectores de PROFEPA para la identificación y catalogación de especies. Veterinarios especializados en fauna exótica del Zoológico Nacional y de la IUCN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza). Personal de la Unidad de Inteligencia Financiera para el registro y documentación de activos. Equipos forenses de la Fiscalía General de la República. Y representantes de cuatro embajadas —Australia, Estados Unidos, Sudáfrica y Kenia— notificadas con 48 horas de anticipación sobre el cateo porque varios de los animales identificados como posiblemente presentes en el predio eran originarios de esos países, y su recuperación implicaba coordinación consular.
Un convoy de 22 vehículos salió de Morelia a las 5:07 de la mañana. Unidades de la Guardia Nacional al frente y al fondo. Cuatro camionetas de la Fiscalía en el centro. Dos camiones de transporte especializado de fauna al final del convoy, con sus jaulas de acero reforzadas y ventiladas, listas para recibir animales de distintos tamaños. Cuatro ambulancias veterinarias. El helicóptero Bell 412 de la Secretaría de Seguridad sobrevolando el convoy a 400 metros de altitud, transmitiendo imágenes en tiempo real al puesto de mando móvil donde Harfuch seguía el operativo desde una pantalla. El convoy llegó al acceso principal del predio en el kilómetro 14 a las 6:01 de la mañana. Un guardia privado abrió la reja metálica de acceso sin resistencia. No había nada que resistir. Era un domingo a las 6 de la mañana, y la orden judicial que los elementos de la Guardia Nacional pusieron frente a sus ojos no dejaba ningún margen de interpretación.
Los primeros en entrar fueron los equipos de seguridad perimetral, que desplegaron en dos minutos un perímetro de contención de 800 metros cubriendo todos los accesos del predio. Los drones térmicos —dos unidades de DJI Matrice 350 con cámaras de visión nocturna— ya llevaban 40 minutos sobrevolando la propiedad cuando el convoy llegó, y sus imágenes confirmaban lo que la inteligencia había anticipado: firmas térmicas múltiples distribuidas en al menos seis puntos distintos del predio, algunas grandes, algunas muy grandes. Los veterinarios entraron en el tercer grupo, junto con los inspectores de PROFEPA. Y lo que encontraron cuando cruzaron el acceso principal del zoológico privado fue algo que, según declaró el inspector jefe Rodrigo Andrade Fuentes en el parte preliminar entregado a la Fiscalía, ninguno de ellos había visto fuera de un zoológico de escala internacional en toda su carrera profesional.
Un camino central de grava blanca, perfectamente mantenido, de aproximadamente 400 metros de longitud, flanqueado a ambos lados por instalaciones de acero y concreto organizadas en secciones temáticas. Cada sección con señalética pintada a mano en español y en inglés, identificando las especies que habitaban cada zona. Una zona africana. Una zona australiana. Una zona norteamericana. Una zona de reptiles. Una zona de aves exóticas. Una zona de primates. Todo construido con la lógica de un zoológico institucional, con la inversión de un zoológico institucional, para el disfrute exclusivo de una sola persona y su familia. En el centro del predio, separada de las instalaciones animales por un jardín formal con fuente y bancas de cantera, una residencia de dos plantas con acabados de madera y piedra michoacana, cocina de acero industrial, sala de proyecciones, bodega de vinos y una terraza con vista directa a la zona de grandes felinos. El zoológico privado más grande jamás documentado en manos de un particular en la historia de México. Construido con dinero robado al pueblo. Inaugurado en silencio. Operado en secreto durante tres décadas. Y encontrado esta mañana exactamente donde siempre estuvo, esperando que alguien decidiera mirar.
Lo que los veterinarios de PROFEPA encontraron en las primeras dos horas del cateo no tiene precedente documentado en la historia de intervenciones ambientales en México. No por la escala en número de animales —aunque eso por sí solo ya era suficiente para detener a cualquiera—, sino por la diversidad de especies y por el grado de sofisticación con el que cada zona del predio estaba construida y mantenida. La zona africana fue la primera en inspeccionarse porque las firmas térmicas que los drones habían captado durante la madrugada correspondían con la silueta de animales de gran tamaño. Dos leones africanos, macho y hembra, ambos adultos, encerrados en un recinto de aproximadamente 800 metros cuadrados con foso de contención, roca artificial y un sistema de alimentación automatizado conectado a un depósito de carne refrigerada. Junto a ellos, en recintos separados, tres leopardos del subcontinente subsahariano y una pareja de hienas manchadas.
El inspector forense veterinario, doctor Armando Suárez Enríquez, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, confirmó que todos los animales de la zona africana mostraban signos de atención veterinaria reciente. Registros de vacunación. Notas clínicas escritas a mano adheridas a los recintos. Peso anotado en etiquetas metálicas en las puertas. Alguien los cuidaba. Alguien con formación especializada los cuidaba. Lo cual significa que el zoológico privado de Salinas no era un capricho mal mantenido. Era una operación estructurada con personal profesional pagado con dinero que el pueblo de México nunca supo que estaba gastando en esto.
La zona australiana contenía algo que ninguno de los inspectores esperaba encontrar a 2,100 metros de altitud en los bosques de Michoacán: cuatro coalas. Coalas que, según los registros de importación que PROFEPA logró cruzar esa misma mañana con la base de datos del Departamento de Medio Ambiente, Agua, Patrimonio e Industrias de Australia, nunca debieron haber salido del continente oceánico. El koala es una especie en estado de conservación vulnerable bajo los criterios de la Lista Roja de la IUCN. Su exportación para fines distintos a programas de conservación acreditados por instituciones científicas reconocidas internacionalmente está prohibida bajo los acuerdos que Australia mantiene con los países signatarios de CITES. México es signatario. Y sin embargo, ahí estaban esos cuatro ejemplares en un recinto climatizado artificialmente para mantener temperaturas y niveles de humedad similares a los del sureste australiano, comiendo hojas de eucalipto cultivadas en una sección especial del predio a espaldas del mundo entero.
La zona norteamericana tenía 16 búfalos americanos de planicie (Bison bison), traídos en un periodo estimado entre 2003 y 2011 desde ranchos ganaderos del estado de Montana. Según los registros de transporte que los investigadores de la Fiscalía encontraron archivados en uno de los cuartos de la bodega principal, los búfalos llegaron declarados en aduana como “ganado bovino de importación para uso en reproducción ganadera”, una categoría que en ese momento no requería el nivel de inspección que se aplica a fauna silvestre protegida, y que fue usada deliberadamente para evitar la revisión de las autoridades ambientales. En los archivos había facturas. Las facturas tenían nombres de personas y empresas. Esos nombres y esas empresas son parte del expediente que la Fiscalía General de la República tiene en este momento en proceso de análisis.
La zona de reptiles estaba cerrada con un sistema de seguridad diferente al resto del predio: cerradura con clave numérica además del candado físico. Lo que los inspectores interpretaron desde el principio como indicador de que el contenido de esa zona era el que más conflicto jurídico podría generar. No estaban equivocados. Adentro encontraron 19 serpientes de especies protegidas bajo la convención CITES en sus apéndices más restrictivos. Pitones reticuladas originarias del sudeste asiático. Boas de árbol esmeralda procedentes de la cuenca amazónica. Y tres ejemplares de taipán del interior, una de las serpientes más venenosas documentadas en el registro científico mundial, originaria de las regiones áridas del centro de Australia. El taipán del interior produce un veneno neurotóxico cuya dosis letal media es la más alta de cualquier serpiente terrestre conocida. Su captura, traslado y tenencia privada están prohibidos en Australia bajo penas de prisión. Su importación a México, sin los permisos correspondientes, constituye un delito federal con agravante por tratarse de especie en categoría de protección máxima. Alguien las trajo. Alguien pagó para traerlas. Y ese dinero vino del erario público mexicano.
La zona de primates tenía 11 individuos de tres especies distintas: chimpancés comunes, macacos japoneses y un único ejemplar de orangután de Borneo, uno de los grandes simios más amenazados del planeta, con una población salvaje estimada en menos de 104,000 individuos distribuidos en los bosques de Indonesia y Malasia. El orangután fue el hallazgo que más silencio produjo entre los equipos técnicos cuando entraron a esa sección. No por lo que los inspectores hicieron, sino por lo que el animal hizo. Según el parte técnico preliminar, el orangután se desplazó hasta la reja de su recinto cuando los inspectores entraron y extendió un brazo hacia afuera en dirección a ellos. No con agresividad. Con algo que el inspector escribió con la cautela propia de quien no quiere antropomorfizar lo que vio: “parecía reconocimiento de presencia humana no habitual”. Un animal traído de los bosques de Borneo, colocado en un bosque de Michoacán para satisfacción privada de un hombre que robó el país durante seis años.
La zona de aves exóticas era la más grande en extensión de todo el predio. Cuatro aviarios de diferentes alturas construidos con estructura de acero y malla metálica de alta resistencia contenían en total 214 aves de 38 especies distintas. Guacamayas de las ocho especies reconocidas, varias de ellas en peligro crítico de extinción. Cacatúas de cresta amarilla originarias de Indonesia. Loros grises africanos considerados entre las aves con mayor capacidad cognitiva documentada en el reino animal. Y en el aviario más grande, una colonia de flamencos del Caribe que habían sido trasladados del zoológico de Chapultepec en 1994, según lo confirmó el propio zoológico de la Ciudad de México cuando fue contactado esa mañana por el equipo de investigación de la Fiscalía con las fotografías del cateo. Los reconocieron por las marcas de identificación en sus anillas. Marcas que habían sido colocadas por el personal del zoológico de Chapultepec en 1991. Tres años antes de que Salinas los robara.
En total, el inventario preliminar elaborado por los 23 veterinarios y biólogos presentes en el cateo registró 1,114 animales vivos de 87 especies distintas. 43 de esas especies están catalogadas en los apéndices uno o dos de CITES, lo que significa que su comercio internacional está restringido o completamente prohibido. 16 están en la Lista Roja de la IUCN bajo las categorías de vulnerable, en peligro o en peligro crítico de extinción.
Además de los animales, los investigadores de la Fiscalía encontraron algo en el cuarto de archivo de la bodega principal que va a generar trabajo forense para semanas. Diecisiete cajas de cartón de tamaño estándar, selladas con cinta adhesiva industrial, etiquetadas con números de serie que ninguno de los investigadores reconoció inmediatamente, pero que al abrirse revelaron su contenido con absoluta claridad. Facturas de transferencias bancarias internacionales. Estados de cuenta de instituciones en Suiza, Luxemburgo, Islas Caimán y Liechtenstein. Registros de pagos a veterinarios, importadores, transportistas y personal de seguridad del predio. Y correspondencia privada entre los años 1994 y 2019 que los fiscales tomaron como evidencia y trasladaron bajo cadena de custodia a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada en la Ciudad de México.
Esas cajas son lo que más trabajo le va a generar a la Unidad de Inteligencia Financiera en las próximas semanas. Porque si los documentos confirman lo que los investigadores sospechan desde enero de este año, estaríamos hablando de la evidencia documental más completa jamás reunida sobre el mecanismo interno de la corrupción del sexenio salinista. No teoría. No narrativa periodística. No testimonios de cuarta mano. Papeles con firmas, con fechas, con montos, con cuentas.
El proceso de extinción de dominio sobre el predio fue iniciado formalmente a las 11:47 de la mañana por el Ministerio Público Federal adscrito al operativo, en presencia de un notario público y con la documentación de la adjudicación ilícita original como primer instrumento del expediente. La propiedad está a partir de este momento bajo resguardo del Estado mexicano. Los animales están siendo trasladados de manera coordinada a cuatro instituciones: Zoológico de la Ciudad de México, Zoológico de Guadalajara, el Centro para la Conservación e Investigación de la Vida Silvestre de SEMARNAT en Zacuapán, Veracruz, y una instalación veterinaria de cuarentena habilitada de emergencia en las instalaciones de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Los flamencos del Caribe regresan al zoológico de Chapultepec. Treinta y dos años después.
Lo que los juristas van a debatir en las próximas semanas es si el expediente es suficiente para sostener también cargos penales adicionales. Tráfico de fauna silvestre protegida es un delito federal en México con penas de hasta nueve años de prisión bajo el artículo 417 del Código Penal Federal. La importación ilegal de especies catalogadas en el apéndice 1 de CITES tiene una carga jurídica adicional bajo los compromisos internacionales que México mantiene. Y la adjudicación ilegítima de un bien inmueble del estado a nombre de un particular sin proceso legal constituye una modalidad de peculado que la Fiscalía tiene elementos para sustentar con la documentación de la adjudicación original que ya está en el expediente.
Harfuch cerró su conferencia de esta mañana con una frase que vale la pena detenerse a escuchar. No la dijo con dramatismo. La dijo con la misma frialdad con la que siempre habla cuando hay documentos sobre la mesa y la certeza de que lo que viene va a ser peor para el otro lado que para el estado. Dijo: “Lo que se construyó con lo que le pertenece al pueblo le regresa al pueblo con intereses”. No fue una declaración para los medios. Fue un aviso. Y ese aviso tiene destinatario conocido.
Harfuch vivió en el cuerpo las consecuencias de lo que pasa cuando el crimen tiene suficiente poder para llegar hasta donde vive alguien. Tres balas en el cuerpo. El 26 de junio de 2020 en Lomas de Chapultepec. Sobrevivió. Y desde que sobrevivió, opera con la convicción de quien sabe que lo que hace es exactamente lo que se supone que debe hacer el estado. Llegar donde nadie llegó antes. Abrir lo que estaba cerrado. Documentar lo que estaba escondido. Devolver lo que fue robado. Esta mañana en Sinapécuaro, lo que fue robado tiene cuatro patas, plumas, escamas y una temperatura corporal que los drones térmicos detectaron a las 5:20 de la mañana, cuando nadie en ese bosque de Michoacán sabía todavía que las rejas se iban a abrir.
Las rejas se abrieron. Los flamencos regresan a Chapultepec. Las cajas de documentos están en manos de la Fiscalía. Y la pregunta que queda flotando sobre este operativo no es si Salinas va a ser llamado a declarar. Es cuántos nombres más van a aparecer en esas 17 cajas que nadie esperaba que el estado fuera a encontrar. Porque lo que se documentó hoy en Sinapécuaro no cierra ningún expediente. Abre varios que llevaban décadas esperando.
