LOS DIEZ MINUTOS DE TELÉFONO DEL MOCHA OREJAS BAJO...

LOS DIEZ MINUTOS DE TELÉFONO DEL MOCHA OREJAS BAJO VIGILANCIA TOTAL

LOS DIEZ MINUTOS DE TELÉFONO DEL MOCHA OREJAS BAJO VIGILANCIA TOTAL

El teléfono suena. Contestar en menos de tres segundos. La voz del otro lado no puede decir dónde está. El tiempo corre. Un reloj imaginario marca los segundos. Aquí no hay relojes. Las autoridades los prohibieron porque alteran el orden y la seguridad. Un minuto y cuarenta segundos. La voz se quiebra. Tres minutos. El recluso mira la pared de acero. Cinco minutos. La conversación ya casi termina. Siete minutos. La grabadora del penal lo documenta todo. Nueve minutos. La última frase. Diez minutos. Se corta la llamada. No hay más. No habrá otra hasta dentro de siete días. Daniel Arismendi López, el hombre que durante los años noventa aterrorizó a México con su banda de secuestradores, el que cortaba orejas y las enviaba en sobres como presión de pago, el que amasó millones de dólares en efectivo y centenarios de oro, hoy tiene sesenta y siete años y vive dentro de una celda de acero en el penal federal de máxima seguridad de Durango. Lleva veintisiete años, ocho meses y varios días encerrado. Sus condenas vigentes suman ciento cuarenta y cinco años. Su mundo mide dos metros con veinte centímetros de ancho por tres metros con cincuenta centímetros de largo. Y lo único que lo conecta con el exterior son diez minutos de teléfono a la semana. Supervisados. Grabados. Monitoreados en tiempo real. No es una llamada privada. Es una conversación bajo vigilancia total. El hombre que alguna vez tuvo familias enteras dependiendo de sus decisiones ahora no puede decidir ni a qué hora come.

Miacatlán, Morelos. 22 de julio de 1958. Daniel Arismendi López nació en una casa donde la violencia no era la excepción, era la regla. Su padre, Catarino Arismendi Niestra, era un hombre alcohólico y agresivo. Los golpes, los gritos, el miedo cotidiano dentro de ese hogar no tenían consecuencias para quien los ejercía. Daniel creció viendo que el que tenía más fuerza imponía las reglas. Esa lección, aprendida desde niño, nunca la olvidó. No la olvidó cuando a los dieciséis años abandonó la escuela definitivamente. No la olvidó cuando trabajó en el taller de su padre fabricando ropa para bebé, un oficio que no lo llenaba pero que era una salida de emergencia de un hogar donde no quería estar. No la olvidó cuando la familia se mudó al Estado de México y él comenzó a saltar de empleo en empleo, buscando algo que no encontraba en ninguna fábrica ni taller. Nada duraba. Era como si el mundo formal no tuviera espacio para él. O como si él no quisiera ese espacio.

A los veinte años obtuvo un puesto como chofer en la Secretaría de Marina. Tampoco duró. A los veintiséis, recomendado por su hermano Aurelio, ingresó a la policía judicial de Morelos. Ese fue el momento que lo cambió todo. No porque fuera un buen policía. Sino porque fue ahí donde conoció a la persona que le enseñó el camino. En esos dos meses dentro de la corporación, entró en contacto con un detenido apodado “La Víbora”, que tenía experiencia en robo de vehículos y en evadir a las autoridades. Daniel aprendió rápido. Cuando salió de la corporación, ya tenía claro cuál era su siguiente paso. La policía no lo formó como servidor público. Lo formó como criminal. Tras salir de la policía, Daniel se unió a su hermano Aurelio y a otros conocidos para robar vehículos en Ciudad Nezahualcóyotl, Chalco y Texcoco. Era un negocio funcional, pero de bajo rendimiento y alto riesgo de exposición. A los quince años había sido detenido por primera vez por robo de vehículos, pero al ser menor de edad fue liberado. Ahora, ya adulto, sabía que una nueva detención tendría consecuencias distintas. Cuando empezó a ser identificado en los circuitos de robo de autos, tomó una decisión estratégica. Había que cambiar de giro. Necesitaba algo más lucrativo. Algo donde el riesgo valiera más la pena.

Fue entonces cuando alguien de su entorno le contó sobre un secuestro en Cuernavaca. Una familia había pagado una suma enorme para liberar a un familiar. Daniel escuchó esa historia y vio una oportunidad. Su primera víctima en el mundo del secuestro fue un empresario gasolinero del Estado de México. La banda le pidió inicialmente un millón de pesos de rescate. La familia negoció y pagó una cantidad menor, alrededor de trescientos cincuenta mil pesos. A pesar del pago, el hombre fue asesinado. Su cuerpo apareció en una calle de Chalco. Esa primera operación definió el patrón de la banda. El dinero no garantizaba la vida. Lo que sí quedó claro es que el negocio era extraordinariamente rentable. Trescientos cincuenta mil pesos en los primeros años de la segunda mitad de los noventa era una fortuna para un hombre que había trabajado de chofer y en talleres. Fue suficiente para convencer a Arismendi de que había encontrado su verdadera vocación.

Durante 1996 y 1997, la banda de los Arismendi comenzó a operar con una estructura más sofisticada. Había vigilantes que identificaban a posibles víctimas. Personas que negociaban los rescates por teléfono. Custodios que mantenían a los secuestrados en casas de seguridad ubicadas en distintos estados. Y un líder que tomaba todas las decisiones y que rara vez aparecía en persona. Ese líder era Daniel. La banda operó en Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Morelos, Guerrero, Querétaro y zonas aledañas. Y fue en ese periodo cuando Arismendi añadió el elemento que lo haría tristemente famoso en toda la República. Cuando las familias tardaban en pagar o intentaban bajar el monto del rescate, Daniel enviaba un mensaje que no dejaba lugar a dudas. Cortaba las orejas de sus víctimas y las mandaba en sobres a los familiares como presión. Esa práctica calculada y sistemática le valió el apodo con el que sería conocido para siempre: El Mocha Orejas. No era un acto de locura ni de sadismo incontrolable. Era una herramienta de negociación. Un mensaje claro: aquí mando yo, aquí pongo los tiempos, y si no pagan, la próxima parte que llega en un sobre es peor. Las familias pagaban. Y él volvía a secuestrar. La crueldad no era el fin. Era el medio. Y funcionaba.

Hubo un caso que mostró hasta dónde llegaba la frialdad de Arismendi. Un episodio tan impactante que ayudó a convertirlo en uno de los hombres más buscados de México. En agosto de 1998, apenas días antes de su captura, Arismendi secuestró a un empresario gasero llamado Raúl Nieto del Río en la carretera Celaya, Querétaro. Durante el intento de subirlo al vehículo, un cómplice le disparó accidentalmente y lo mató. Pero eso no detuvo a Daniel. Bañó, maquilló y fotografió el cadáver para fingir que la víctima seguía con vida. Exigió un rescate millonario a la familia. Como supuesta prueba de vida, envió las orejas cortadas del cuerpo. Ese nivel de frialdad, de cinismo y de disposición para manipular el dolor ajeno sin ningún tipo de límite moral era la marca personal de Arismendi. No había una línea que no cruzara si significaba más dinero. Según los registros de la Procuraduría General de la República de la época, Arismendi confesó al momento de su captura haber cometido al menos veintiún secuestros y cuatro asesinatos. Las autoridades lo vinculaban con alrededor de doscientos plagios durante el periodo de operación de su banda. Los rescates cobrados por los casos documentados ascendieron a diez millones de dólares y ocho millones de pesos. Esas cifras son solo las que se pudieron probar con evidencia. Lo que realmente acumuló en esos años de operación nunca se supo con exactitud.

El 17 de agosto de 1998, un grupo especial antisecuestros, conformado por agentes federales y personal del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, tendió una trampa a Arismendi en las inmediaciones del Toreo de Cuatro Caminos en Naucalpan, Estado de México. Daniel había llamado a dos conocidos para que le consiguieran una credencial de elector falsa, porque ya sabía que el cerco se cerraba y planeaba huir del país. Llegó a la cita con gorra, anteojos oscuros, gabardina gris, pantalón de mezclilla y barba crecida. El hombre más buscado de México no puso resistencia. Se entregó. No disparó. No corrió. Simplemente se dejó detener, como si la adrenalina de veintisiete años de vida finalmente se hubiera agotado en ese momento. Lo que encontraron en su domicilio ese mismo día lo dijo todo sobre quién era y cómo vivía. Treinta millones de pesos en efectivo. Quinientos mil dólares. Seiscientos centenarios de oro. Una cantidad de bienes, inmuebles y vehículos cuyo inventario llevaría años procesar. Ese era el nivel de riqueza que Daniel Arismendi había acumulado sobre el sufrimiento de decenas de familias. Esa misma noche, todo dejó de ser suyo.

El día después de su captura, el 19 de agosto de 1998, Daniel Arismendi concedió una entrevista al periódico Reforma. Abrió la conversación con tres palabras que quedarían grabadas en la memoria de México: “Ni modo, fue un mal día”. Sin angustia visible. Sin señales de arrepentimiento. Sin el menor rastro de vergüenza. Cuando le preguntaron si volvería a secuestrar, respondió que sí, directamente, sin dudarlo. Como si la pregunta fuera obvia. Agregó que la angustia de su vida en ese momento no era la captura, sino algo completamente distinto. Reveló así que su escala de prioridades no coincidía con ningún parámetro de normalidad reconocible. En una conversación posterior con el periodista Julio Scherer dentro del penal, Arismendi explicó con detalle y con una sonrisa que no secuestraba por dinero. Lo hacía por la adrenalina. Por el ego de superar a sus víctimas. Por la sensación de control que le generaba tener familias enteras dependiendo de sus decisiones. Lo comparó con un juego. Un juego en el que él siempre ganaba, hasta que no ganó. En esa misma conversación, ofreció su visión sobre cómo erradicar la delincuencia en México: acabar con la pobreza, la marginación y educar a la niñez. Las palabras de alguien que analizaba el crimen desde afuera mientras era el protagonista desde adentro. Esa capacidad de desdoblamiento revela a alguien que nunca procesó el daño que causó como algo propio.

El 22 de agosto de 2003, cinco años después de su captura, se dictó sentencia formal en su contra. Los delitos: privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas de fuego y homicidio calificado. Por acumulación de condenas en múltiples causas penales, la suma total llegó a 393 años de prisión. Más tarde, esa cifra escalaría en distintos procesos hasta alcanzar registros de 480 años en algunas fuentes. Pero la ley mexicana vigente al momento de la sentencia establecía un tope máximo efectivo de 50 años de prisión. Eso significaba que, sin importar cuántos casos se acumularan, el máximo que podía cumplir de manera efectiva bajo esa legislación era medio siglo. Sin embargo, con las reformas legales posteriores y las múltiples condenas que siguieron llegando, hoy Arismendi tiene condenas vigentes que suman 145 años. Y procesos en apelación que podrían agregar cientos más.

Para entender dónde vive hoy Daniel Arismendi, hay que conocer el lugar. Fue recluido inicialmente en el Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Un penal diseñado como una fortaleza de máxima seguridad: muros de hasta un metro de espesor, espacio aéreo restringido, señal de celular bloqueada en un radio de varios kilómetros, sistemas de cámaras y sensores de movimiento operativos las 24 horas. La infraestructura abarca 260 mil metros cuadrados distribuidos en siete módulos. Actualmente se encuentra en el Cefereso número 14 de Gómez Palacio, Durango, un penal federal de máxima seguridad inaugurado en 2014, diseñado específicamente para albergar a condenados por secuestro y delitos de alta peligrosidad. Las celdas tienen la misma estructura en ambos penales. Dimensiones mínimas. Una cama, un lavabo, un excusado, un pequeño escritorio y una repisa. Todo fabricado en acero inoxidable. Fijo al piso y a la pared. No hay posibilidad de mover nada. No hay posibilidad de personalizar nada. No hay ventanas que den al exterior. Eso es lo que Arismendi ve cada mañana al despertar. Acero. Paredes. El mismo espacio que el día anterior. Eso es todo.

Según un escrito formal de queja presentado por familiares de internos del Altiplano al órgano administrativo desconcentrado de prevención y readaptación social, los presos de ese penal permanecen encerrados en sus celdas hasta 22 horas al día. No tienen acceso a relojes porque la autoridad penitenciaria respondió a la queja que los relojes no están autorizados en ese centro, ya que podrían afectar el orden y la seguridad. Eso significa que Arismendi, como el resto de los internos de máxima seguridad, pierde la noción del tiempo dentro de esa celda. No sabe exactamente qué hora es. Solo sabe cuándo lo llaman, cuándo lo sacan, cuándo le traen la comida. El tiempo que afuera era su herramienta de control, dentro lo controla a él. La ropa es otro punto que los familiares denunciaron formalmente. Describieron que los presos duran un año con la misma prenda, la cual ya se encuentra en estado deplorable, y que solo se les cambia hasta que se encuentra totalmente rota. Pidieron que se les permitiera llevar ropa adecuada desde afuera. La respuesta fue que el centro garantiza las condiciones básicas de los internos. Para Daniel Arismendi, el hombre que en libertad llegó a tener decenas de vehículos y propiedades, hoy la ropa que usa es la que el penal decide que use, cuando el penal decide que es momento de cambiarla.

La rutina de Arismendi dentro del penal está documentada en reportajes periodísticos. Puede tener dos libros que su familia le cambia cada seis meses. Puede pedir un libro adicional de la biblioteca del penal cada semana. Cada tercer día toma clases de dibujo. Tiene asignado un maestro que le proporciona actividades académicas y con quien juega ajedrez o dominó. Los fines de semana puede salir a un patio de aproximadamente veinte metros cuadrados a ejercitarse o a patear un balón. Ese es el mundo completo de Daniel Arismendi. Un patio de veinte metros cuadrados dos días a la semana. Libros que cambian dos veces al año. Partidas de ajedrez con un maestro asignado. Nada más. Las comunicaciones con el exterior son extremadamente limitadas. Según abogados penitenciarios consultados por medios, los internos del Altiplano tienen acceso a solo diez minutos de llamada telefónica por semana. Esos diez minutos están supervisados, grabados y monitoreados en tiempo real. No es una llamada privada. Es una conversación bajo vigilancia total. Las visitas familiares son un proceso burocrático extenso con múltiples filtros y revisiones que los propios familiares han calificado como intimidantes. Para el resto del tiempo, los internos están solos en sus celdas o en los espacios controlados del penal, sin contacto directo entre ellos, sin posibilidad de reuniones no supervisadas.

Según testimonios de exinternos que hablaron en condición de anonimato —porque dijeron no querer saber nada del infierno de Almoloya— al ingresar al penal los someten durante quince días a una evaluación psicológica, médica y de conducta. En ese proceso, el comité técnico los clasifica. Y es en ese proceso donde, según esos testimonios, a los internos que no tienen visita íntima se les administran fármacos que reducen la testosterona y el libido, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, bajo el razonamiento médico de que es un procedimiento reversible. Las autoridades niegan oficialmente que esto ocurra. Los exinternos dicen que sí ocurre. Arismendi lleva más de veintisiete años en ese sistema. Lo que eso implica en alguien que hoy tiene sesenta y siete años es algo que él y solo él sabe.

El 24 de diciembre de 2025, una jueza federal absolvió a Daniel Arismendi López del delito de privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro dentro de una causa penal específica, al determinar que las pruebas presentadas por la entonces Procuraduría General de la República eran insuficientes para acreditar su responsabilidad directa en ese caso concreto. En esa misma resolución, la jueza declaró compurgada la condena de ocho años por delincuencia organizada, considerando que Arismendi lleva preso desde el 7 de enero de 1998, más de veintisiete años consecutivos. La resolución ordenó su absoluta e inmediata libertad en esa causa. Los titulares explotaron. “Absuelven al Mocha Orejas”, “Ordenan liberar al Mocha Orejas”. La realidad era completamente distinta. Daniel Arismendi no salió del penal. No dio un solo paso fuera de esa celda. Porque la absolución en una causa penal específica entre decenas de causas penales activas no significa libertad. Significa que ese cargo en particular ya no existe. Pero los demás sí. Enormes. Según el periódico La Jornada, Arismendi tiene condenas vigentes por las que debe compurgar 145 años de prisión. Además, hay sentencias en proceso de apelación que en conjunto sumarían otros 300 años más. Una absolución en un caso entre decenas es como quitarle una gota al océano. No cambia nada en su vida cotidiana. No cambia la celda. No cambia la comida. No cambia los diez minutos de teléfono a la semana.

Pero ocurrió algo más ese mismo diciembre que pasó casi desapercibido. En el mismo periodo, un tribunal federal amparó a Dulce Paz Venegas Martínez, pareja sentimental de Arismendi, quien había sido detenida junto con él el 17 de agosto de 1998 cuando ambos salían de su domicilio en el Estado de México. La sentencia dejó sin efecto el auto de formal prisión que se le había dictado hacía veintiséis años, por considerar que debió ser procesada en el fuero común y no en el federal. Dos personas capturadas el mismo día en el mismo lugar, acusadas en el mismo contexto. Veintisiete años después, ella obtiene una resolución que cambia su situación legal de manera significativa. Él obtiene una absolución en un cargo menor que no mueve nada en el panorama general de sus condenas. Esa diferencia entre los dos casos es el retrato más claro de cuántos crímenes acumuló Arismendi por encima de cualquier cómplice o persona de su entorno.

La Secretaría de Hacienda informó formalmente a un juzgado federal en 2013 que todos los bienes inmuebles y muebles que le fueron incautados a Daniel Arismendi en el momento de su captura, entre ellos una decena de propiedades y más de veinte vehículos, habían pasado a ser propiedad del Estado mexicano. Eso significó que Arismendi no podría reparar económicamente el daño causado a sus víctimas, aunque quisiera hacerlo, porque ya no tiene nada a su nombre. El dinero en efectivo, los centenarios, los dólares, los inmuebles, todo lo que acumuló sobre rescates, mutilaciones y asesinatos se lo quedó el Estado. Sus víctimas no recibieron reparación económica. El sistema judicial procesó a Arismendi, lo condenó, le confiscó todo. Pero las familias que recibieron orejas en sobres, que pagaron millones esperando un regreso que a veces no llegó, quedaron con el daño y sin compensación material.

Daniel Arismendi tiene 67 años. Entró al sistema penitenciario federal en 1998 con 40. Ha pasado dentro de un penal más años de su vida adulta que fuera. El deterioro físico que implican 27 años consecutivos en una celda de máxima seguridad, con acceso al aire libre solo en ventanas de tiempo muy cortas, con una alimentación calificada como insuficiente por los propios internos, con atención médica cuestionada en denuncias formales, es un hecho biológico inevitable. No hay información pública oficial sobre el estado específico de salud de Arismendi hoy en 2026. Las autoridades del sistema penitenciario no divulgan esos datos. Pero la matemática del cuerpo humano bajo esas condiciones no necesita comunicado oficial. 27 años en ese entorno dejan marcas que no se borran. El penal donde está, el Cefereso 14 de Durango, recibió en 2024 una calificación de 7.26 sobre 10 por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En una escala donde 10 es la perfección, 7.26 significa que hay fallas reconocidas, áreas de incumplimiento, derechos que no se garantizan al nivel que la ley exige. En septiembre de 2024, un preso murió en ese mismo penal después de una riña. Las cartas que internos enviaron a los medios describen alimentación insuficiente, medicamentos que se venden a sobreprecio dentro del penal —lo que significa que quien no tiene dinero no accede a ellos— y actos que los propios internos calificaron de tortura. “Aquí ha habido muchas personas muertas por no haber atención médica. Hay muchas demandas por tortura”, escribió uno de los internos en una de esas cartas.

Cuando Daniel Arismendi fue detenido, tenía 40 años. La mayor parte de su vida adulta todavía estaba por delante. Hoy tiene 67. Entre esas dos cifras caben casi tres décadas de aniversarios, cambios familiares, noticias, gobiernos y momentos que ocurrieron sin él. Mientras el mundo seguía avanzando, él seguía despertando en una prisión federal. Generaciones enteras crecieron durante su estancia en prisión. Niños que no habían nacido cuando fue detenido hoy son adultos con trabajos, familias y responsabilidades. Para millones de personas, el nombre de Arismendi pertenece a una historia que ocurrió antes de que ellos siquiera llegaran al mundo. Mientras tanto, su rutina cambió muy poco. Los mismos muros. Los mismos controles. Las mismas restricciones. Los mismos procedimientos repetidos durante años, día tras día, mes tras mes, década tras década. El paso del tiempo dentro de una prisión de máxima seguridad tampoco se percibe igual que afuera. En el exterior, los años suelen medirse por acontecimientos, proyectos, viajes, cambios de trabajo o momentos familiares. Dentro de una celda, muchos de esos puntos de referencia desaparecen.

El módulo de tratamientos especiales del Altiplano, donde han estado recluidos los internos de mayor peligrosidad, fue descrito en un reportaje del semanario Proceso como un espacio sin programa de tratamiento penitenciario real. Solo libros, servicio terapéutico y permiso para pasar entre quince y veinte minutos diarios en el patio, sin compañía y sin posibilidad de convivir con otros presos. Las celdas de ese módulo no tienen ventanas ni visibilidad hacia el resto del penal. Una pared divide esa zona del área común. Cuando hay autorización, el preso puede salir de su celda al área de visita, a los locutorios o al patio. Cuando no hay autorización, no sale. Eso es lo que significa máxima seguridad en México para alguien como Arismendi. El estado de su libertad depende de una autorización que puede concederse o no sin mayor explicación. Las cámaras de videovigilancia del penal cubren cada centímetro como si fuera el foro de un reality show. Hay cámaras en los pasillos, en los patios, en las áreas comunes, en los espacios de visita. Todo lo que Arismendi hace desde que se levanta hasta que se duerme está registrado en video. Es una forma de vigilancia total que no tiene paralelo en ningún otro ámbito de la vida humana. No hay espacio de privacidad real. No hay momento en que nadie lo esté observando. Eso durante 27 años es una forma de existencia que la mayoría de las personas no puede imaginar.

Si Daniel Arismendi saliera del penal hoy, no tendría propiedades. No tendría dinero. La Secretaría de Hacienda confiscó todo en 1998 y lo transfirió al Estado en 2013. No tendría la red de cómplices que construyó durante años, porque esa red se desarticuló con su captura y la de su hermano Aurelio. Tendría el cuerpo de alguien que pasó más de dos décadas en condiciones de confinamiento extremo, con una alimentación cuestionada, con actividad física limitada a un patio de veinte metros cuadrados dos días a la semana. Y tendría 67 años de edad, con todos los procesos médicos que eso implica en cualquier persona, amplificados por las condiciones de ese encierro. Eso es lo que queda de toda la fortuna, del poder, del terror que generó. Absolutamente nada que no sea la celda donde está. La ley mexicana establece que el tiempo máximo efectivo de prisión bajo el Código Penal Federal era de 50 años al momento de la sentencia de Arismendi en 2003. Si se calcula desde su captura en agosto de 1998, ese tope máximo se alcanzaría en 2048. Para ese año, Daniel Arismendi López tendría 90 años. Pero ese cálculo no considera los procesos abiertos, las sentencias en apelación, ni los cargos que podrían derivarse de procesos que aún no se han resuelto. Lo que sí es matemáticamente claro es que Arismendi no tiene ninguna posibilidad real de salir de ese penal en condiciones que le permitan rehacer su vida. Sea que salga a los 80, a los 90 o que muera adentro. Lo que espera al otro lado no existe para él en ningún sentido práctico.

En enero de 2026, la plataforma Vix estrenó una serie de ficción de ocho episodios titulada “El Mocha Orejas”, protagonizada por el actor Damián Alcázar y basada en una investigación de la periodista Olga Wornat. La serie generó conversación pública, audiencia y debate sobre la historia de Arismendi. Mientras tanto, el propio Arismendi estaba en su celda del Cefereso de Durango, sin acceso a streaming, sin posibilidad de ver esa producción, sin acceso a internet de ningún tipo. El mundo contaba su historia en ocho episodios con música de fondo y producción televisiva. Él pasaba ese enero con sus dos libros de turno, sus clases de dibujo cada tercer día, su patio de veinte metros los fines de semana. La distancia entre la historia que se narra para entretener y la vida real que vive el protagonista no podría ser mayor. La historia de Daniel Arismendi López no es solo la historia de un criminal capturado. Es el retrato de lo que pasa cuando el crimen llega a su final. No hay gloria en ese final. No hay dignidad en ese encierro. No hay ninguna parte de esa historia que valga la pena imitar o admirar. Hay un hombre de 67 años en una celda de acero en Durango comiendo lo que el penal decide, usando la ropa que el penal le da, con diez minutos de teléfono a la semana, sin relojes, sin ventanas al exterior, sin propiedades, sin dinero, sin red de contactos, sin poder real de ningún tipo. Ese es el resultado de creer que la violencia y el dinero mal habido son sinónimos de poder. No lo son. Son el camino más rápido hacia exactamente eso: una celda de acero y décadas de nada.