LOS 800 CABALLOS ESPAÑOLES QUE ROBERTO SANDOVAL CAMBIÓ POR UNA CELDA DE DOS CAMAS
LOS 800 CABALLOS ESPAÑOLES QUE ROBERTO SANDOVAL CAMBIÓ POR UNA CELDA DE DOS CAMAS
Un hombre despierta. No hay relinchos. No hay caballerizas de lujo. No hay entrenadores traídos desde España. Hay una celda. Dos camas. Un baño. Afuera, una barda de 15 metros de altura y malla electrificada. Adentro, cámaras que nunca parpadean. El hombre que alguna vez decidió quién mandaba en Nayarit ahora no decide ni a qué hora come. Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador del estado, dueño de 800 caballos de raza española pura, pasó de inaugurar obras con artistas famosos a ser un número más dentro del Cefereso Número 4, “El Rincón”. No fue un descuido. Fue el final de una década de lujo inexplicable, propiedades millonarias y una red de prestanombres que la justicia mexicana y estadounidense tardó años en desmontar. Hoy, mientras sus abogados pelean en los tribunales, él mira el techo de su celda y escucha el eco de lo que perdió.
Roberto Sandoval Castañeda nació el 15 de noviembre de 1969 en Tepic, la capital de Nayarit. No llegó al mundo rodeado de escoltas ni con una fortuna heredada. Su carrera política comenzó desde abajo, dentro del PRI, como diputado local. Luego fue presidente municipal de Tepic. Y después, en 2011, alcanzó la cima: gobernador de Nayarit. Cada elección la ganó bajo las siglas del partido tricolor, construyendo una imagen de político de carrera, de hombre que conocía los códigos del noroeste del país. Pero lo que nadie decía en voz alta era que detrás de esa trayectoria impecable sobre el papel había algo que no encajaba. Un enriquecimiento que no tenía explicación lógica para alguien que había vivido de un sueldo público toda su vida.
Cuando apenas buscaba la alcaldía de Tepic, Roberto Sandoval tenía dos caballos criollos. Dos. Animales modestos, de trabajo, de esos que cualquier ranchero de la región podía tener. Cuando terminó su sexenio como gobernador, tenía 800 caballos de raza española pura. Ocho cientos. Criados en un rancho privado llamado “La Cantera”, con 68 caballerizas de lujo, una pista techada y entrenadores traídos específicamente desde España. Ese salto no se explica con el ahorro de un político honesto. No se explica con inversiones personales. No se explica con nada que un sueldo de gobernador, por más generoso que sea, pueda generar en seis años.
La Fiscalía General de la República, junto con autoridades estadounidenses, documentaron que esa riqueza tenía un origen muy diferente al trabajo. Propiedades, ranchos, ganado fino y una red de prestanombres que incluía a su propia familia. Las investigaciones en México y en Estados Unidos concluyeron que Sandoval Castañeda acumuló propiedades valuadas en más de 222 millones de pesos durante sus años en el gobierno. Ranchos, residencias, inmuebles registrados a nombre de terceros. Gente que nunca pisó esos lugares pero que aparecía en las escrituras como dueña.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo designó en mayo de 2019 como un “narcotraficante significativo”. No es una etiqueta menor. Es una sanción formal del gobierno más poderoso del mundo que implica el congelamiento de todas sus cuentas en ese país. En 2020, él, su esposa Ana Lilia López Torres y sus hijos fueron vetados de ingresar a territorio estadounidense. La puerta del norte se cerró para la familia Sandoval. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe: el nombre de Roberto Sandoval apareció en uno de los juicios más importantes de la historia reciente de México. Lo que se reveló en ese juicio fue que, según el propio exfiscal de Nayarit, el entonces gobernador Sandoval habría recibido una instrucción en 2011 para apoyar a una facción del crimen organizado en la guerra que se libraba en la región. A cambio de protección, según las investigaciones, Sandoval recibía pagos directos que después convertía en propiedades, ganado y negocios registrados a nombre de familiares.
La Organización Internacional de Derechos Humanos (FIDH) documentó en un informe de 2021 que durante el gobierno de Sandoval en Nayarit se cometieron crímenes que calificaron como de lesa humanidad, incluyendo 47 casos de desaparición forzada documentados entre junio y septiembre de 2017. Los últimos meses de su administración. Mientras todo eso ocurría, Roberto Sandoval seguía apareciendo en eventos públicos, reuniéndose con artistas, organizando fiestas en sus ranchos con bandas musicales que duraban hasta la madrugada. Se presentaba como el gobernador que modernizaba Nayarit. Su rancho “El Sueño”, en la comunidad de Aután, llegó a ser un lugar donde llegaban visitas de alto perfil: políticos, empresarios, figuras del espectáculo. El ganado de alto registro convivía con caballos finos y borregos de raza. Los vecinos de la zona recuerdan que ese predio se llenó de animales caros prácticamente de la noche a la mañana, sin que nadie pudiera explicar cómo lo había pagado un funcionario público.
En 2017, cuando dejó el cargo, la situación empezó a derrumbarse. Su exfiscal, Edgar Veytia, fue detenido en Estados Unidos por narcotráfico y condenado inicialmente a 20 años de prisión. Veytia comenzó a hablar. Y lo que dijo señaló directamente a Sandoval. Las investigaciones en México se intensificaron y en marzo de 2021 un juez libró orden de aprehensión contra el exgobernador y su hija. Durante 8 meses, Roberto Sandoval estuvo prófugo. Buscado en varios estados del país. Interpol emitió alerta roja en su contra. El gobierno de Nayarit aseguró sus propiedades y emitió una ficha de búsqueda.
El 6 de junio de 2021, agentes de la Fiscalía General de la República, junto con elementos del Ejército, la Guardia Nacional y la Inteligencia de Nuevo León, lo capturaron en el municipio de Linares, Nuevo León. No estaba solo. Su hija lo acompañaba. Esa imagen, la del exgobernador detenido junto a su hija en un municipio del noreste del país, lejos de Nayarit, fue la primera señal pública de que la caída era real. Lo trasladaron de inmediato al Cefereso Número 4, “El Rincón”, en Tepic. El mismo estado que él había gobernado. Y ahí sigue, cuatro años después.
El Cefereso Número 4 está ubicado a casi 13 kilómetros del centro de Tepic, rodeado de zonas de cultivo. La barda perimetral mide 15 metros de altura y está coronada con malla electrificada. El acceso al camino principal tiene 2.7 kilómetros de longitud con puntos de revisión en cada tramo. No se llega por casualidad. No se sale sin permiso. El penal tiene capacidad para 3,500 internos y opera con circuito cerrado de televisión las 24 horas, detectores de metales y drogas en cada entrada, y un sistema de registro biométrico que incluye fotografía, huellas, voz y ADN de cada recluso. No se puede ingresar nada del exterior: ni alimentos, ni ropa, ni cobijas, ni periódicos.
Las celdas tienen dos camas y un baño. No hay comunicación directa entre celdas laterales. Los internos son vigilados permanentemente por cámaras y por custodios. La rutina es estrictamente controlada: horarios fijos para comer, para actividades, para el tiempo en patio. El penal tiene módulos circulares divididos en sectores con capacidad para 64 personas cada uno. Los módulos están separados según el perfil del interno: hombres y mujeres en módulos distintos, y un módulo de alta peligrosidad para líderes de cárteles y personas con perfiles de riesgo extremo.
¿En qué módulo está Roberto Sandoval? ¿Con quién convive? El penal no lo informa públicamente, pero lo que sí se sabe es que llegó con una historia que todos en Nayarit conocían: el exgobernador que había tenido de todo. Pero llegar a ese penal significa que desde el primer día se terminaron los privilegios. Los caballos finos, la silla de montar con incrustaciones de oro y diamantes que le aseguraron en uno de sus ranchos, las fiestas privadas con artistas. Ahora, las únicas decisiones que puede tomar son cuándo sentarse y cuándo pararse dentro de un espacio que no supera los metros cuadrados de una habitación pequeña. La diferencia entre lo que era y lo que es hoy es una de las caídas más brutales documentadas en la historia política reciente de México.
En mayo de 2026, un grupo de 84 internos del módulo 13 del Cefereso Número 4 entregaron un pliego petitorio de 27 páginas al director del penal. En ese documento, firmado con nombres y apellidos, los reclusos exigieron atención a las condiciones básicas de internamiento: salud, alimentación, actividades, trabajo, visitas, revisiones y trato institucional. No pedían privilegios, decían ellos. Pedían condiciones dignas. Ese documento, hecho público apenas semanas antes de que se grabe este análisis, revela que las condiciones dentro del penal donde está Roberto Sandoval siguen siendo un problema sin resolver.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado a lo largo de los años casos de muertes de internos en el Cefereso Número 4 por falta de atención médica, negligencia en seguridad y suicidios. Organizaciones de derechos humanos han señalado que el penal no cumple con los estándares internacionales en términos de condiciones de reclusión. En ese mismo centro está Roberto Sandoval. No en un módulo VIP. No en un cuarto privado con televisión. Sino sujeto a las mismas reglas, los mismos horarios y las mismas carencias que el resto de los internos. El hombre que tenía caballos traídos de España ahora come lo que el sistema penitenciario federal sirve tres veces al día.
El Cefereso Número 4 también ha sido señalado en informes por denuncias de brutalidad de algunos custodios. Un informe reveló que elementos del personal penitenciario han sido señalados por actos de violencia contra los internos y que grupos criminales internos presionan hasta a algunos guardias para facilitar actividades ilícitas dentro del penal. Ese es el ambiente en el que vive Roberto Sandoval cada día: un penal donde la tensión entre la autoridad y los grupos internos no desapareció por ser federal. Eso es lo que enfrenta el hombre que antes tomaba decisiones que afectaban a miles de personas desde una oficina de gobernador.
Enero de 2026. Roberto Sandoval hizo una publicación en Facebook desde el penal. No era sobre sus procesos legales. Esta vez era para despedirse de su hermana Georgina Sandoval Castañeda, quien falleció sin que él pudiera estar a su lado. Escribió: “Solo Dios sabe el dolor tan grande que siento al no poder despedirte al lado de mi familia”. Esa frase resume de una manera muy clara lo que significa estar preso en un Cefereso: no poder estar cuando los tuyos más te necesitan, no poder despedirlos, no poder abrazar a nadie.
Su hermana Georgina había estado presente en cada audiencia del juicio oral que se desarrolló entre agosto y septiembre de 2025, sin faltar un solo día. Y cuando murió, él no pudo despedirla. Su esposa Ana Lilia López Torres y sus hijos también enfrentaron consecuencias legales derivadas del caso. Estados Unidos incluyó a su familia inmediata en las sanciones, lo que significó que todos quedaron vetados de ingresar a ese país. Además, la FGR señaló que su hija fue procesada por el mismo delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La red familiar, que durante años fue el soporte de su estructura política y económica, se desmoronó al mismo tiempo que él caía.
Hoy las visitas en el Cefereso Número 4 son controladas, restringidas, sujetas a un proceso de verificación de documentos que incluye acta de nacimiento, acta de matrimonio (si aplica), comprobante de domicilio y fotografías. No se puede llegar y entrar sin más. Lo que también llama la atención es que Roberto Sandoval, a pesar de todos estos años en prisión, ha mantenido activa su presencia en redes sociales. Ese perfil de Facebook con más de 162,000 seguidores sigue funcionando. Desde ahí se publicó el mensaje por la muerte de su hermana. Y durante los meses del juicio oral en 2025 también salieron varios mensajes relacionados con su proceso. No se sabe con certeza quién publica desde afuera, pero la cuenta sigue activa, lo que indica que hay personas de confianza que mantienen ese canal de comunicación con el exterior. Es la única ventana pública de un hombre que ya no puede moverse libremente.
En septiembre de 2025, un juez estatal dictó sentencia condenatoria contra Roberto Sandoval Castañeda: 7 años de prisión por falsificación de documentos. El caso específico tenía que ver con un terreno de 58 hectáreas en el ejido Aután, municipio de San Blas. Sandoval había falsificado la firma del propietario original para registrar ese terreno a su nombre en 2012, ya siendo gobernador, y se inscribió como ejidatario en el Registro Agrario Nacional para hacerse también de tres predios adicionales. El juez lo encontró culpable y fijó la pena.
Esa sentencia de 7 años, contando el tiempo que ya lleva preso desde junio de 2021, significaría que técnicamente podría cumplir la pena antes de lo esperado. Sus abogados reaccionaron de inmediato. Publicaron un comunicado donde anunciaban que apelarían la sentencia y adelantaban que, según la ley, Roberto Sandoval podría solicitar su libertad porque el delito por el que fue condenado no es considerado grave según la legislación vigente y ya acumulaba 5 años de prisión preventiva. Eso fue lo que dijeron en septiembre de 2025.
Sin embargo, la realidad legal es mucho más complicada. El problema es que esa condena de 7 años por falsificación de documentos no es el único proceso que enfrenta. Es apenas uno de varios. Al mismo tiempo que se dictaba esa sentencia, la Fiscalía General de la República lo vinculó a proceso por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos. Eso es lavado de dinero. Y la medida cautelar impuesta fue prisión preventiva justificada. Lo que significa que aunque ganara la apelación de la sentencia por falsificación, seguiría preso por este otro proceso.
A eso se suma que en enero de 2025 la Fiscalía de Nayarit pidió que, en el caso del desvío de recursos del fondo FIRES por más de 82 millones de pesos, se le impusieran 48 años de prisión. El juez en ese momento mantuvo 12 años de condena en el análisis preliminar, pero el tribunal de enjuiciamiento todavía tiene que decidir la sentencia definitiva en ese caso. Los tres grandes frentes legales que enfrenta Roberto Sandoval en este 2026 son: primero, la condena de 7 años por falsificación de documentos (apelada pero sin resolución definitiva todavía). Segundo, el proceso por lavado de dinero con prisión preventiva justificada activa, que lo mantiene preso independientemente de lo demás. Y tercero, el juicio pendiente por el caso FIRES, donde la fiscalía pide hasta 48 años.
Si los peores escenarios se suman, estamos hablando de una persona que podría pasar el resto de su vida útil dentro del Cefereso Número 4. Sus abogados han interpuesto amparos y recursos legales desde 2021 sin lograr ningún resultado favorable para sacarlo. Han apostado todo a la sentencia de los 7 años como punto de partida para argumentar que ya cumplió tiempo suficiente. Sin embargo, esa estrategia tiene un problema fundamental: los jueces federales que controlan la prisión preventiva justificada por lavado de dinero no están sujetos a lo que resuelvan los tribunales estatales. Dos instancias distintas, dos lógicas distintas. Sus abogados lo saben y por eso también han presentado amparos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para intentar cuestionar la legalidad de la prisión preventiva. Hasta ahora, sin éxito.
La pregunta que nadie ha respondido con claridad es: si todos sus bienes fueron asegurados, ¿de dónde viene el dinero para pagar a ese equipo de abogados? Sus bienes documentados fueron asegurados por el Estado. Sus cuentas en Estados Unidos están congeladas. La red de empresas que tenía fue intervenida. Sin embargo, desde 2021 y hasta la fecha ha contado con un equipo de abogados particulares activo y capaz de presentar amparos ante la Suprema Corte. Eso tiene un costo muy significativo en México. La FGR ha señalado en sus investigaciones que Sandoval construyó su fortuna a través de testaferros: personas que tenían bienes a su nombre sin serlo realmente. Si esa estructura de terceros no fue desmantelada por completo, podría explicar cómo sigue financiando su defensa legal desde adentro de un penal.
Esta posibilidad no es especulación. Es parte del patrón que las propias investigaciones han descrito. La red de prestanombres que usó para acumular propiedades sigue la misma lógica que se aplicaría para proteger dinero que no quedó documentado durante los allanamientos. La FGR lo acusa de operar con 156 millones de pesos en lavado de dinero solo en ese proceso. Y esa cantidad solo representa lo que los investigadores pudieron acreditar. Si hay más que no se pudo demostrar, ese dinero sigue en algún lugar. Eso es lo que los investigadores continúan buscando mientras él está preso. Lo que es un hecho verificado es que Roberto Sandoval no está abandonado judicialmente. Sus abogados siguen activos, siguen presentando recursos, siguen hablando con medios cuando les conviene y siguen asegurando que él podría salir en algún momento.
Dentro del Cefereso Número 4, la rutina de los internos está completamente regulada. Los horarios de comida, de patio, de actividades y de descanso los decide la autoridad penitenciaria, no el preso. Para alguien que durante 6 años tomó decisiones que afectaban a más de un millón de personas como gobernador, esa pérdida de control sobre los aspectos más básicos del día es una de las condiciones más duras de enfrentar. El penal cuenta con biblioteca, computación y actividades artísticas para quienes participan en los programas de reinserción. No hay información pública sobre si Roberto Sandoval participa en alguno de ellos.
Lo que sí es público es que sus audiencias judiciales se han realizado por videoconferencia desde el interior del penal. Eso significa que el mundo exterior lo ve en una pantalla con el fondo del Cefereso, vestido con la ropa del penal, sin la imagen del político con traje que alguna vez proyectó. El contraste es brutal. Las personas que lo recuerdan inaugurando obras o presidiendo eventos en Nayarit ahora lo ven en una pantalla desde una sala del penal respondiendo preguntas de jueces sobre desvíos millonarios de dinero público. Esa es la imagen más reciente de Roberto Sandoval Castañeda.
Los internos que están bajo prisión preventiva justificada, como es su caso en los procesos federales, tienen condiciones de reclusión más estrictas que otros presos. Eso es lo que vive él hoy, 4 años y 11 meses después de haber llegado al penal. En mayo de 2026, cuando se documentó esta historia, Roberto Sandoval lleva exactamente 4 años y 11 meses privado de su libertad. En ese tiempo no ha logrado ni un solo amparo exitoso para salir. Sus propiedades han sido aseguradas o están en proceso de recuperación por parte del Estado. Los ranchos La Primavera y El Ensueño en Nayarit, que eran suyos, ya están siendo reutilizados para beneficio social. Las propiedades valuadas en 222 millones de pesos que se documentaron en su nombre están bajo resguardo del Estado. La silla de montar con incrustaciones de oro y diamantes forma parte del inventario de bienes decomisados. Nada de eso va a volver a él.
Cuando alguien entra a un penal de máxima seguridad en México con la carga legal que trae Roberto Sandoval, la salud es una de las primeras cosas que se ven afectadas. No porque el penal necesariamente lo descuide de forma intencional, sino porque el sistema penitenciario federal mexicano tiene documentadas deficiencias en atención médica que la propia CNDH ha registrado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha reportado casos de muertes de internos en el Cefereso Número 4 por falta de atención oportuna. Esa es la realidad del lugar donde Roberto Sandoval lleva casi 5 años. No hay un médico personal. No hay atención preferencial por haber sido gobernador.
Roberto Sandoval tiene hoy 56 años. Entró al penal con 51. En esos casi 5 años ha pasado por audiencias transmitidas por videoconferencia, lo que confirma que sus comparecencias ante los jueces no son presenciales en la mayoría de los casos, sino desde dentro del propio Cefereso. Eso lo ha mantenido aislado del proceso judicial de una manera que sus abogados han intentado aprovechar legalmente, pero sin éxito. Lo que no se sabe con precisión, porque el penal no lo informa públicamente, es cuál es el estado de salud actual de Roberto Sandoval. No ha salido ninguna declaración oficial sobre enfermedades ni sobre atención médica especial que haya requerido.
Lo que sí es un hecho documentado es que las condiciones emocionales dentro del Cefereso Número 4 son extremadamente difíciles. Sandoval ha vivido dentro del penal la muerte de su hermana sin poder despedirla, la caída legal de su hija, el aseguramiento de todo lo que construyó y la pérdida total de su vida pública. Ese peso emocional combinado con años de reclusión en un penal de máxima seguridad tiene un impacto físico real en cualquier persona. La CNDH ha documentado suicidios vinculados a las condiciones de reclusión en ese mismo penal, lo que da una idea del nivel de presión que viven quienes están adentro. Roberto Sandoval está recibiendo atención psicológica dentro del penal. El Cefereso Número 4 ofrece programas de atención psicológica dentro de sus instalaciones como parte del sistema de reinserción social. Sin embargo, los mismos internos que firmaron el pliego petitorio de mayo de 2026 señalaron que las actividades disponibles dentro del penal presentan problemas de acceso. No es que no existan los programas en papel. El problema es si realmente están disponibles y funcionando para todos los internos de manera efectiva.
Desde dentro del Cefereso Número 4, Roberto Sandoval ha hecho algo que ningún exgobernador preso suele hacer con tanta constancia: mantener una presencia pública a través de las redes sociales. Su perfil de Facebook con más de 162,000 seguidores sigue activo. No es él quien publica directamente porque los internos del Cefereso no tienen acceso a teléfonos ni redes sociales dentro del penal. Alguien de su círculo de confianza fuera del penal publica los mensajes que él dicta o comunica por los canales que el sistema penitenciario permite. Esa estrategia de mantener visible su nombre ha sido constante durante los casi 5 años que lleva detenido.
Las publicaciones en su Facebook han servido para varios propósitos. Algunas han sido declaraciones sobre sus procesos legales, posicionando su versión de los hechos ante la opinión pública. Otras han sido mensajes personales, como el que publicó cuando murió su hermana Georgina en enero de 2026. Ese mensaje fue uno de los más compartidos y comentados porque mostró una dimensión humana que el discurso judicial rara vez permite ver: un hombre preso que no pudo despedir a su hermana. Esa imagen, aunque no justifica nada de lo que se le acusa, sí revela el tipo de aislamiento que vive dentro del penal. La muerte de su hermana fue un punto de quiebre visible en su historia reciente. Georgina Sandoval había sido la persona que no faltó a ninguna de las audiencias del juicio oral entre agosto y septiembre de 2025. Cada día que duró el proceso, estaba ahí. Cuando la sentencia de 7 años fue dictada en su contra, ella estaba presente. Y unas semanas después, en enero de 2026, murió sin que él pudiera estar a su lado.
El texto que publicaron desde su perfil decía: “Con el profundo dolor de no haberte podido abrazar como lo hubiera querido y con la tristeza de no haber estado más tiempo contigo ni de acompañarte físicamente en esta última lucha. Siempre te reconocí como una mujer fuerte, entregada, decidida y valiente”. Eso vino del interior del Cefereso Número 4. Y lo que nadie ha conectado es que tan cerca estuvo de salir libre antes de que muriera su hermana. Sus abogados dijeron en septiembre de 2025 que él podría salir libre en 2026. Ese anuncio fue público, fue parte de un comunicado oficial de su equipo jurídico. La lógica era que al cumplir 5 años de prisión con un delito considerado no grave, podría solicitar su libertad bajo los términos de la ley. Pero esa lógica ignoraba deliberadamente el proceso federal de lavado de dinero. La FGR tiene prisión preventiva justificada activa. Eso no se levanta por cumplir años de condena en un proceso estatal. Son instancias distintas con medidas cautelares independientes. Roberto Sandoval sigue en el Cefereso Número 4 en mayo de 2026 y no hay señales de que eso vaya a cambiar pronto.
Las víctimas del gobierno de Roberto Sandoval en Nayarit no son solo números en un expediente. La FIDH documentó 47 casos de desaparición forzada durante los últimos meses de su mandato, en 2017. Hay familias nayaritas que todavía no saben dónde están sus hijos, sus hermanos, sus padres. Hay ejidatarios a quienes se les quitaron tierras con documentos falsificados, como ocurrió en el caso por el que fue condenado en 2025. Hay personas que denunciaron haber sido víctimas de extorsión y despojo durante esa administración. Todo eso quedó documentado en informes de organizaciones de derechos humanos y en declaraciones ante fiscalías.
Mientras Roberto Sandoval espera el resultado de sus procesos legales desde el interior del Cefereso Número 4, esas personas también esperan. Esperan saber si habrá justicia para ellas. Si las condenas que se impongan serán proporcionales al daño causado. Si los bienes que se recuperaron realmente van a llegar a quienes fueron afectados. Los ranchos que hoy están siendo reutilizados para beneficio social fueron en su momento el símbolo de un enriquecimiento que no tenía explicación lógica. Que esas propiedades ahora estén en manos del Estado es un paso, pero no responde las preguntas más dolorosas de quienes vivieron ese gobierno de cerca.
Lo que está claro a más de 4 años de su detención es que la vida de Roberto Sandoval dentro del Cefereso Número 4 no tiene ninguno de los elementos que definieron su existencia antes del 6 de junio de 2021. No hay rancho, no hay caballos, no hay fiestas con artistas famosos, no hay poder, no hay acceso libre al mundo exterior. Hay una celda con dos camas y un baño, horarios fijos, comida del sistema penitenciario, vigilancia permanente y procesos judiciales que no terminan. Un gobernador que llegó al poder con dos caballos criollos y terminó su mandato con 800 de raza española importada, con ranchos de decenas de millones de pesos y con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos nombrándolo como narcotraficante significativo. Hoy vive en el mismo estado que gobernó, pero esta vez sin poder salir. Las víctimas de su gobierno todavía no tienen todas las respuestas. Los procesos judiciales todavía no terminan. Y él sigue ahí, en El Rincón, esperando que alguno de sus recursos legales cambie algo. Hasta ahora, nada ha cambiado.
