Lo Que Los Cabrera Escucharon En La Radio Antes De...

Lo Que Los Cabrera Escucharon En La Radio Antes De Que Llegaran Los Perrazos

Lo Que Los Cabrera Escucharon En La Radio Antes De Que Llegaran Los Perrazos

El helicóptero todavía no aterrizaba. Pero el ruido de las aspas ya llevaba diez minutos retumbando entre los cerros de la sierra duranguense, y en las rancherías de la comunidad de Casablanca, los campesinos que a esa hora todavía estaban despiertos supieron que algo había cambiado. No era una patrulla de rutina. No era un sobrevuelo de reconocimiento. Era el sonido de una decisión que ya no podía revertirse. Adentro de una casa de adobe, a tres kilómetros del punto donde el 9 de junio los elementos de la Guardia Nacional y el Ejército habían intercambiado disparos con hombres armados, un teléfono satelital sonó dos veces. La voz del otro lado dijo una sola palabra antes de cortar: “Murciélagos”. El hombre que recibió la llamada, un operador de enlace de la estructura conocida como Los Cabrera, no alcanzó a preguntar nada más. Colgó. Miró el techo de vigas de madera. Supo que los 690 soldados que estaban por llegar no eran un refuerzo simbólico. Eran la respuesta a algo que su organización había creído que nadie más sabía. Entre el 10 y el 13 de junio de 2026, el gobierno federal desplegó en Durango tres de las unidades más especializadas de México: los Murciélagos, los Perrazos y los Acorazados. Lo hicieron en menos de 96 horas, desde tres puntos distintos del país, con una coordinación logística que en cualquier otro momento habría parecido imposible. Y lo hicieron porque la inteligencia que llevaba meses acumulándose en los archivos de la Secretaría de la Defensa Nacional ya no podía seguir esperando. El enfrentamiento del 9 de junio no fue el principio. Fue la confirmación. Y lo que vino después —690 cascos azules sobre el asfalto de la carretera libre a Mazatlán, 90 boinas negras descendiendo de un Boeing 737/800 en la base aérea improvisada de Durango, 300 infantes de combate cerrando las rutas de escape mientras los blindados sellaban los cruces— fue una declaración de guerra territorial que ningún grupo criminal en el norte del país pudo ignorar. Pero la verdadera historia no está en los números. Está en el timing. Está en el edificio neoclásico del siglo XIX que hoy funciona como la Décima Zona Militar, desde donde se coordinó todo. Y está en una pregunta que ningún comunicado oficial responde: ¿qué es lo que el Estado sabía de Durango que nosotros todavía no sabemos?

Para entender por qué Durango y por qué ahora, hay que ubicar el escenario que precedió a este despliegue. Durango es uno de los estados donde la presencia del crimen organizado tiene raíces profundas, geográficas e históricas. La sierra, los valles, las vías de comunicación que conectan hacia Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas convierten a este territorio en una pieza estratégica para cualquier organización que mueva droga, armas o personas hacia el norte. Durante años, esa geografía trabajó a favor de los grupos delictivos. La montaña los protegía. Las distancias los escondían. El aislamiento los blindaba. Un convoy militar podía tardar horas en llegar a una comunidad donde un sicario llegaba en cuarenta minutos porque conocía el atajo de terracería que no aparece en los mapas oficiales. Un reporte de inteligencia podía identificar un punto de acopio de precursores químicos, pero para cuando las fuerzas federales lograban coordinar un operativo, el punto ya se había movido treinta kilómetros al norte.

Lo que la inteligencia militar tenía claro antes de este operativo era que en la región operaba una estructura conocida como Los Cabrera, una organización afín a Los Mayos, la facción del Cártel de Sinaloa que lidera Ismael “El Mayo” Zambada. No son un grupo menor. Son una red con control territorial en zonas específicas de Durango, con capacidad de respuesta armada y con vínculos que se extienden más allá de las fronteras estatales. La Décima Zona Militar, que coordina las operaciones federales en el estado, llevaba semanas monitoreando movimientos. El problema no era falta de información. El problema era que la información acumulada había llegado a un punto de saturación que exigía una respuesta contundente. Esa respuesta llegó el 10 de junio. Y no llegó sola.

El detonante inmediato fue un enfrentamiento armado registrado el 9 de junio en la comunidad de Casablanca, en el municipio de Durango. Ese día, un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano derivó en un choque con elementos presuntamente vinculados a estructuras criminales activas en la zona. Los detalles del enfrentamiento fueron filtrados de forma parcial por medios locales. Algunos reportes hablaban de una persecución que comenzó en la carretera Durango-Mazatlán y terminó en un callejón sin salida. Otros mencionaban un cateo que se salió de control. Lo que sí quedó claro es que ese choque aceleró una decisión que ya estaba sobre la mesa: reforzar la presencia federal en el estado de manera inmediata y masiva.

En ese mismo contexto, versiones que circularon en medios locales indicaban que el operativo podría haber derivado en la detención de Leonel García, conocido como “El 40”, presunto jefe de Los Cabrera. Ninguna autoridad federal ni estatal confirmó oficialmente la captura al cierre de los primeros reportes. El Registro Nacional de Detenciones no tenía registrada la detención. Pero la versión estaba circulando, y eso, en el lenguaje de la inteligencia operativa, es también una señal. Cuando algo se filtra sin confirmación oficial, hay dos posibilidades: o es falso, o es tan real que alguien tiene interés en que salga antes de tiempo. Piensa en lo que eso significa. Significa que en ese momento el estado ya estaba ejecutando movimientos que iban más allá de un solo enfrentamiento. Significa que la decisión de enviar 690 soldados no fue reactiva, fue calculada. Significa que Durango estaba en la mira mucho antes de que los primeros camiones militares cruzaran la frontera estatal.

El 10 de junio, a bordo de un avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana, despegaron desde la base aérea militar de Santa Lucía, en el Estado de México, 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército. Los conocen como “Los Murciélagos”. El nombre no es decorativo. Es una unidad de élite diseñada para operaciones nocturnas, inserción rápida, reconocimiento en zonas de difícil acceso y neutralización de objetivos de alta prioridad. No son infantería convencional. Son soldados entrenados para entrar donde otros no pueden o donde otros no quieren. Quiero que visualices el momento en que ese avión aterrizó en Durango. 90 hombres bajando con equipo táctico completo, con coordinación de la Décima Zona Militar esperándolos en tierra, con elementos de la policía estatal formados para escoltarlos. No hay protocolo mediático en ese momento. No hay conferencia de prensa. Hay trabajo. Hay un objetivo. Y hay una señal que los grupos criminales de la región recibieron con claridad: el Estado llegó, y llegó con sus mejores piezas.

La Secretaría de la Defensa Nacional fue explícita desde ese primer despliegue: “Todas las operaciones se realizarán en apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos”. Eso no es una fórmula burocrática. Es el marco legal que diferencia una operación militar profesional de un ajuste de cuentas. En Durango, esa diferencia importa porque la población de la sierra ha vivido durante décadas con la sombra del abandono institucional. Cuando los soldados no se comportan como soldados, la comunidad cierra filas. Cuando se comportan como profesionales, la comunidad empieza a hablar. Esa misma tarde, los 90 Murciélagos se incorporaron a los operativos que la Décima Zona Militar ya mantenía en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales: patrullajes de disuasión, reconocimientos terrestres, presencia visible en puntos estratégicos. El objetivo inicial no era confrontación directa. Era presencia. Era demostrar que el Estado había decidido ocupar el espacio que el crimen organizado consideraba propio.

Dos días después, el 12 de junio, llegó el segundo contingente, y con él el peso específico de la operación cambió de escala. 300 elementos del 78 Batallón de Infantería, procedentes de la Ciudad de México, entraron a Durango con escolta de la policía estatal. Medios locales los conocen como “Los Perrazos”. Y el apodo dice todo lo que necesitas saber sobre su reputación dentro del ejército. No son una unidad de élite en el sentido de las operaciones especiales. Son infantería de combate, soldados entrenados para la guerra de posiciones, para sostener terreno, para establecer puestos de seguridad en zonas de alta tensión y para responder con contundencia cuando la situación lo exige. 300 Perrazos en una sola jornada. Suma eso a los 90 Murciélagos que ya estaban en territorio: 490 soldados en menos de 48 horas. Y todavía faltaba el tercer golpe.

Imagina lo que eso significó para las estructuras criminales en la región. No en términos de miedo —el miedo va y viene—, sino en términos operativos. 490 soldados con equipo de combate en un estado donde hasta hace semanas el crimen se movía con relativa comodidad implica que cada ruta de abastecimiento se vuelve un riesgo. Cada punto de reunión se convierte en una trampa potencial. Cada movimiento de personal dentro de la organización tiene que pasar por una capa adicional de cálculo. Eso es lo que hace la presencia militar masiva. No elimina el crimen de un día para otro, pero le sube el costo de operar hasta niveles insostenibles. La lógica es simple: si cada kilómetro de carretera que antes era seguro ahora puede tener un retén militar, el precio del flete sube. Si cada mensajero tiene que tomar rutas alternas que duplican el tiempo de viaje, el riesgo de intercepción aumenta. Si cada operador sabe que hay 90 hombres entrenados para moverse de noche en la sierra, la paranoia se instala en la cadena de mando.

El 13 de junio, a menos de 72 horas del primer despliegue, llegó el tercer contingente. 300 elementos de Armas Blindadas, procedentes de Querétaro. Los Acorazados. Una unidad diseñada para operar con vehículos blindados, para controlar vías de comunicación, para garantizar que ninguna ruta de escape terrestre quede sin vigilancia. Su misión específica, según la Secretaría de Seguridad Pública de Durango, es fortalecer la vigilancia en las carreteras y caminos que cruzan el estado, en coordinación con el esquema que mantiene la Guardia Nacional a través de la Coordinación Estatal Durango. Piensa en lo que eso significa: los Murciélagos cubren el objetivo de élite, la penetración en zonas de difícil acceso, la inteligencia de campo. Los Perrazos sostienen el territorio, establecen presencia física en comunidades y puntos estratégicos. Los Acorazados cierran las salidas, controlan las arterias, impiden el flujo. No es un despliegue de un solo tipo de fuerza. Es un sistema. Tres piezas que se complementan para cubrir tres dimensiones distintas del problema.

690 soldados, tres unidades especializadas, cuatro días, un solo estado. Eso no es un operativo de rutina. Eso es una declaración de intenciones. Y el mensaje lo leyeron todos. De acuerdo con reportes de la SSP Durango, cada uno de los tres contingentes fue recibido con escolta de la policía estatal. Eso no es protocolo menor. Es coordinación interinstitucional visible, pública, intencionalmente documentada. El estado no llegó de noche ni sin avisar. Llegó de día, con convoy, con escolta, con fotos que la propia Secretaría de Seguridad Pública del Estado publicó en sus canales oficiales. La visibilidad fue parte de la operación.

Hay un elemento de este operativo que merece atención y que casi nadie está discutiendo: el timing. El despliegue comenzó el 10 de junio. El enfrentamiento en Casablanca fue el 9 de junio. Eso significa que entre el choque armado y la llegada del primer contingente de fuerzas especiales pasaron menos de 24 horas. Menos de un día. En términos de logística militar, eso es extraordinariamente rápido. Un avión Boeing 737-800 de la Fuerza Aérea Mexicana no se moviliza con 90 elementos de fuerzas especiales porque alguien tomó una decisión esa misma mañana. Ese avión estaba listo. Esos soldados estaban en estado de alerta. La orden de despliegue llegó a una estructura que ya estaba preparada para recibirla. Quiero que pienses bien en eso. Significa que el operativo del 9 de junio en Casablanca no fue el detonante de una decisión que se tomó ese día. Fue la confirmación de una decisión que ya estaba tomada. El estado no reaccionó. Ejecutó. Y esa diferencia —entre reaccionar y ejecutar— es exactamente la diferencia entre un operativo improvisado y una estrategia.

El 12 de junio llegaron los 300 Perrazos. El 13 de junio llegaron los 300 Acorazados. Cuatro días en total para mover 690 soldados desde tres puntos distintos del país hasta un estado que no tiene aeropuerto militar propio de gran capacidad. Eso implica coordinación de transporte aéreo, coordinación terrestre, coordinación con autoridades estatales para los convoyes de escolta, logística de alojamiento, alimentación y armamento para casi 700 personas. Todo eso en 96 horas. Eso no se improvisa. Eso se planea. Y si se planeó, la pregunta que sigue es: ¿cuándo empezó la planeación? Porque si el operativo de Casablanca del 9 de junio detonó un despliegue que estuvo listo en menos de 24 horas, la planeación empezó mucho antes del 9 de junio. La inteligencia que llevó a ese operativo empezó a acumularse semanas o meses atrás. Y eso nos dice algo muy específico: el estado sabía lo que iba a encontrar en Durango. Estaba esperando el momento correcto para entrar.

Hay un dato político que no puede quedar fuera de esta conversación y que los medios nacionales apenas rozaron. El despliegue de 690 soldados en Durango se produjo en una semana en que el gobernador del estado tuvo que salir públicamente a negar señalamientos sobre presuntos nexos con el crimen organizado. Eso no es un detalle menor. Es contexto. Cuando el titular del ejecutivo estatal tiene que dar la cara para negar vínculos con estructuras delictivas, y en ese mismo momento el gobierno federal decide enviar casi 700 soldados a su territorio, la lectura política de ese cruce no es sencilla. No estoy diciendo que el gobernador tenga o no tenga esos vínculos. Eso lo determinan las instancias competentes. Lo que sí estoy diciendo es que la coincidencia temporal entre esos señalamientos y el despliegue federal es un hecho documentado que el espectador tiene derecho a conocer y a ponderar por sí mismo. La política y la seguridad en México no existen en compartimentos separados. Nunca lo han hecho. Y cuando ambas cosas se cruzan en el mismo estado, en la misma semana, con esta intensidad, hay que decirlo.

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública bajo la que se enmarcó formalmente este despliegue establece que las operaciones federales se coordinan con autoridades estatales y municipales. Eso significa que el gobierno federal desplegó 690 soldados en coordinación con una administración estatal que al mismo tiempo estaba negando públicamente vínculos con el crimen. ¿Funcionó esa coordinación? Los reportes de la SSPE Durango sugieren que sí, al menos en lo operativo. Los convoyes llegaron con escolta policial estatal. Los contingentes se integraron sin fricciones reportadas. Pero la pregunta de fondo sigue ahí, y seguirá ahí. Esto no es una crítica al operativo. Es una capa adicional de la historia que importa para entender por qué Durango no es solo un estado más en el mapa de la seguridad mexicana esta semana.

¿De dónde vienen estos soldados? No de Durango, no de estados vecinos. Los Murciélagos llegaron desde el Estado de México en avión de la Fuerza Aérea Mexicana. Los Perrazos llegaron desde la Ciudad de México en convoy terrestre. Los Acorazados llegaron desde Querétaro. Tres orígenes distintos, tres tipos de despliegue distintos, un solo punto de convergencia: la Décima Zona Militar, con cuartel general en el centro histórico de Durango, en un edificio neoclásico del siglo XIX que fue originalmente el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Durango, cuyos trabajos de construcción iniciaron en 1888. Ese detalle no es menor. La Décima Zona Militar opera desde un espacio que el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles expropió y convirtió en cuartel. Un edificio con historia. Un edificio que vio pasar revoluciones, conflictos religiosos, cambios de régimen. Y que hoy coordina el despliegue militar más significativo que ha visto Durango en mucho tiempo. Hay algo en ese contraste que dice mucho sobre la persistencia del Estado mexicano cuando decide actuar.

La Secretaría de la Defensa Nacional fue explícita al justificar el operativo: se trata de reforzar la seguridad en la región ante el incremento de actividades delictivas. Pero las palabras oficiales nunca cuentan toda la historia. Lo que los comunicados no dicen es que este despliegue es también una prueba de estrés para el modelo de coordinación interinstitucional que el gobierno federal ha venido construyendo. Ejército, Guardia Nacional, policía estatal, policías municipales, todos operando bajo un mismo mando táctico, todos compartiendo inteligencia en tiempo real. Eso no ocurre por decreto. Ocurre porque hay meses de entrenamiento conjunto, de protocolos estandarizados, de confianza construida en operativos anteriores. Y en Durango, al menos durante esos cuatro días, el sistema funcionó.

Hay que reconocerlo. Este tipo de despliegue genera preguntas legítimas. ¿Qué pasa con la población civil en medio de una operación de esta magnitud? La defensa fue específica al respecto desde el primer momento. Los contingentes tienen tareas de disuasión, prevención y proximidad social. No solo combate. También presencia comunitaria. También contacto con la población. El objetivo declarado no es únicamente la neutralización de objetivos criminales. Es la recuperación del espacio para la vida cotidiana de la gente que vive ahí. De acuerdo con reportes, los elementos se incorporaron a patrullajes terrestres, reconocimientos en áreas prioritarias y establecimiento de puestos de seguridad en puntos estratégicos. Eso incluye carreteras, accesos a comunidades, puntos de cruce. El esquema no es de asedio. Es de presencia sostenida. Y la diferencia entre un esquema y otro la siente la gente que vive en esas comunidades de una manera que los números no reflejan.

Un campesino en la sierra de Durango no distingue entre un Murciélago y un Perrazo. Lo que distingue es si puede salir a trabajar sin miedo a que lo levanten. Si puede mandar a sus hijos a la escuela sin tener que escuchar detonaciones en el camino. Si puede llevar su cosecha al mercado sin que le cobren “derecho de piso” en cada retén ilegal. La presencia militar, cuando es constante y profesional, cambia esa ecuación. No la resuelve de inmediato, pero la cambia. Y el gobierno federal está apostando a que esos pequeños cambios, acumulados día tras día, terminen por hacer inviable la operación de Los Cabrera en la región. Esa es la teoría. La práctica está en marcha.

México ha vivido operativos militares masivos antes. Los ha visto llegar con despliegue mediático, con declaraciones de funcionarios, con imágenes de convoyes y soldados. Y los ha visto retirarse semanas o meses después, cuando el ciclo noticioso cambió y la urgencia política se disipó. Eso tiene un nombre: se llama operativo de shock. Llega fuerte, genera impacto inmediato, y luego el crimen espera. Espera a que los soldados regresen a sus cuarteles. Espera a que la coordinación interinstitucional se afloje. Espera a que el presupuesto se acabe o las prioridades cambien. Y luego regresa. No con la misma cara, pero regresa. La pregunta que define si este operativo en Durango es diferente no es cuántos soldados llegaron. Es cuánto tiempo se van a quedar. Es si la Décima Zona Militar va a sostener esa presencia con los mismos 690 elementos durante semanas, o si en un mes el número se reduce a la mitad y en dos meses la situación vuelve a ser la de antes del 9 de junio.

No tengo esa respuesta hoy. Nadie la tiene. Pero sí sé que la diferencia entre un operativo que cambia algo y un operativo que solo interrumpe algo se mide en meses, no en días. Y eso es exactamente lo que vale la pena seguir de cerca en Durango. Hay que reconocerlo: la estrategia de seguridad que se está construyendo en este sexenio apuesta por exactamente ese modelo de presencia sostenida. No operativos de choque y retirada. Presencia continua, coordinada, con estructura. Si Durango se convierte en un caso donde ese modelo se aplica de verdad, el impacto puede ser significativo. Si no, habremos visto un despliegue impresionante que generó titulares por cuatro días y después se diluyó en el mapa. El tiempo va a decir cuál de las dos es.

Hay algo más que los titulares no capturan y que a mí me parece lo más importante. Cuando el gobierno federal decide enviar 690 soldados a un estado en menos de cuatro días, con tres unidades de capacidades complementarias procedentes de tres orígenes distintos, en tres despliegues escalonados, está diciendo algo que va más allá de Durango. Está diciendo que tiene la capacidad logística para reaccionar con velocidad cuando la situación lo exige. Está diciendo que la coordinación entre Sedena, Guardia Nacional, policía estatal y autoridades municipales no es un discurso en conferencia de mañanera, sino un mecanismo que funciona en tiempo real. Y está diciendo, sobre todo, que las estructuras criminales de la región han llegado a un nivel de actividad que ya no puede ser contenido con los recursos que había antes. No en un mes. No en dos semanas. En cuatro días. Eso es lo que hace que este operativo sea distinto a otros que hemos visto antes.

La cadena de presión sobre las organizaciones criminales en México no funciona en línea recta. Funciona en capas. Primero la inteligencia. Luego la captura de piezas clave. Luego el refuerzo de presencia para consolidar el terreno ganado. Y luego, si la organización intenta recuperarse, una respuesta que llega antes de que pueda reorganizarse. Presuntamente eso es lo que está ocurriendo en Durango. El enfrentamiento del 9 de junio. La posible detención de “El 40”. La llegada de 690 soldados en las 96 horas siguientes. Una secuencia que no parece improvisada. Y que, vista en retrospectiva, sugiere que el estado ya había identificado a Los Cabrera como un objetivo estratégico mucho antes de que los primeros disparos sonaran en Casablanca.

Hay que decirlo con honestidad. No todo lo que pasa en operativos de esta magnitud queda documentado de forma oficial. Según versiones que circularon en medios locales de Durango, hubo movimientos adicionales en comunidades cercanas a Casablanca durante esos días: detenciones menores, cateos en domicilios, aseguramiento de materiales que no fueron reportados en los comunicados oficiales. Eso es normal en operativos de esta escala. Lo que se publica oficialmente es siempre una fracción de lo que ocurrió. El resto lo reconstruyen los medios locales, los reporteros que están en el terreno, los vecinos que vieron los convoyes pasar de madrugada. Lo que sí queda claro en los reportes oficiales es el saldo declarado: cero muertos entre las fuerzas federales, cero heridos registrados públicamente entre los elementos desplegados. Eso, para un operativo de esta magnitud en una zona donde el crimen organizado tiene capacidad de respuesta armada, no es un dato menor. Es un resultado que habla de la calidad del planeamiento previo y de la profesionalización de las unidades desplegadas.

690 soldados. Murciélagos, Perrazos y Acorazados. Cuatro días. Un estado que hasta hace poco no estaba en los encabezados. Ese es el resumen operativo. Pero la lectura más profunda es esta: cuando el Estado decide moverse así, con esta velocidad, con esta escala, con esta coordinación, está respondiendo a algo concreto. No a una percepción. No a un titular. A información de inteligencia que dice que el problema en ese lugar, en ese momento, exige una respuesta de este tamaño. La pregunta que queda abierta no es si el operativo fue justificado. La pregunta es qué viene después. Porque 690 soldados pueden consolidar terreno, pero consolidar terreno exige tiempo. Exige presencia sostenida. Exige que la coordinación entre fuerzas federales, estatales y municipales se mantenga más allá de la coyuntura noticiosa. Y eso, en México, históricamente ha sido el punto donde los operativos más ambiciosos han encontrado sus límites.

Lo que pasa en Durango en las próximas semanas va a decir más sobre la capacidad real del Estado para sostener estos golpes que lo que pasó en los cuatro días del despliegue. El operativo es la apertura. Lo que viene ahora es el partido de verdad. Mientras tanto, en la sierra, los Murciélagos siguen moviéndose de noche. Los Perrazos siguen patrullando los accesos a las comunidades. Los Acorazados siguen controlando las carreteras. Y Los Cabrera, si todavía tienen capacidad de análisis, están haciendo la misma pregunta que hacemos nosotros: ¿hasta cuándo se quedan?