Las Cuatro Carpetas De Harfuch Destaparon El Cadáver Que Salinas Creía Invisible
Las Cuatro Carpetas De Harfuch Destaparon El Cadáver Que Salinas Creía Invisible
Las 5:43 de la madrugada. El georradar marcó una anomalía a 3.8 metros bajo el jardín. Los peritos no respiraron. Arriba, la casa de Cuernavaca parecía normal. Abajo, 32 años de silencio esperaban un martillo. Cuando abrieron la cámara subterránea, el olor ya no era tierra. Era historia podrida. Adentro, un cuerpo. José Francisco Ruiz Massieu. El mismo que México había enterrado en 1994. Otra vez no. Esa mañana del martes 2 de junio de 2026, Omar García Harfuch extendió sobre una mesa cuatro carpetas, tres juegos de documentos desclasificados y dos dictámenes forenses. Y dijo con una frialdad que puso en silencio a toda la sala: “El hombre que ordenó estas muertes tiene nombre, tiene domicilio conocido y no va a vivir en la impunidad un solo día más”. No estaba leyendo un discurso. Estaba abriendo el expediente que el poder había cerrado con candados de plomo.
El primer caso que Harfuch presentó esa mañana es también el más antiguo y, en cierta manera, el más perturbador. No porque sea el más complejo políticamente, sino porque ocurrió en 1951, cuando Carlos Salinas tenía tres años y su hermano Raúl cinco. El primer abatido que aparece en el expediente de esta familia no fue un político ni un operador del sistema. Fue una niña de 12 años de origen indígena llamada Manuela. El 5 de febrero de 1951, en la casa de la familia Salinas de Gortari en la Ciudad de México, Manuela trabajaba como sirvienta doméstica. Era una niña, 12 años. Hija de una familia de escasos recursos que, como miles de familias indígenas de esa época, había enviado a una hija menor a trabajar en una casa grande con la esperanza de que tuviera mejores condiciones de vida.
Carlos y Raúl Salinas, junto con un amigo cuyo nombre no aparece en los registros más accesibles, jugaban esa tarde a la guerra. Tenían acceso a un rifle. Nadie supervisaba la actividad de esos niños con un arma de fuego dentro de la casa. En algún momento del juego, se disparó un tiro que alcanzó a Manuela en la cabeza. Murió en el acto. Los registros policiales de la época documentaron el hecho. Los diarios de la Ciudad de México informaron sobre él. Y en esa parte, la historia se parece a un accidente trágico, a una tragedia doméstica de niños que no debían haber tenido acceso a un rifle. Pero lo que convierte el caso de Manuela en algo cualitativamente diferente es lo que ocurrió después. O más precisamente, lo que no ocurrió.
No hubo consecuencias para nadie. La familia Salinas mantuvo su posición social, su trayectoria política y su vida completamente intacta. Manuela no tuvo justicia porque Manuela era una niña indígena y pobre en el México de 1951. Y en ese México, la vida de una niña indígena y pobre que trabajaba como sirvienta valía exactamente lo que el sistema le asignaba: nada procesable, nada que representara un riesgo real para la familia empleadora. Lo que Harfuch señaló esta mañana sobre este caso no es que Carlos Salinas, de tres años, sea un asesino premeditado. Ningún sistema jurídico en el mundo procesa penalmente a un niño de tres años. Lo que señaló es otra cosa y es más importante: la primera vez que alguien en esa familia provocó la muerte de un ser humano, el sistema respondió con silencio, con protección automática, con la certeza de que los Salinas no enfrentarían consecuencias. Esa impunidad fundacional, dice la investigación que Harfuch presentó esta mañana, fue la semilla de todo lo que vino después. Porque un niño que crece sabiendo que puede matar sin pagar, se convierte en un hombre que ordena matar sin dudar.
El segundo caso es más reciente, más documentado, más complicado jurídicamente y, en su momento, fue uno de los escándalos más bochornosos de la historia judicial de México. El 7 de noviembre de 1995, la Procuraduría General de la República ordenó una excavación en la finca El Encanto, propiedad de Raúl Salinas de Gortari en el municipio de Juárez, Nuevo León. La excavación estaba relacionada con la investigación sobre el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, del que Raúl Salinas era señalado como autor intelectual. En esa excavación se encontraron restos óseos. La noticia sacudió al país. La hipótesis que la PGR empezó a construir públicamente era que esos restos correspondían a Manuel Muñoz Rocha, el diputado priista que también había desaparecido en el contexto del asesinato de Ruiz Massieu. Si los restos eran de Muñoz Rocha y estaban en la propiedad de Raúl, la implicación era directa, devastadora e irrefutable.
Esa narrativa duró varios meses, hasta que los análisis de ADN llegaron. Los restos no eran de Manuel Muñoz Rocha. Pertenecían a un familiar de una mujer llamada Francisca Cetina, conocida públicamente como “La Paca”, una vidente que tenía vínculos con el entorno de Raúl Salinas y que había participado activamente en rituales de protección que, según múltiples testimonios de la época, la familia Salinas consultaba regularmente. El cadáver había sido trasladado a la finca y enterrado ahí de manera deliberada con el propósito específico de fabricar evidencia contra Raúl Salinas. Piense en eso: no estamos hablando de una filtración de información, ni de una acusación sin fundamento. Estamos hablando de mover un cadáver humano, enterrarlo en una propiedad específica y luego conducir a la Procuraduría General de la República hasta ese punto exacto para que encontrara esos restos. Eso requirió acceso al cadáver, requirió coordinación con personas dentro o cerca de la PGR, requirió el tipo de capacidad operativa que solo tiene quien controla simultáneamente recursos, información e impunidad.
La pregunta que la investigación de Harfuch responde esta mañana con documentos no es si la osamenta fue sembrada. Eso quedó establecido con los análisis de ADN. La pregunta es: ¿quién la sembró y por qué? Para 1995, Carlos Salinas ya no era presidente. Ernesto Zedillo había asumido el 1 de diciembre de 1994, y la relación entre los dos hombres se había deteriorado con una velocidad que sorprendió incluso a los observadores más cínicos. El peso se había devaluado de manera catastrófica en las primeras semanas del gobierno de Zedillo. El llamado “error de diciembre” había destruido el ahorro de millones de familias, y la búsqueda de responsables apuntaba directamente hacia las decisiones del gobierno anterior. Raúl Salinas fue detenido el 28 de febrero de 1995, menos de tres meses después del fin del sexenio, acusado de ser autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu. Carlos Salinas salió del país después, en medio de lo que su equipo describió como un retiro voluntario. La lectura real era otra: se fue antes de que lo detuvieran.
En ese contexto, la fabricación de la osamenta en la finca El Encanto no era un ataque contra Raúl Salinas: era una operación de contención más amplia. Los documentos que Harfuch presentó señalan que quienes ordenaron la fabricación buscaban varias cosas simultáneamente: dañar la credibilidad de Raúl para que sus declaraciones desde la prisión no fueran tomadas en serio, saturar la investigación con un escándalo de evidencia fabricada que desacreditara a la PGR y al propio proceso, y desviar la atención del único nombre que en todos los expedientes de ese periodo nunca llegó a ser imputado formalmente: el del expresidente. La fabricación no fue torpe. Fue calculada con una precisión que solo podía venir de alguien que conocía el funcionamiento interno de las instituciones de procuración de justicia del país, que sabía exactamente cómo se realizaban las excavaciones, qué tipo de análisis se harían después, cuánto tiempo tomaría obtener los resultados de ADN y cuánto daño mediático podía generarse en ese periodo de espera. Esa precisión, dicen los documentos, tiene nombre.
Pero el tercer caso es el que cambió la historia de México de manera más directa, el que todavía hoy genera conversaciones, teorías y una rabia que no se ha enfriado en 32 años. El 23 de marzo de 1994, a las 5:11 de la tarde, en un mitín de campaña en el barrio de Lomas Taurinas en Tijuana, Baja California, Luis Donaldo Colosio Murrieta recibió un disparo en la cabeza. Murió horas después en el hospital. Colosio era el candidato presidencial del PRI, ungido por el propio Salinas como su sucesor natural, el hombre al que el sistema había elegido para continuar el proyecto de modernización. Era joven, carismático, genuinamente popular. Y en los meses previos a su asesinato había empezado a hacer algo que sus antecesores nunca habían hecho con esa claridad desde una posición tan cercana al poder: había empezado a distanciarse del propio Salinas.
El discurso del 6 de marzo de 1994, pronunciado 17 días antes de su muerte en el Monumento a la Revolución, fue el momento en que ese distanciamiento se hizo público e irreversible. Colosio habló de un México con hambre y sed de justicia. Habló de reformas que el sistema resistía. Habló de manera que cualquier observador político de la época entendió perfectamente como una crítica velada pero certera al gobierno que lo había postulado. Diecisiete días después, estaba abatido. Mario Aburto Martínez fue detenido en el lugar de los hechos, señalado como el autor material, procesado y condenado. Hoy sigue en prisión. Pero la pregunta sobre quién ordenó el asesinato, quién organizó la logística, quién financió la operación, nunca tuvo respuesta oficial. Hasta esta mañana.
Los documentos que Harfuch colocó sobre la mesa en relación al asesinato de Colosio no son análisis periodísticos ni reconstrucciones académicas. Son registros internos, comunicaciones cifradas del sistema de seguridad del Estado durante las semanas previas al 23 de marzo de 1994. Movimientos de la partida secreta de Los Pinos con fechas y montos específicos. Un documento de una sola página sin membrete, sin firma visible, pero con un código interno de clasificación que los investigadores lograron rastrear hasta la Dirección Federal de Seguridad. Ese documento describe en lenguaje burocrático, frío y despojado de cualquier emoción, lo que se estaba planeando. No dice explícitamente “matar a Colosio”. Los documentos de ese tipo nunca dicen eso. Dicen “resolver el problema del candidato”. Dicen “garantizar la continuidad del proyecto”. Dicen “proceder según lo acordado el 14 de marzo”. Y lo que “acordado el 14 de marzo” significaba, según el contexto que el resto de los documentos permite reconstruir, era eliminar al único hombre en México que en ese momento tenía tanto la posición como la credibilidad pública para desmantelar desde adentro lo que el sistema salinista había construido.
Los pagos que aparecen en los registros de la partida secreta entre el 15 y el 22 de marzo de 1994 suman en total 4 millones 300 mil pesos, distribuidos en tres transferencias a cuentas en Panamá y en las Bahamas. Las cuentas receptoras están identificadas con claves de dos letras. Los investigadores lograron vincular dos de esas claves con nombres concretos a través de los registros bancarios suizos que en 1995 fueron parte de las investigaciones sobre el patrimonio inexplicable de Raúl Salinas. Harfuch dijo esta mañana con el documento en la mano, sin dudar ni un segundo: “Carlos Salinas de Gortari autorizó personalmente los pagos que financiaron la logística del asesinato de Luis Donaldo Colosio”. No fue un acto aislado de un operador sin control. Fue una decisión tomada en Los Pinos, documentada en registros internos que el sistema no logró destruir completamente, y ejecutada con la precisión de quien lleva décadas usando al Estado como instrumento personal.
El cuarto caso es el más reciente en términos de investigación activa y es el que esta madrugada del martes 2 de junio de 2026 tuvo un desarrollo físico concreto. A las 4:17 de la mañana, una unidad conjunta de la Fiscalía General de la República y del equipo de Investigaciones Especiales dependiente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ejecutó una orden de cateo en una residencia ubicada en el municipio de Cuernavaca, Morelos. La propiedad aparecía registrada a nombre de una empresa holding con operaciones en Panamá. La investigación que llevó a ese domicilio específico comenzó hace catorce meses, a partir de documentos recuperados en el proceso de digitalización y catalogación del archivo histórico de la PGR que el gobierno actual inició en enero de 2025.
El predio era amplio: casa principal de dos plantas, jardín trasero de aproximadamente ochocientos metros cuadrados, una bodega independiente al fondo del terreno y una estructura subterránea que no aparecía en ninguno de los planos de construcción registrados ante el ayuntamiento municipal. Esa estructura subterránea fue la que los peritos localizaron a las 5:43 de la mañana, después de que los escáneres de georradar del equipo técnico detectaran una cavidad de dimensiones considerables debajo del jardín trasero a una profundidad de aproximadamente 3.8 metros. Les tomó 47 minutos abrir el acceso. Lo que encontraron adentro terminó de confirmar lo que los documentos señalaban desde hace meses y lo que la familia de José Francisco Ruiz Massieu había intuido durante décadas sin poder probarlo.
Dentro de la cámara subterránea estaban los restos de Ruiz Massieu. José Francisco Ruiz Massieu era en 1994 el secretario general del PRI. Era cuñado de Carlos Salinas. Había estado casado con Adriana Salinas, hermana del expresidente. Era uno de los operadores políticos más importantes del partido en un año electoral decisivo. Y, según los documentos que Harfuch presentó, era también el hombre que en los meses previos a su muerte había empezado a acumular información sobre irregularidades financieras del gobierno salinista, con la intención, todavía no del todo definida pero ya presente como posibilidad real, de no quedarse callado indefinidamente. El 28 de septiembre de 1994, Ruiz Massieu fue asesinado a balazos frente al hotel Casa Blanca en la Ciudad de México. Un hombre llamado Daniel Aguilar Treviño se acercó entre la gente y le disparó en el cuello. Murió en el hospital horas después.
Lo que México creyó durante 32 años es que Ruiz Massieu fue enterrado, que hubo funeral, que hubo tumba, que había un lugar físico donde sus restos descansaban. Lo que encontraron los peritos esta madrugada en Cuernavaca destruye esa versión completamente. El cuerpo nunca fue el que la familia enterró. Lo que hubo en ese ataúd en 1994 no eran los restos auténticos de José Francisco Ruiz Massieu. Sus restos reales fueron trasladados en secreto a esa propiedad en Cuernavaca, colocados en esa cámara subterránea sellada y dejados ahí durante 32 años. Mientras arriba del sótano la vida política del país seguía su curso, mientras se pronunciaban discursos sobre justicia y modernidad, mientras el hombre que ordenó ese traslado daba entrevistas internacionales sobre su legado histórico.
Los primeros análisis forenses realizados en el lugar confirmaron la causa de muerte: disparos de subametralladora compatibles con los reportados en el hospital en septiembre de 1994. Y confirmaron algo más, respaldado por los documentos desclasificados que llevaron a los investigadores hasta ese punto específico. El traslado del cuerpo fue ordenado directamente por Carlos Salinas de Gortari desde Los Pinos en las horas inmediatamente posteriores al asesinato, como parte de un protocolo de contención diseñado para eliminar el elemento de evidencia física más difícil de controlar. Harfuch fue directo: “Carlos Salinas de Gortari traicionó a su propio partido. Ordenó el asesinato de su propio candidato presidencial. Mandó matar a su propio excuñado cuando dejó de ser útil y se convirtió en amenaza. Fabricó evidencia para desviar las investigaciones y ocultó un cadáver durante 32 años para protegerse. Ese no es el legado de un estadista. Ese es el expediente de un criminal de Estado”.
Lo que viene ahora es una pregunta que Harfuch dejó parcialmente abierta, aunque con una dirección muy clara. Carlos Salinas de Gortari tiene 78 años. Ha vivido fuera de México durante periodos prolongados desde que dejó el poder en 1994. Tiene abogados, recursos, décadas de práctica construyendo versiones alternativas de cada uno de estos eventos. Durante años, la estrategia de su equipo legal y político ha sido la misma: cuestionar la credibilidad de los testigos, atacar la cadena de custodia de los documentos, argumentar prescripción en los casos más antiguos y operar desde la comodidad de quien sabe que el sistema que él mismo construyó tiene suficientes resquicios para protegerlo indefinidamente. Esa estrategia funcionó durante 32 años.
Pero lo que Harfuch presentó esta mañana es cualitativamente diferente a todo lo anterior. No porque la información sea completamente nueva, sino porque el soporte institucional que la acompaña esta vez es diferente. No son declaraciones de testigos que el sistema puede desacreditar, no son análisis periodísticos, no son libros académicos. Son registros internos del propio aparato del Estado, documentos que el sistema generó para su propio uso, que llevan firmas y fechas y códigos de clasificación rastreables, y que ahora están en manos de la Fiscalía General de la República con una cadena de custodia documentada desde su origen hasta esta mañana. La pregunta sobre si eso es suficiente para una condena formal en un proceso judicial que respete los estándares probatorios requeridos es una pregunta que los jueces tendrán que responder. Pero la apertura de la investigación formal con este nivel de documentación inicial cambia de manera fundamental la posición de Salinas frente a la ley. Ya no se puede argumentar que no hay evidencia suficiente para investigar. La evidencia está sobre la mesa, está firmada, está fechada y está en custodia del Estado.
México no se construye sobre cadáveres ocultos ni sobre partidas secretas que financian magnicidios. Se construye sobre la capacidad de mirar hacia atrás, nombrar lo que pasó con exactitud y garantizar que ningún hombre, sin importar cuánto poder acumuló ni cuántos años pasaron, quede fuera del alcance de la justicia. Eso es lo que esta mañana del martes 2 de junio de 2026 dejó sobre la mesa. Los cadáveres de Salinas ya no están ocultos. Y la verdad que los acompaña tampoco.
