Las 23 Horas Que El Dueño De Los Zetas Pasa Ahora ...

Las 23 Horas Que El Dueño De Los Zetas Pasa Ahora Dentro De Una Caja De Concreto

Las 23 Horas Que El Dueño De Los Zetas Pasa Ahora Dentro De Una Caja De Concreto

El suelo es gris. Las paredes son grises. La luz que nunca se apaga del todo es blanca, fría, sin matices. No hay ventanas. No hay cielo. No hay árboles. Hay una cama de cemento, un retrete de acero inoxidable, una pequeña mesa también de cemento y un taburete que pesa más que un niño de diez años. Afuera, en algún lugar que él ya casi no recuerda, el mundo sigue girando. Aquí dentro, el tiempo se mide con pasos: de la cama a la puerta, cuatro. De la puerta al retrete, tres. Del retrete a la mesa, dos. Luego otra vez. Luego otra vez. Luego otra vez hasta que el cuerpo aprende a moverse solo mientras la mente se va a otro lugar. Este no es un documental sobre la caída de un capo. Esto es lo que Osiel Cárdenas Guillén vive hoy, en este minuto, mientras tú lees estas palabras.

Nació el 18 de mayo de 1967 en Matamoros, Tamaulipas, en una familia sin recursos económicos. La pobreza no era una palabra abstracta para él. Era el estómago vacío, los zapatos rotos, la certeza de que otros niños tenían cosas que él nunca tendría. Esa combinación de carencia real y entorno fronterizo lo marcó desde temprano. Matamoros en los años setenta y ochenta no era solo una ciudad mexicana más. Era una puerta giratoria del tráfico ilegal, un lugar donde el dinero fácil brillaba desde las esquinas mientras la pobreza apretaba desde adentro de las casas.

A los catorce años se fue a vivir con su hermana Lilia. Trabajó como ayudante de mecánico, como mesero, como empleado de una maquiladora. Ninguno de esos trabajos lo convenció. La vida de obrero pagaba apenas para sobrevivir, y él no había nacido para sobrevivir. Quería más. Quería los carros, las casas, las mujeres, el respeto que se compra con miedo. Su hermano Rafael fue quien lo introdujo al narcomenudeo. Fue un paso pequeño, casi insignificante: vender un poco de hierba aquí, un poco de cocaína allá. Pero desde ese momento, el camino empezó a torcerse sin retorno.

A los diecinueve años ya se había casado y paralelamente había empezado a vender cocaína con cierta regularidad. Para cuando montó su propio taller mecánico, ese negocio funcionaba como fachada de una narcotienda protegida por policías locales. El muchacho que lavaba platos en un restaurante estaba construyendo algo que todavía no tenía nombre, pero que ya olía a poder. Su primer arresto llegó en 1989, cuando tenía veintidós años, por homicidio, abuso de confianza y daños a la propiedad. Pasó una sola noche en la cárcel. Salió bajo fianza. Un año después lo volvieron a detener por amenazas y lesiones, pero lo liberaron el mismo día. Cada vez que caía, encontraba la salida. Cada vez que salía, volvía con más contactos, más experiencia y más determinación.

En 1992, con veinticuatro años, fue detenido en Brownsville, Texas, con dos kilos de cocaína. Al año siguiente lo sentenciaron a sesenta y tres meses de prisión en Estados Unidos. Regresó a México en un intercambio de presos en enero de 1994 y salió en libertad provisional en abril de 1995. Ese paso por la cárcel estadounidense no lo corrigió. Lo perfeccionó. Aprendió cómo funcionaba el sistema desde adentro, conoció a personas que más tarde serían socios o rivales, y regresó a Matamoros con una red de contactos que cruzaba la frontera como un puente privado.

Después de su liberación en 1995, Osiel comenzó a consolidar relaciones con organizaciones colombianas, afianzando las rutas de cocaína hacia el norte de México y hacia Estados Unidos. El Cártel del Golfo, que ya existía como organización desde hacía años, fue absorbiendo cada vez más su influencia. Para los últimos años de la década de los noventa, Osiel no era un empleado del cártel. Era quien daba las órdenes.

Pero para asegurarse de que esas órdenes no se cuestionaran, tomó la decisión más fría de su historia criminal. En 1998 ordenó asesinar a Salvador Gómez Herrera, conocido como “El Chava”, que era su propio amigo y el entonces jefe del Cártel del Golfo. Lo mató para quedarse con el control de la organización. Ese acto le ganó el apodo que lo acompañaría el resto de su vida: “El Mata Amigos”. Pero también le ganó el control absoluto del cártel, que durante los años siguientes se convertiría en una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de América Latina.

Hay un detalle que a menudo se pierde en las narraciones periodísticas. Osiel no mató a un enemigo. Mató a un amigo. Alguien con quien probablemente había compartido comida, cervezas, planes, miedos. Alguien que confiaba en él. La violencia en el narcotráfico suele presentarse como fría y calculada, pero esta tenía un ingrediente adicional: la traición como herramienta de ascenso. Y eso, paradójicamente, hizo que sus propios aliados supieran que nunca estarían seguros a su lado. Porque si el jefe era capaz de matar a su mejor amigo, ¿qué le impedía matarlos a ellos cuando dejaran de ser útiles?

Esa paranoia sembrada a propósito fue parte de su estrategia. Mantener a todos con miedo, incluso a los leales. Pero el miedo que él mismo cultivó dentro de su organización también se convertiría años después en una de las razones por las que tantos de sus hombres estarían dispuestos a entregarlo.

Con el Cártel del Golfo en sus manos, Osiel tomó una decisión que cambiaría para siempre el mapa del crimen organizado mexicano. Creó Los Zetas. Reclutó a desertores del Ejército mexicano entrenados en operaciones especiales, específicamente del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, conocido como GAFE. Los convirtió en su guardia personal y luego en el brazo armado del cártel. Por primera vez en México, una organización criminal tenía una estructura paramilitar real con armamento de guerra, entrenamiento táctico de alto nivel y una capacidad de violencia que las fuerzas del estado no esperaban encontrar del lado contrario.

El resultado fue una expansión sin precedentes. El Cártel del Golfo bajo el mando de Osiel llegó a operar en al menos trece estados de la República. Tenía presencia en Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz, Tabasco, San Luis Potosí, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco y Ciudad de México. Las rutas de cocaína venían desde Colombia, pasaban por Coatzacoalcos y llegaban a Nuevo Laredo y Matamoros. Los libros de contabilidad incautados por las autoridades de Estados Unidos revelaron que el cártel generaba más de cuarenta y un millones de dólares en solo tres meses y medio, únicamente por la cocaína que circulaba hacia Atlanta.

Ese era el poder económico que Osiel manejaba. El FBI lo tenía en su lista de los más buscados, y la recompensa que ofrecía por él era tan alta que hasta sus propios aliados tenían razones para traicionarlo. Dos millones de dólares ofrecía el FBI por información que llevara a su captura. Pero no eran los únicos que lo buscaban. Los capos Vicente Carrillo Fuentes, Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada también habrían ofrecido un millón de dólares a quien lo ejecutara. Osiel vivía rodeado de amenazas que venían de todos lados, y sin embargo siguió operando desde Matamoros con una confianza que lo haría caer.

El 14 de marzo de 2003, elementos del Ejército Mexicano y de la entonces Procuraduría General de la República lo capturaron en Matamoros, en el fraccionamiento Satélite. La operación incluyó tres balaceras intensas con participación de fuerzas especiales en helicópteros. Osiel creía que estaba seguro en su ciudad, en su territorio, pero la información de inteligencia compartida con el gobierno de Estados Unidos fue determinante. Ese día, el hombre más buscado del noreste de México fue detenido.

El 21 de marzo de 2003 se le dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada y delitos contra la salud. Lo trasladaron al Cefereso Número Uno, el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, el mismo lugar donde está hoy. Pero esa primera estancia en el Altiplano no fue lo que cualquiera esperaría de la detención de un capo. Según investigaciones periodísticas, desde su celda Osiel continuó ejerciendo como cabeza del Cártel del Golfo durante años. Sus estructuras seguían funcionando. Sus órdenes seguían llegando al exterior. El cártel no solo sobrevivió, sino que continuó operando y expandiéndose.

El aislamiento físico no lo aisló del negocio. Los Zetas que él había creado seguían operando como su brazo armado. La estructura criminal que había construido era tan sólida que ni siquiera la captura de su cabeza pudo detenerla de inmediato. Eso fue exactamente lo que convenció a las autoridades mexicanas de que la extradición era necesaria. Mientras Osiel estuviera en México, incluso en el penal más seguro del país, su influencia sobre el crimen organizado no podía ser completamente cortada.

La extradición a Estados Unidos en 2007 fue la forma de ponerle distancia física y geográfica al problema. Y funcionó, en parte. Durante los catorce años que pasó en prisiones estadounidenses, el Cártel del Golfo se fragmentó, se debilitó y dejó de ser lo que fue bajo su mando. Pero antes de llegar a Estados Unidos, Osiel vivió una experiencia en el Altiplano que hoy, en 2026, es radicalmente diferente a la que enfrenta ahora. Porque cuando regresó en diciembre de 2024, no regresó al mismo país, al mismo penal, ni a la misma situación.

Osiel comenzó su condena en Estados Unidos en la prisión de máxima seguridad ADX Florence en Colorado, conocida como el “Alcatraz de las Montañas Rocosas”. Esa instalación federal está en el desierto del sur de Colorado, a unos ciento sesenta kilómetros de Denver, y fue diseñada para alojar a los reclusos considerados lo peor de lo peor dentro del sistema federal estadounidense. Sus celdas miden aproximadamente dos metros por uno punto cinco, por tres coma seis metros de alto. La cama, el escritorio y el taburete son de concreto fundido para evitar que puedan usarse como armas. Los internos pasan veintitrés horas al día en confinamiento solitario, sin contacto con otros reclusos.

En esa prisión coincidieron en algún momento varios de los narcotraficantes mexicanos más conocidos: Francisco Javier Arellano Félix, Juan García Ábrego y el propio “El Chapo” Guzmán. Osiel estuvo en ADX Florence aproximadamente entre 2011 y 2019, según fuentes consultadas por medios especializados. Después fue trasladado a otras instalaciones dentro del sistema federal. Las duchas ocurrían dentro de la celda. Las comidas también llegaban ahí. Las revisiones médicas se hacían en el mismo espacio. No había contacto visual con otros presos. El aislamiento era total y sostenido.

Pero lo que realmente sorprende no es esa etapa de aislamiento extremo. Es lo que ocurrió después. En marzo de 2026, un periodista publicó una investigación basada en el testimonio de un excapitán del sistema penitenciario de Estados Unidos. El reporte reveló que entre 2008 y 2009, Osiel Cárdenas fue alojado en una prisión federal en Conroe, Texas, bajo un nombre falso. Solo personal con rango de capitán o superior tenía acceso a su caso y a su celda. Según ese testimonio, durante esa etapa Osiel ocupó un bloque de celdas de uso exclusivo dentro de ese centro de detención. Contó con acceso a internet y recibió visitas familiares y de una pareja sentimental fuera de los horarios regulares autorizados para el resto de los reclusos.

El excapitán describió que siempre se veía arreglado, que le cortaban el pelo como a un médico o a un abogado, y que el trato que recibía no era el del promedio de los internos. Estas condiciones, según el reporte, respondían a su colaboración con las autoridades estadounidenses. Osiel no solo estaba preso. Estaba cooperando. Y esa cooperación le compró un nivel de confort dentro de la prisión que ningún otro recluso de su perfil podía ni siquiera imaginar.

La ironía es brutal. El hombre que construyó una estructura de violencia paramilitar para protegerse, terminó siendo protegido por el sistema penitenciario del país al que tanto daño hizo. Pero esa protección no duró para siempre. Y la prueba está en lo que ocurrió después: exaliados criminales de Osiel, entre ellos integrantes de Los Zetas, habrían ofrecido dinero a reclusos dentro del sistema penitenciario de Estados Unidos para atacarlo. Las razones eran obvias. Osiel había colaborado con las autoridades estadounidenses, y esa colaboración podría haber generado información que afectó a personas que alguna vez trabajaron con él. El reporte indica que tras un intento de agresión por parte de pandillas dentro de un penal, fue trasladado a otra instalación federal como medida de protección.

Los hombres que él mismo entrenó, organizó y a quienes dio poder, estaban dispuestos a pagar para que alguien lo matara desde adentro.

El 30 de agosto de 2024, Osiel Cárdenas fue liberado formalmente de la penitenciaría USP Terre Haute en Indiana. Según registros del Buró Federal de Prisiones, cumplió aproximadamente veintiuno de los veinticinco años de su sentencia, lo que sugiere que recibió algún tipo de reducción por buen comportamiento o por otro tipo de acuerdo con las autoridades. Pero al salir, no fue un hombre libre. Pasó directamente a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, que comenzó el proceso de deportación controlada a México.

Durante los meses que estuvo entre la liberación formal y la deportación definitiva, hubo especulaciones sobre si Osiel iba a quedarse en Estados Unidos como testigo protegido o si iba a intentar evitar el regreso a México. En México lo esperaban procesos penales activos, órdenes de aprehensión vigentes y un sistema judicial que nunca lo había procesado formalmente por los crímenes más graves que cometió en suelo mexicano. Las semanas pasaron y el 16 de diciembre de 2024, el ICE lo entregó a las autoridades mexicanas.

A las 9:25 de la mañana de ese 16 de diciembre, Osiel Cárdenas fue entregado en la frontera de Tijuana, Baja California. Fue trasladado vía aérea a la Ciudad de México. A las 5:35 de la tarde ingresó al Cefereso Número Uno, el Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Las autoridades reportaron que el traslado se realizó sin incidentes. Esa frase tan institucional esconde algo que ningún comunicado de prensa puede capturar: Osiel volvía al mismo penal donde estuvo preso veinte años antes. Solo que esta vez, sin la estructura que entonces lo sostenía.

El Cefereso Número Uno, El Altiplano, está ubicado en Santa Juana Centro, municipio de Almoloya de Juárez, a unos veinticinco kilómetros de Toluca. Sus paredes tienen un metro de espesor, reforzadas a lo largo de los años ante el creciente riesgo de intentos de rescate o fuga. Al día de hoy sigue siendo considerado el penal federal más seguro de México. La rutina diaria dentro del Altiplano para los internos de alta peligrosidad como Osiel está diseñada para eliminar cualquier posibilidad de contacto no autorizado, comunicación externa o coordinación con el exterior.

Los movimientos de cada recluso están monitoreados por cámaras de seguridad ubicadas en prácticamente todas las áreas del penal. Las celdas no tienen ventanas que den al exterior. La luz artificial reemplaza la luz natural la mayor parte del tiempo. Eso es lo que vive Osiel cada día desde diciembre de 2024.

En el Altiplano, los internos de máxima seguridad pasan la mayoría del tiempo dentro de su celda. Las salidas son limitadas y siempre se realizan bajo vigilancia directa del personal penitenciario. No hay libertad de movimiento entre áreas. Cada desplazamiento requiere autorización y acompañamiento. Las salidas al patio, cuando existen, también son controladas y separadas del resto de la población penitenciaria. No hay convivencia libre. No hay posibilidad de relacionarse sin que el sistema lo registre y lo controle.

El sistema de bloqueo de señales que tiene el Altiplano es de los más sofisticados del país. Está diseñado para impedir cualquier tipo de comunicación no autorizada mediante celular o radiofrecuencia. Eso significa que Osiel no puede realizar llamadas fuera de los canales autorizados por la institución. No puede mandar mensajes. No tiene acceso a internet. Cada palabra que pronuncia en una comunicación autorizada es registrada y monitoreada. El contraste con los años en la prisión de Conroe, Texas, donde según el reporte tenía acceso a internet y visitas especiales, no podría ser más radical.

La alimentación dentro del Altiplano sigue un protocolo institucional estricto para los internos de perfil de riesgo alto. La comida llega a la celda servida y controlada por el personal. No hay posibilidad de elegir el menú. No hay acceso a cocinas comunes ni a otros espacios de preparación. Los internos de alta seguridad tampoco pueden recibir alimentos del exterior de forma regular. Para Osiel, que en su época de mayor poder podía pedir cualquier cosa que quisiera comer en cualquier momento, esto representa una de las formas más cotidianas y constantes de lo que significa cumplir una condena real.

El confinamiento prolongado que implica el régimen de máxima seguridad tiene efectos que van más allá de la privación de libertad física. Organizaciones de salud y derechos humanos han documentado que el aislamiento sostenido produce efectos concretos en la salud mental de los internos: ansiedad crónica, deterioro cognitivo gradual, dificultades para concentrarse y, en casos prolongados, estados depresivos severos e incluso alteraciones de la percepción. Eso ocurre con internos en las condiciones que vive Osiel en el Altiplano.

No hay información pública sobre incidentes de salud específicos que lo involucren, pero el entorno en el que está es uno donde la atención médica ha sido cuestionada formalmente. En 2025 y 2026, familiares de reclusos en distintos Ceferesos del país han denunciado restricciones severas, cancelaciones de visitas sin previo aviso ni explicación, aislamiento de hasta tres días sin acceso a abogados y falta de información sobre el estado físico de los internos. Esas denuncias incluyen al Cefereso Número Uno como parte del sistema que aplicó medidas de aislamiento total en al menos una ocasión relacionada con un operativo externo.

Osiel, como interno de ese mismo sistema, vive bajo el mismo marco de restricciones. Sus visitas están reguladas por el reglamento penitenciario. Solo puede recibir a personas previamente autorizadas en los horarios establecidos por la institución y bajo vigilancia directa del personal del penal. No hay visitas extendidas ni acceso especial de ningún tipo. El acceso de sus abogados también está controlado. El equipo de defensa que lo representa trabaja en condiciones muy distintas a las de cualquier despacho. Cada reunión con Osiel ocurre dentro del propio penal, bajo los protocolos que la institución establece y con el tiempo que las autoridades permiten.

Lo que su defensa ha reportado públicamente es que Osiel mantiene lo que el semanario Z describió en abril de 2026 como “un silencio estratégico”. No está declarando voluntariamente en los procesos en su contra. Ha ejercido su derecho a no declarar ante el juez en varias de las audiencias desde su llegada. Cuando se presentó por primera vez ante el juez en México después de su deportación, se declaró inocente de los cargos de delitos contra la salud. Esa postura de silencio y de negar los cargos es la estrategia que su defensa ha adoptado.

Pero ese silencio también puede leerse de otra manera. En un hombre que durante años fue la figura más visible y temida del crimen organizado del noreste de México, el silencio completo es, en sí mismo, un dato significativo sobre cómo está viviendo esta etapa. No se queja públicamente de las condiciones carcelarias. No da entrevistas. No hace declaraciones por ningún canal. El que antes imponía miedo mediante órdenes y amenazas, hoy permanece prácticamente ausente del espacio público.

Al momento de su deportación en diciembre de 2024, la Fiscalía General de la República tenía al menos tres órdenes de aprehensión activas contra Osiel. La primera, por delitos contra la salud, fue ejecutada el mismo día de su llegada a Tijuana. La segunda, por homicidio calificado, fue ejecutada el 18 de diciembre dentro del propio Altiplano. La FGR también confirmó que una tercera orden por delincuencia organizada estaba pendiente. Todo eso en la primera semana. Y eso era solo el comienzo.

Además de esas tres órdenes de aprehensión, la Fiscalía anunció la reactivación de siete procesos penales que habían quedado suspendidos desde 2007, cuando Osiel fue extraditado a Estados Unidos. Esos procesos incluyen delincuencia organizada en la modalidad de delitos contra la salud, delincuencia organizada en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, homicidio calificado, cohecho y portación de armas de fuego de uso exclusivo del ejército. Cada uno de esos procesos puede generar una sentencia independiente.

El 22 de diciembre de 2024, apenas seis días después de su llegada al Altiplano, fue vinculado a proceso por homicidio. Al día siguiente, el 23 de diciembre, se dictó auto de formal prisión por delincuencia organizada. La FGR trabajó con una velocidad que dejó claro que los expedientes estaban listos. Las acusaciones de homicidio calificado señalan a Osiel como presunto responsable de la muerte de seis personas que eran familiares de un testigo protegido, lo que agrega una carga probatoria específica y documentada al caso.

La estimación de las autoridades federales es que si todos los procesos avanzan y se dictan las sentencias máximas posibles por cada cargo, la condena acumulada podría llegar a setecientos treinta años de prisión. Esa cifra, que suena casi absurda, es la suma matemática de los máximos legales que corresponden a cada delito. No significa que Osiel vaya a estar setecientos treinta años en una celda. Significa que bajo ninguna interpretación del derecho mexicano podría salir libre mientras viva. Es una sentencia de por vida expresada en años.

En febrero de 2026, Animal Político reportó que se dictó un nuevo auto de formal prisión contra Osiel dentro del proceso que avanza en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca. Eso confirma que el sistema judicial está construyendo el caso de manera formal, paso a paso, sin señales de desaceleración. Cada nueva resolución agrega capas al proceso, y cada capa significa más tiempo de Osiel dentro del Altiplano antes de que haya cualquier resolución final.

La estrategia de la defensa de Osiel ha tenido dos líneas principales. La primera, argumentar prescripción en los delitos más antiguos, aquellos donde entre la fecha del hecho y la fecha del proceso efectivo transcurrieron muchos años. La segunda, buscar amparos que anulen causas penales específicas por vicios procedimentales o por errores en la integración de las averiguaciones previas. En ambas líneas han tenido resultados mixtos, pero los procesos más graves siguen intactos.

En septiembre de 2025, un tribunal federal rechazó el amparo que la defensa había promovido para echar abajo el proceso por portación de arma de fuego de uso exclusivo del ejército. El argumento era que el delito había prescrito por el tiempo transcurrido entre la acusación original de 2005 y el proceso actual. El magistrado declaró infundados esos alegatos. La resolución fue directa: “La Justicia de la Unión no ampara ni protege al quejoso contra la autoridad y actos señalados”. Uno menos en la lista de alivios posibles.

En un caso anterior, uno de los procesos más antiguos por posesión de cartuchos de uso exclusivo relacionado con su captura original en 2003, sí se logró que un magistrado ordenara revisar si había prescripción. Pero esa victoria parcial no cambió el panorama general. Osiel sigue en el Altiplano con los procesos más graves completamente activos. La estrategia de prescripción solo funciona en los delitos menores y más antiguos. Los cargos de homicidio calificado y delincuencia organizada no se prestan a ese tipo de argumentos.

En diciembre de 2025, el Primer Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito rechazó otro amparo. Esta vez el argumento de la defensa fue que la resolución de enero de 2025 que inició una causa penal por portación de armas era ilegal. El tribunal lo descartó. Otro recurso agotado. Cada amparo rechazado es una puerta que se cierra en el panorama legal de Osiel. Y en mayo de 2026, con más de diecisiete meses dentro del Altiplano, esas puertas se han ido cerrando una a una, sin que ninguna resolución favorable de peso haya cambiado su situación.

Su defensa también ha buscado irregularidades en la forma en que se integró la investigación original de algunos delitos que ahora se le imputan. Según el reporte del semanario Z de abril de 2026, la defensa está localizando testigos protegidos que declararon en su contra en los procesos originales para intentar cuestionar esa evidencia. Es una estrategia de largo plazo que no produce resultados inmediatos. Mientras esa búsqueda avanza, Osiel permanece en el Altiplano sin una fecha definida para ninguna de sus sentencias.

La primera vez que Osiel Cárdenas Guillén pisó el Altiplano fue en 2003, después de su captura. Y en aquel entonces el penal no logró aislarlo del mundo exterior de manera efectiva. Desde su celda continuó ejerciendo liderazgo sobre el Cártel del Golfo. Sus órdenes seguían llegando al exterior. Su organización no solo sobrevivió, siguió expandiéndose. Los Zetas que él había creado seguían operando como su brazo armado. Eso fue exactamente lo que convenció a las autoridades mexicanas de que la extradición era necesaria.

La situación de 2024 es estructuralmente diferente a la de 2003. Los sistemas de bloqueo de señales en el Altiplano son hoy mucho más sofisticados. La tecnología anticelular y de radiofrecuencia que existe actualmente dentro del penal es incomparablemente más avanzada que la de hace dos décadas. Pero más allá de la tecnología, el entorno criminal al que Osiel podría intentar conectarse ya no existe en la forma que él conoció. El Cártel del Golfo que construyó se fragmentó en múltiples facciones rivales que hoy se combaten entre sí.

Cuando fue extraditado en 2007, el Cártel del Golfo quedó bajo el mando de su hermano Antonio, conocido como “Tony Tormenta”, y de Jorge Eduardo Costilla Sánchez, “El Coss”. Tony Tormenta murió en 2010 en un tiroteo de seis horas con la Marina en Matamoros. El Coss fue capturado en 2012 en Tampico. Su hermano Mario, “El M-1”, fue detenido en 2012 y extraditado a Estados Unidos en 2022. Su sobrino, conocido como “El Contador”, cayó en 2022. Para cuando Osiel regresó a México en 2024, prácticamente todos sus colaboradores históricos estaban muertos, presos o habían perdido influencia.

Lo que eso significa en términos prácticos es que el Osiel que hoy está en el Altiplano no tiene una red operativa esperándolo. No hay una organización que lo respalde. No hay recursos que fluyan hacia su defensa legal desde estructuras criminales activas bajo su control. Enfrenta el proceso judicial prácticamente solo, con los recursos que su familia pueda movilizar y con un equipo de abogados que trabaja bajo las condiciones que el Altiplano impone. Es una situación fundamentalmente distinta a la de 2003.

Mientras tanto, afuera del penal, la vigilancia sobre familiares y colaboradores de Osiel se incrementó de manera significativa después de su regreso a México. En agosto de 2025 fue detenido en Matamoros un familiar de Osiel, Ezequiel Cárdenas Rivera, conocido como “Tormenta Junior”, hijo de su hermano Antonio. Para el 31 de agosto de ese año, la FGR lo vinculó a proceso y fue internado en prisión preventiva. En diciembre de 2025, otro sobrino de Osiel, identificado como “El Betito”, fue capturado en Monterrey y vinculado a proceso por delitos contra la salud y portación de armas. La red familiar que rodea a Osiel sigue siendo objeto de investigación activa.

Para alguien que pasó toda su vida adulta tratando de proteger a los suyos, eso tiene un peso que va más allá de lo legal.

Al día de hoy, Osiel Cárdenas Guillén lleva más de diecisiete meses dentro del Altiplano desde su deportación en diciembre de 2024. En ese tiempo: tres órdenes de aprehensión ejecutadas, dos autos de formal prisión dictados, al menos dos amparos rechazados por los tribunales, y siete procesos penales reactivados que avanzan en paralelo. No hay señales de que alguno de esos procesos vaya a cerrarse sin resolución. No hay indicios de un acuerdo entre su defensa y la FGR. El proceso está en marcha y no hay salida jurídica visible en el corto plazo.

El escenario más probable para Osiel, según la dinámica actual de sus procesos, es que permanezca en el Altiplano durante años antes de que cualquiera de sus juicios llegue a sentencia definitiva. El sistema judicial federal mexicano no es rápido en casos de esta complejidad. Los procesos de narcotraficantes de alto perfil que han pasado por el sistema mexicano han tomado años, en algunos casos más de una década antes de resolverse completamente. Con once juicios posibles en paralelo, el panorama temporal es extenso.

En su momento de mayor poder, Osiel tenía cientos de personas a sus órdenes. Manejaba dinero en cantidades que la mayoría de la gente no puede imaginar. Tomaba decisiones que afectaban a miles de personas en múltiples estados. Hoy toma decisiones sobre muy pocas cosas: cuándo dormir, cuándo comer lo que le sirven, cuándo hablar o callar ante un juez. El hombre que purgó su propia organización con sangre, que mató a su mejor amigo para quedarse con el poder, que creó el grupo armado más brutal que el narcotráfico mexicano haya conocido, vive hoy en una celda de cuatro paredes en el Altiplano. Sin internet. Sin visitas especiales. Sin estructura criminal que lo sostenga. Con siete procesos penales avanzando en su contra. Con una estimación de condena posible de setecientos treinta años. Con los amparos rechazados. Y con el silencio estratégico como única respuesta visible al sistema que lo tiene atrapado.

El hombre que una vez aterrorizó a un país entero desde una silla de poder, hoy cuenta los pasos de su celda para no enloquecer. De la cama a la puerta, cuatro. De la puerta al retrete, tres. Del retrete a la mesa, dos. Luego otra vez. Luego otra vez. Luego otra vez hasta que el cuerpo aprende a moverse solo mientras la mente se va a otro lugar. Y ese otro lugar ya no existe. Porque el poder que construyó con sangre y terror se fragmentó, se peleó entre sí, se mató entre ellos y finalmente desapareció. No queda nada de aquel imperio. Solo un hombre de cincuenta y siete años, con el cuerpo desgastado por décadas de violencia y encierro, sentado en un taburete de cemento, mirando una pared gris, esperando algo que probablemente nunca llegue.

Esa es la imagen final. No la del capo rodeado de escoltas. No la del hombre perseguido por agencias internacionales. No la del fundador de Los Zetas. Es la imagen de alguien que terminó enfrentando el desgaste lento del tiempo dentro de una prisión. Porque al final, más allá del dinero, de las armas y del miedo que generó durante años, el destino de Osiel Cárdenas Guillén quedó reducido a algo mucho más silencioso: esperar dentro de una celda mientras el resto del mundo sigue avanzando afuera.