LA TASA DE INTERÉS SE TRIPLICÓ MIENTRAS TU MAMÁ SERVÍA LA CENA
LA TASA DE INTERÉS SE TRIPLICÓ MIENTRAS TU MAMÁ SERVÍA LA CENA
La cocina olía a frijoles recalentados y a miedo. Mi mamá dejó caer las llaves sobre la mesa. No las tiró. Las dejó caer, como si de repente pesaran más que su mano. Mi papá levantó la mirada del periódico, ese periódico que aún no decía nada sobre lo que ya estaba pasando en los bancos. Ella dijo: “La mensualidad se triplicó”. Él no respondió. El silencio duró lo que dura un puñetazo antes de que duela. Y entonces dijo algo que treinta años después todavía resuena en esta casa vacía donde ya no vive nadie. “Esto no lo vamos a acabar de pagar ni tú ni yo.”
Era viernes por la tarde. Los viernes en mi casa olían a jabón de trastes y a la esperanza de que el fin de semana fuera un respiro. Mi mamá siempre llegaba del banco con la misma rutina: sacaba el recibo de la hipoteca, lo guardaba en un sobre amarillo junto con los demás papeles importantes, y después nos preguntaba qué queríamos cenar. Ese viernes no hubo pregunta. No hubo sobre amarillo. Hubo una cara que yo nunca le había visto, una mezcla de incredulidad y pánico que las arrugas de sus cuarenta años no lograron disimular.
Se sentó en la silla de siempre, la del respaldo roto que mi papá nunca quiso mandar a arreglar. Mi papá, que tenía el sexto sentido para saber cuándo algo andaba mal, dobló el periódico con una lentitud que no era natural en él. Era un hombre de manos rápidas, de las que arreglaban fugas de agua y cambiaban fusibles en menos de lo que uno tarda en decir “electricista”. Pero esa tarde sus manos se movieron como si el periódico pesara lo mismo que su alma.
“Subió la tasa”, dijo mi mamá. No hizo falta especificar qué tasa. En la mesa de la cocina, la palabra “tasa” ya no significaba porcentaje en un papel bancario. Significaba la posibilidad de perder la casa. Significaba los fines de semana en que mi papá hacía horas extra en la fábrica y mi mamá cosía vestidos para las vecinas. Significaba que el futuro, ese futuro que habían construido ladrillo por ladrillo durante quince años, de repente tenía los cimientos rotos.
Mi papá no preguntó cuánto. No hizo cuentas en servilleta, que era su método favorito para calcular cualquier gasto. Solo se quedó callado un rato largo. El tipo de silencio que llena una cocina como si las paredes se hubieran vuelto de algodón mojado. Afuera, los niños del vecindario seguían jugando en la calle, ajenos a que en una mesa de formica se estaba decidiendo el destino de una familia. El ruido de sus risas entraba por la ventana abierta y chocaba contra el mutismo de mis padres como una piedra contra un vidrio blindado.
Cuando mi papá finalmente habló, su voz no tembló. Eso fue lo que más miedo me dio. Si hubiera temblado, habría sido humano. Pero dijo lo que dijo con la frialdad de quien ya ha hecho las cuentas en la cabeza y sabe que no hay manera de que den. “Esto no lo vamos a acabar de pagar ni tú ni yo”, dijo. No especuló. No dijo “quizás” o “si Dios quiere”. Dio un pronóstico tan certero como el de un médico que mira una radiografía y sabe que ya no hay nada qué hacer.
Yo tenía catorce años. No entendía de tasas de interés ni de devaluaciones ni de rescates bancarios. Pero entendí que algo muy grande se había roto esa noche en la mesa de la cocina. Algo que ni las palabras de mi papá ni las lágrimas que mi mamá se tragó podían reparar.
Lo que mi mamá no sabía esa noche, lo que ningún cliente de ningún banco en México sabía, era que la bomba que había estallado en su hipoteca no había sido un accidente. No era un ajuste normal del mercado. No era una consecuencia natural de la economía global. Era una decisión política tomada semanas antes en los pasillos de Los Pinos, en reuniones donde ningún ciudadano tenía asiento, donde ningún periodista tomaba nota, donde ningún arquitecto del pueblo podía decir “esto está mal y aquí están las cuentas para demostrirlo”.
Habían decidido salvar a los banqueros. Habían decidido que las deudas que esos banqueros habían generado al prestar dinero sin preguntar, al financiar empresas fantasma de ellos mismos, al regalar créditos como quien reparte volantes en un crucero, todas esas deudas se convertirían en deuda pública. Es decir, en deuda de mi mamá. En deuda de mi papá. En deuda tuya, aunque todavía no hubieras nacido o apenas estuvieras aprendiendo a caminar.
Esa noche en la mesa de la cocina, mi papá no solo estaba hablando de la hipoteca de una casa de interés social en un barrio de clase media. Estaba hablando de una cadena que empezaba en la silla presidencial, pasaba por la banca privada, y terminaba en el bolsillo de cada mexicano que pagaba sus impuestos cada mes. No lo sabía. Pero lo intuía. Por eso dijo “esto no lo vamos a acabar de pagar”. Porque intuyó, con la sabiduría de quien ha trabajado toda su vida sin ver un peso de sobra, que la deuda que le estaban metiendo en las venas esa noche iba a durar más que su aliento.
Y tuvo razón. Treinta años después, mientras escribo esto, México todavía está pagando. Y la casa de mis padres, esa que casi pierden, ya no es de ellos. Murieron antes de terminar de pagarla, como mi papá predijo. La pagamos nosotros, sus hijos, a escondidas, con préstamos que nadie sabe que pedimos, con trabajos que nadie sabe que hacemos, con noches sin dormir que nadie ve.
Esa es la herencia del Fobaproa. Una hipoteca que nunca termina. Un recibo que llega cada mes sin falta. Una deuda que no es tuya pero pagas como si lo fuera.
Para entender cómo llegaron los bancos a quebrar, hay que retroceder a mil novecientos noventa. Carlos Salinas de Gortari, el presidente de la sonrisa perfecta y los ojos de tiburón, decidió que los bancos ya no debían ser del Estado. José López Portillo los había nacionalizado en mil novecientos ochenta y dos, en un gesto que intentó salvar los ahorros de la clase media de la crisis de la deuda. Ocho años después, Salinas hizo lo contrario. Privatizó. Prometió que la banca privada sería más eficiente, más barata, más cercana a la gente. La realidad fue la opuesta, y fue peor de lo que nadie imaginaba.
Los dieciocho bancos que el Estado había administrado durante casi una década fueron vendidos a particulares. El precio total: aproximadamente doce mil millones de dólares. Doce mil millones. Esa cifra, escúchala bien, porque dentro de un rato vas a compararla con lo que costó rescatarlos. Doce mil millones fue lo que ingresó a las arcas públicas. Fue lo que los mexicanos, dueños originales de esos bancos, recibieron a cambio de entregar su patrimonio a manos privadas.
Los compradores fueron, en muchos casos, empresarios de otros giros. Gente que sabía de construcción, de telecomunicaciones, de comida procesada, pero no de banca. Vieron en los bancos un negocio rápido, una máquina de hacer dinero sin entender que administrar los ahorros de millones de personas requiere algo más que contactos en la cúpula del poder. Pagaron precios altísimos por esos bancos, inflados por la euforia privatizadora que recorría México y el mundo. Y para recuperar la inversión hicieron lo que cualquier negocio mal administrado hace cuando necesita efectivo rápido: prestaron a lo loco.
Dieron créditos hipotecarios sin verificar la capacidad de pago. Dieron créditos a empresas que no tenían cómo pagarlos. En los casos más oscuros, los propios dueños de los bancos se prestaron dinero a sí mismos a través de empresas fantasma, creando deudas que nunca iban a cobrar porque eran ellos mismos los deudores. Era una fiesta del dinero prestado, una orgía financiera donde el único que no estaba invitado era el sentido común.
Y mientras los banqueros se servían del pastel, las familias mexicanas seguían pagando sus hipotecas religiosamente, mes a mes, confiando en que el sistema bancario era sólido, en que el gobierno regularía, en que sus ahorros estaban seguros. No sabían que los cimientos del sistema ya estaban podridos desde dentro.
Diciembre de mil novecientos noventa y cuatro. La campaña electoral había pasado. Ernesto Zedillo había tomado posesión el primero de diciembre, prometiendo continuidad y estabilidad. Pero el fantasma de la crisis que venía gestándose durante meses explotó con la furia de un volcán que nadie quiso monitorear. El “error de diciembre”, como lo llamaron los funcionarios para quitarle dramatismo a una de las mayores catástrofes económicas del país, fue una devaluación que se salió de control. El peso perdió más de la mitad de su valor en cuestión de días. Las tasas de interés, que habían estado en niveles tolerables, se dispararon a cifras que ningún crédito podía soportar.
Las familias que habían sacado préstamos hipotecarios en pesos vieron sus mensualidades triplicarse de la noche a la mañana. Los empresarios que habían pedido créditos en dólares descubrieron que sus deudas se habían duplicado porque el peso ya no valía nada. Las empresas quebraron. Los ahorros se evaporaron. Y los bancos, esos que habían prestado sin preguntar, descubrieron que la cartera vencida crecía más rápido que la maleza en un terreno baldío.
La pregunta que nadie se atrevía a formular en voz alta era simple pero explosiva: ¿quién iba a pagar los platos rotos? ¿Los banqueros que habían administrado mal sus instituciones? ¿Los empresarios que habían pedido créditos que no podían pagar? ¿O el pueblo de México, ese que ni había pedido la privatización ni había votado por la devaluación?
Ernesto Zedillo y su equipo tomaron una decisión que definiría la economía mexicana por tres décadas. Decidieron rescatar a los bancos. No con un préstamo pequeño, no con un plan de pagos que los banqueros asumieran, sino tomando las deudas privadas de doce bancos y convirtiéndolas en deuda pública. De un día para otro, el pueblo de México empezó a deber lo que los banqueros habían prestado mal. La cuenta de la cena, esa cena donde los banqueros se habían atiborrado de créditos sin control, fue cargada a cada familia que pagaba impuestos.
Mi mamá y mi papá, que nunca pidieron un crédito que no pudieran pagar, que siempre fueron puntuales con sus recibos, que nunca especularon ni defraudaron a nadie, se despertaron un día debiendo la fiesta de los banqueros. Y esa deuda, como mi papá predijo esa noche en la cocina, no la iban a acabar de pagar ni ellos ni yo.
El monto original de la deuda que el gobierno de Zedillo transfirió al pueblo de México fue de quinientos cincuenta y dos mil millones de pesos en mil novecientos noventa y ocho. Para que dimensiones lo que significaba esa cifra en ese momento: equivalía al cuarenta por ciento del Producto Interno Bruto del país. Era dos terceras partes del presupuesto federal completo de ese año. Era el doble de toda la deuda pública interna que México tenía acumulada hasta entonces.
Eduardo Fernández García, el entonces presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, salió a decirle al país que no se preocuparan. Dijo que el rescate no iba a costar más del cinco por ciento del PIB. Dijo que en treinta años se iba a pagar. Dijo que no iba a doler tanto. Treinta años después, ya pagamos solo en intereses más de dos billones de pesos. Dos billones ajustados a precios de hoy. Y todavía debemos más de un billón de pesos.
Permíteme repetir eso porque es la cifra que necesitas tener grabada en la cabeza. Dos billones de pesos pagados en intereses. Eso equivale a una quinta parte de todo el presupuesto federal de México. Es cuatro punto cinco veces lo que México destina anualmente a educación. Es treinta veces lo que gasta en salud. Treinta veces el presupuesto de salud en intereses de una deuda que no era tuya. Y después de todo eso, todavía debemos más de un billón ciento noventa y cinco mil millones de pesos. Un billón con cifras. Eso sigue ahí. Se paga todos los años a través de algo que se llama el Ramo Treinta y Cuatro del presupuesto federal.
El nombre del Ramo es una obra maestra del eufemismo burocrático: “Programas de apoyo a ahorradores y deudores de la banca”. Como si el pueblo fuera el que necesita apoyo. Como si las familias que perdieron sus casas, que vieron sus ahorros evaporarse, que pasaron años pagando créditos impagables, fueran las beneficiarias de ese dinero. La verdad es que el apoyo fue para los banqueros. El pueblo solo puso el dinero.
Este año, en dos mil veintiséis, el gobierno federal destinará más de cincuenta y dos mil millones de pesos a ese ramo. Cincuenta y dos mil millones. Eso es más que el presupuesto de la Secretaría de Medio Ambiente. Más que el de Desarrollo Agrario. Más que el de varias secretarías combinadas. Cincuenta y dos mil millones de pesos de tus impuestos que este año no van a un hospital, no van a una escuela, no van a una pensión, no van a un camino. Van a pagar los intereses de una deuda que un presidente del PRI les endosó a los mexicanos hace treinta años para salvar a un puñado de banqueros que administraron mal los bancos que otro presidente del PRI les había vendido mal.
Está cabrón. De verdad.
Y aquí viene la parte que de verdad revuelve el estómago. ¿Sabes quién más paga parte de la deuda del Fobaproa? Los bancos. Los mismos bancos hacen aportaciones obligatorias al Instituto de Protección al Ahorro Bancario, el IPAB, que administra la deuda desde mil novecientos noventa y nueve. Pero la cantidad que aportan los bancos es mucho menor que la que aportas tú como contribuyente. Y hasta el año pasado, los bancos podían deducir impuestos de esas aportaciones. Lo poco que pagaban, lo descontaban de sus impuestos.
Los bancos que causaron la crisis, los que recibieron el rescate, los que fueron salvados con dinero público, estaban pagando su parte de la deuda y luego descontándola de los impuestos que le deben al país. Es como si alguien te rompiera una ventana, le pidieras que pague la reparación, y después te cobrara por haberte hecho el favor de pagarla. Un círculo vicioso de impunidad fiscal que duró décadas.
En septiembre de dos mil veinticinco, Claudia Sheinbaum anunció que los bancos ya no van a poder deducir impuestos del monto que pagan por la deuda del Fobaproa. Lo incluyó en el paquete económico de dos mil veintiséis. Diez mil millones de pesos recuperados con esa sola medida. Diez mil millones que antes se los tragaba el agujero fiscal de la deducción bancaria. Eso no salió en los noticieros principales. Eso no fue portada de periódico. Pero eso es gobernar.
No fue una medida heroica. Fue una medida de sentido común. Fue quitarle a los bancos un privilegio que nunca debieron tener. Pero en un país donde el sentido común es revolucionario, esa decisión merece ser celebrada. No con fuegos artificiales, no con marchas, no con discursos. Con la certeza de que cada peso que antes se fugaba por esa rendija fiscal ahora puede destinarse a algo que realmente beneficie a quienes siempre pagan la cuenta.
Para que dimensiones lo que significan esos cincuenta y dos mil millones de pesos que México paga cada año por el Fobaproa, pongamos algunos ejemplos concretos. Con esa cantidad se pueden construir diez hospitales como el que la semana pasada inauguró Sheinbaum en el sureste del país: cinco mil millones de pesos de inversión, seiscientas cincuenta camas, dieciséis quirófanos, capacidad para cien cirugías al mes, construido por ingenieros del ejército sin contratos millonarios a empresas privadas. Diez hospitales de ese tamaño. Diez. En un país donde millones de personas no tienen acceso a una consulta médica de calidad, diez hospitales no son un lujo. Son una necesidad.
Con esos cincuenta y dos mil millones se pueden financiar las pensiones de dos millones de adultos mayores durante un año entero. Dos millones de abuelos que no tendrían que preocuparse por si alcanza para el medicamento, para la comida, para el recibo de la luz. Dos millones de familias que recibirían un respiro económico cada mes sin tener que decidir entre comprar la medicina o llenar la despensa.
Con ese dinero se puede pavimentar la mitad de las carreteras rurales que están destrozadas en este país. Las que conectan comunidades marginadas con cabeceras municipales. Las que los gobiernos anteriores ignoraron porque ahí no viven votantes que paguen campañas. Las que los niños recorren a pie para llegar a la escuela cuando llueve y el camino se vuelve un lodazal imposible.
Ese dinero existe. Se genera con los impuestos de todos los mexicanos. Lo genera el trabajador que se levanta a las seis de la mañana para ir a la fábrica. Lo genera el maestro que da clases en un aula con el techo cayéndose. Lo genera la enfermera del IMSS que atiende a cuarenta pacientes en un turno de doce horas. Todos esos impuestos se juntan en una bolsa enorme, y una parte de esa bolsa se va al Ramo Treinta y Cuatro. No puede ir a hospitales, ni a pensiones, ni a escuelas, porque tiene que ir a pagar los intereses de una decisión que tomó Ernesto Zedillo en mil novecientos noventa y cinco para salvar a doce banqueros.
Esa es la cadena completa. Salinas vendió los bancos. Los nuevos dueños los quebraron. Zedillo convirtió sus deudas en tu deuda. Y tú llevas treinta años pagando.
Cuando el gobierno de Zedillo privatizó los bancos, obtuvo aproximadamente doce mil millones de dólares por la venta. Eso fue lo que ingresó al Estado. Cuando los bancos quebraron y Zedillo activó el Fobaproa, el rescate costó quinientos cincuenta y dos mil millones de pesos, que en el tipo de cambio de entonces eran casi cien mil millones de dólares. Vendió por doce mil millones. Rescató por cien mil millones. Vendió barato y rescató carísimo. Y el que pagó la diferencia fue el pueblo de México. Siempre el pueblo de México.
Siendo honesto, hay que decir algo que matiza esta historia y que a veces se omite. Si el gobierno no hubiera rescatado los bancos, el sistema financiero mexicano se habría colapsado por completo. Los ahorradores habrían perdido todo. Las empresas habrían perdido acceso al crédito. La economía se habría paralizado aún más. Eso es cierto. La decisión de rescatar no fue inventada por México; otros países enfrentaron crisis similares y también optaron por rescates.
Pero la forma en que se hizo en México, la opacidad con que se manejó, la corrupción documentada en el proceso de privatización y rescate, el traslado total de la deuda al contribuyente sin que los dueños de los bancos pagaran las consecuencias de su administración fraudulenta, eso sí fue una decisión política. Y esa decisión la tomó el PRI y la avaló el PAN cuando votó a favor de convertir los pagarés del Fobaproa en deuda pública en mil novecientos noventa y ocho. El PRI propuso y el PAN votó a favor. Los dos partidos que hoy se presentan como la oposición responsable aprobaron juntos la deuda más grande de la historia de México.
Cuando el PAN te dice que la Cuarta Transformación gasta de más. Cuando el PRI te dice que la economía estaba mejor antes. Cuando la oposición junta te dice que Morena está endeudando al país, la respuesta siempre debería empezar por la misma pregunta. Y el Fobaproa, ¿ya acabamos de pagarlo? ¿Cuánto nos falta? ¿Por qué nadie habla de eso?
En mil novecientos noventa y ocho, un diputado se paró en la tribuna del Congreso con un letrero que decía: “Fobaproa es un fraude”. Ese diputado se llamaba Andrés Manuel López Obrador. Tenía la voz ronca de tanto denunciar en el desierto, tenía las manos callosas de tanto insistir donde nadie quería escuchar. La bancada del PRI se burló. La del PAN volteó la cara. Los medios lo ignoraron o lo ridiculizaron. Era un loco, decían. Un populista. Un peligro para la estabilidad del país.
Veinte años después, el hombre del letrero llegó a la presidencia. Y la mujer que lo sucedió, Claudia Sheinbaum, acaba de quitarle a los bancos el privilegio de descontar impuestos de la deuda que ellos causaron. La historia tarda, pero llega. No llega con la rapidez que quisiéramos, no llega con la contundencia que merecemos, pero llega. Un paso a la vez. Una medida a la vez. Un privilegio eliminado a la vez.
Esa es la diferencia entre los gobiernos de la Cuarta Transformación y los que vinieron antes. Los anteriores administraron la deuda como si fuera un hecho de la naturaleza, como si el Fobaproa hubiera sido un terremoto o un huracán, algo contra lo que no se podía hacer nada. Los actuales están desmontando, pieza por pieza, el andamio de privilegios que hizo posible ese desastre. No con discursos grandilocuentes, no con promesas de campaña que luego se olvidan, sino con reformas fiscales concretas que nadie celebra porque no suenan a victoria, pero que suman miles de millones de pesos al año para lo que realmente importa.
Ahora la pregunta es si esta generación, la tuya y la mía, va a ser la que finalmente termine de pagar esa deuda o si se la vamos a heredar a nuestros hijos como nos la heredaron a nosotros. Porque el Fobaproa no es un capítulo cerrado de la historia. Es una factura que sigue llegando cada mes. Es un recibo que tus hijos van a ver si no hacemos algo.
Yo ya no vivo en la casa de mis padres. Se la comió la hipoteca, como mi papá predijo. Pero vivo en una casa que también tiene una hipoteca. Y cada vez que veo la tasa de interés en el estado de cuenta, pienso en esa noche en la cocina. En el silencio de mi papá. En la cara de mi mamá. En la lección que aprendí sin saber que la estaba aprendiendo: que las decisiones que toman los poderosos en sus despachos blindados terminan impactando la mesa de la cocina de cada familia. Que la economía no es una abstracción de números en un periódico. Es lo que comes o dejas de comer. Es lo que puedes o no puedes pagar. Es el techo que te cubre o el que pierdes.
Esa noche en la cocina, mi papá dijo algo que se me grabó. Dijo: “Esto no lo vamos a acabar de pagar ni tú ni yo”. Tenía razón. Ni él ni mi mamá lo acabaron de pagar. Ellos murieron antes. Lo estamos pagando nosotros, los hijos. Y nuestros hijos, si no hacemos nada, también lo van a pagar.
La pregunta es si esta generación va a ser la última que pague el Fobaproa. Si vamos a tener la valentía de decir “hasta aquí” y de construir un sistema donde los banqueros paguen sus propias deudas, donde los riesgos privados no se socialicen automáticamente, donde la mesa de la cocina de cada familia no sea el campo de batalla de las malas decisiones de unos pocos.
Yo no sé si mis hijos van a leer este artículo algún día. Pero si lo hacen, quiero que sepan que su abuelo tuvo razón sobre la hipoteca. Y quiero que sepan que alguien, en algún momento, intentó que no tuviera razón sobre el futuro.
