LA 4:30 AM EN ACAPULCO: EL DEFENSOR DE PLAYEROS ERA EL COBRADOR DE PISO
LA 4:30 AM EN ACAPULCO: EL DEFENSOR DE PLAYEROS ERA EL COBRADOR DE PISO
La puerta cedió en silencio. No hubo golpes de ariete, no hubo gritos de “alto”, no hubo el ruido metálico de las esposas chocando antes de tiempo. Solo el crujido de la madera forzada y el eco de veinte botas pisando al mismo tiempo el mármol del fraccionamiento Costa Azul. Afuera, en las calles que llevan nombres de navegantes legendarios —Capitán James Cook, Horacio Nelson—, los agentes federales se movían como sombras. Dentro, un hombre que durante años se paró frente a las cámaras para hablar en nombre de los más vulnerables abrió los ojos en la oscuridad. Su cuerpo supo antes que su mente lo que estaba ocurriendo. Era el fin de una impostura que nadie se atrevió a denunciar.
4:30 de la madrugada. Miércoles 3 de junio de 2026. Las calles del fraccionamiento Costa Azul, en Acapulco, todavía están a oscuras. La brisa del Pacífico arrastra el olor a sal y a humedad, pero los únicos que lo respiran en ese instante son los decenas de agentes federales que rodean en completo silencio una residencia de dos pisos, con jardín y rejas negras. No hay sirenas. No hay luces estroboscópicas anunciando el espectáculo. Hay coordinación. Hay un reloj interno que late al unísono en nueve puntos diferentes de la ciudad. En este domicilio, en ese otro, en una bodega, en una oficina, en una cooperativa. Todo ocurre al mismo tiempo. Porque la lección que ha aprendido el gabinete de seguridad de México, después de años de ver cómo los avisos oportunos hacían desaparecer la evidencia, es que el factor sorpresa es la única ventaja real contra estructuras que llevan décadas operando a plena luz del día.
Jesús Zamora Cervantes no es un hombre que se esconda. No vive en una cueva en la sierra. No cambia de teléfono cada semana. Vive en una de las zonas más exclusivas de Acapulco, a pocos minutos de la Costera Miguel Alemán, donde los turistas caminan con sandalias y los vendedores ofrecen cocos fríos. Es restaurantero. Tiene un negocio propio. Es, según los documentos que las autoridades federales exhibirán horas después, el apoderado legal del Frente de Defensa de la Zona Federal Marítima Terrestre de Acapulco. La organización que, en teoría, agrupa a los trabajadores de playa. A los lancheros. A los masajistas. A los que rentan sombrillas. A los que trenzan cabello. A los que venden collares de concha. Esa es la máscara que ha usado durante años para sentarse en mesas de negociación con el gobierno municipal, para encabezar protestas, para aparecer en las notas periodísticas como la voz de los que no tienen voz. Pero según el gobierno de México, según las órdenes de cateo firmadas por un juez federal, según las 23 líneas telefónicas aseguradas en su propia casa, esa voz no pedía justicia. Exigía cuotas. Y las cuotas no eran para la causa, eran para su bolsillo.
Piensa en la imagen que acabo de pintar. Porque ahí está todo el corazón de esta historia. No estamos hablando de sicarios encapuchados que llegaron de otro estado con pasamontañas y fusiles de asalto. No estamos hablando de un cártel con siglas conocidas —Jalisco, Sinaloa, el CJNG— mandando halcones a la Costera para aterrorizar a los comerciantes. Estamos hablando, según las autoridades federales, de los propios líderes de los prestadores de servicios turísticos de Acapulco. De los dirigentes que se sentaban en las mismas sillas que los regidores. De gente con nombre, apellido, restaurante propio y, en al menos un caso, según versiones periodísticas que ya están circulando, con un pie dentro del propio ayuntamiento. No son fantasmas. Son vecinos. Son los que organizan las marchas. Los que hablan en los mítines. Los que se quejan de la inseguridad mientras, presuntamente, siembran el miedo entre los más pobres de la playa. Esa es la perversión que hace de este operativo no una nota policiaca más, sino la radiografía de una podredumbre que llevaba años siendo vox populi en Acapulco, pero que solo ahora, con órdenes de aprehensión de por medio, se ha vuelto oficial.
El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la detención de 11 personas. No fue una improvisación. Los números fríos cuentan una historia de inteligencia policial que pocas veces se ve en México: nueve cateos simultáneos, siete órdenes de aprehensión previas por delincuencia organizada con fines de extorsión, y un nombre que encabeza la lista y que, como era previsible, ya está dando muchísimo de qué hablar en la prensa nacional. Jesús Zamora Cervantes. Empresario restaurantero. Apoderado legal del frente. Y según las primeras investigaciones periodísticas publicadas el mismo día de su captura, asesor de la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez. Subrayo esa última línea porque no es un dato menor. Si se confirma —y hasta el momento de escribir estas líneas el Ayuntamiento no ha emitido una postura que lo confirme o lo desmienta—, estaríamos hablando de un hombre que operaba simultáneamente como líder social, como cobrador de extorsiones y como consejero del poder municipal. Tres máscaras. Tres fuentes de influencia. Una sola persona.
Pero Zamora no cayó solo. Cayó con la cúpula completa de la representación de los trabajadores de playa. Entre los detenidos está Marco Antonio Velázquez Girón, presidente del Frente de Defensa de la Sofemat en Acapulco. El rostro visible de los vendedores y prestadores de servicios. El que saluda en las asambleas. El que reparte la palabra. También cayó Arturo Pantoja Guatemala, dirigente de cooperativas turísticas vinculado a los prestadores de servicios de deportes acuáticos, los que rentan las motos acuáticas y los paracaídas que los turistas fotografían desde la arena. Cayó Abad Esparza Bustos, vocero del movimiento relacionado con las actividades comerciales en la zona federal marítima. Es decir: presidente, apoderado legal, dirigente de cooperativas y vocero. La estructura directiva completa de la organización que decía defender a los trabajadores de la arena, detenida en una sola madrugada. La lista la completan Javier Velázquez Ocampo, Benito Castro Palma, Julio César Melo Lozano, Antonia López Lorenzo, Nancy León Barrios, Liliana Delgado Alvarado, Lorelei Ontiveros Pedraza —cuatro mujeres entre los detenidos— y, según reportes que aún no se confirman en audiencia, la propia esposa de Zamora Cervantes.
Si ese último dato se confirma, no será un detalle anecdótico. Porque las redes de extorsión que operan en zonas turísticas suelen tener un componente familiar mucho más común de lo que la opinión pública imagina. El dinero en efectivo —el que se cobra en sobres, el que se entrega en mano, el que no deja rastro bancario— necesita manos de confianza que lo muevan, lo guarden y lo administren. La esposa, el cuñado, el hijo mayor. Esa es la estructura de una organización que no depende de sicarios anónimos, sino de la lealtad de sangre. La misma lealtad que, ironías del destino, los propios líderes exigían a sus agremiados: “Paga y te protejo. No pagues y te quedas fuera”. Pero la pieza más reveladora del operativo no fue quiénes cayeron, sino qué se encontró cuando los agentes abrieron cajones y requisaron mochilas. Tres armas cortas. Dinero en efectivo cuyo monto exacto las autoridades no han revelado todavía. Tres vehículos. Y sobre todo, 23 teléfonos celulares. Tabletas electrónicas. Equipos de cómputo.
Detente un segundo en ese número. 23 teléfonos para 11 detenidos. Más de dos aparatos por persona. En el mundo de la extorsión, los teléfonos no son un accesorio. Son la herramienta de trabajo. Son las líneas por donde se exige la cuota. Por donde se amenaza. Por donde se coordina quién pagó y quién no. Cada uno de esos 23 aparatos es potencialmente un expediente completo: mensajes de texto, llamadas grabadas, contactos guardados bajo nombres en clave, registros de ubicación, cuentas de mensajería encriptada. Las autoridades lo saben. Por eso insistieron en que todo ese material tecnológico será incorporado a las investigaciones para, en sus palabras, “delegar responsabilidades”. Una frase elegante que significa, en el lenguaje de los fiscales, que están buscando cómplices. Porque una red que operaba con esa estructura, con esa cantidad de líneas de comunicación, no podía ser solo un puñado de dirigentes. Había engranajes más abajo. Había recaudadores de menor rango. Había cómplices en la burocracia. Había, tal vez, contactos en los propios cuerpos de seguridad que miraban hacia otro lado mientras los sobres cambiaban de manos en la arena caliente de la Costera.
El modelo, según la descripción de la propia Secretaría de Seguridad, era brutalmente simple. Los integrantes de esta organización intimidaban y exigían cuotas a prestadores de servicios turísticos para permitirles trabajar en las playas y en las áreas de mayor afluencia, principalmente en la zona de la Costera Miguel Alemán. Traduzcamos eso a la vida real. Si tú quieres rentar sillas en la playa, pagas. Si quieres vender pescado a la talla frente al mar, pagas. Si quieres pasear turistas en una lancha, ofrecer masajes, trenzar cabello, vender collares, pagas. Y no le pagas a un desconocido con pasamontañas que llegó de otro estado. Le pagas, presuntamente, a la estructura que dice representarte. A tu propio líder. Al que negocia en tu nombre con el gobierno. Al que organiza tus marchas. Al que aparece en las fotos del periódico abrazando a los políticos. Piensa en la perversión de ese esquema durante un minuto completo, sin parpadear.
Cuando el extorsionador es un cártel externo, el trabajador al menos sabe que está frente a un enemigo. Puede denunciar, aunque tenga miedo. Puede buscar protección en otra instancia. Pero cuando el extorsionador es tu propio dirigente, el que controla tu acceso al espacio donde trabajas, el que decide si tu nombre aparece o no en la lista de quienes pueden poner su puesto en la arena, entonces la denuncia se vuelve casi impensable. Denunciar no es solo arriesgar la vida. Es arriesgar el permiso. El lugar. El sustento diario de tu familia. Es quedarte fuera de la playa. Y en Acapulco, quedarte fuera de la playa es quedarte fuera de la economía. No hay Plan B. No hay otro empleo esperando en la siguiente calle. Hay solo la arena, el sol, las hamacas que rentas y el miedo que te aprieta el pecho cada vez que ves acercarse a tu propio “representante” con la mano extendida.
La mecánica, según las denuncias que originaron las carpetas de investigación, incluía no solo el cobro semanal, sino también el despojo. Ya no hablamos solamente de apartar una parte de lo poco que ganas para seguir trabajando. Hablamos, según los señalamientos que constan en la investigación, de quitarle a la gente su patrimonio. Reportes periodísticos mencionan que entre los casos investigados estaría el despojo de un restaurante en la zona identificado en la prensa como “Los Panchos”. Es decir, el esquema presuntamente no solo exprimía a los trabajadores. En algunos casos, directamente se quedaba con sus negocios. No es extorsión. Es apropiación. No es cobro de piso. Es saqueo a manos llenas. Y todo ocurrió, según los testimonios que alimentaron las carpetas, a plena luz del día, con la complicidad del silencio que genera el terror.
Los delitos que se investigan no se limitan a la extorsión. Incluyen amenazas, privación ilegal de la libertad y despojo. Quiero que leas esa lista otra vez. Despojo. Privación ilegal de la libertad. Amenazas. No es el catálogo de un conflicto gremial ni de una disputa por obras públicas. Es el catálogo de una organización criminal que usaba su posición de liderazgo social para cometer delitos que normalmente asociamos con células armadas. La diferencia es que ellos no necesitaban armas pesadas para imponer su voluntad. Les bastaba con controlar el acceso al territorio. Con tener la lista de quién podía poner una sombrilla en la arena. Con tener la complicidad de las autoridades municipales que, ya fuera por miedo o por acuerdo, no intervenían. Y con tener, sobre todo, la certeza de que los trabajadores no tenían a dónde más acudir.
Por eso este caso no se entiende sin el contexto. Y el contexto de Acapulco es uno de los más dolorosos de México. Retrocedamos. 25 de octubre de 2023. El huracán Otis, categoría 5, impacta el puerto con vientos que nadie vio venir con esa intensidad. En cuestión de horas, el meteoro daña alrededor del 80% de la infraestructura hotelera, comercial y residencial. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo mostraban hoteles de lujo con las ventanas reventadas, lobbies llenos de escombros, piscinas convertidas en lagunas de agua sucia. La ciudad quedó de rodillas. Y desde los primeros días, especialistas en seguridad advirtieron exactamente lo que iba a pasar: que los grupos delictivos buscarían tomar el control no solo de los mercados ilícitos tradicionales —la extorsión, el cobro de piso, el narcomenudeo—, sino también de los mercados legales necesarios para la reconstrucción. Materiales de construcción. Transporte. Distribución de agua. Y por supuesto, los servicios turísticos.
La tragedia natural abrió la puerta a una recolonización criminal de la economía del puerto. Y lo que vino después confirmó las advertencias. Reportajes de prensa documentaron que muchos comerciantes de Acapulco directamente dejaron de denunciar la extorsión porque sentían que la autoridad estaba ausente. Porque percibían que recibían más certeza de los criminales que del Estado. Léelo otra vez, porque es de las frases más demoledoras que se pueden pronunciar sobre un país entero. Comerciantes que sienten más seguridad pagándole al crimen que confiando en su gobierno. Esa es la tierra fértil sobre la que crecieron estructuras como la que presuntamente encabezaba Zamora Cervantes. Porque cuando el Estado desaparece, alguien ocupa su lugar. Y ese alguien no viene a regalar nada. Viene a cobrar.
La violencia asociada al cobro de piso en Guerrero no se quedó en amenazas. Tan solo entre enero y abril de 2025, en Acapulco y su zona conurbada fueron asesinados 27 operadores del transporte público. 25 de ellos, taxistas. En una ola de ataques que los propios transportistas atribuyeron a grupos dedicados al cobro de piso, con picos de violencia precisamente en Semana Santa. Cuando más turismo llega. Cuando más dinero circula. Cuando más fácil es apretar la tuerca. Porque esa es la lógica del extorsionador: no matar a la gallina de los huevos de oro, pero sí recordarle cada semana que el cuchillo está ahí. En Acapulco, cuando la cuota no se paga, no llega una carta de cobranza. Llega una moto con dos sujetos armados. Llega un tiro al aire frente a tu puesto. Llega una llamada en mitad de la noche con la voz distorsionada de una aplicación que dice: “Mañana ya no quiero verte”. Esa es la realidad que han vivido cientos de familias durante años. Y esa es la realidad que este operativo intenta interrumpir, al menos por unos días.
A nivel nacional, el panorama tampoco deja lugar a dudas. La extorsión alcanzó máximos históricos en México durante 2025, incluso mientras el gobierno presumía reducciones importantes en homicidios dolosos. Es el delito que no cede. El delito silencioso. El que casi no se denuncia. El que tiene una cifra negra gigantesca, porque la mayoría de las víctimas prefiere pagar antes que enfrentar las consecuencias de hablar. Y es el delito que toca directamente el bolsillo y la dignidad de millones de pequeños comerciantes, transportistas y trabajadores. Por eso, el gobierno de Claudia Sheinbaum lanzó la estrategia nacional contra la extorsión con líneas de denuncia anónima, unidades especializadas y operativos como el de este miércoles. Para ser justos con los datos, hay que decirlo: bajo esa estrategia han caído redes en varios estados. Y el caso de Acapulco es, hasta ahora, uno de los más simbólicos. Precisamente por el perfil de los detenidos.
Hay un documento que circuló semanas antes de estas detenciones y que, visto en retrospectiva, parece casi una profecía. Un diagnóstico interno del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, el Fonatur, advertía que en las principales zonas turísticas de Acapulco predominan dinámicas de control territorial ligadas a la extorsión, al cobro de piso y, atención a este término, a la “captación de liderazgos”. Captación de liderazgos. Es decir, el propio Estado mexicano ya tenía en sus láminas oficiales la radiografía del problema. En Acapulco, las estructuras criminales no solo amenazan desde fuera a las organizaciones de trabajadores y concesionarios. Las penetran. Las capturan desde dentro. Convierten al representante en recaudador. Convierten al líder social en el primer eslabón de la cadena de extorsión.
El diagnóstico reportaba redes de extorsión en la mayoría de las ocho zonas en las que se divide el puerto, con cientos de concesiones federales de playa bajo presión. Desde la Zona Diamante hasta Puerto Marqués y Las Brisas. En cada una de esas franjas de arena, el mismo patrón. Una organización que se presenta como defensora de los trabajadores. Un líder carismático que negocia con el gobierno. Un grupo de colaboradores que reparten permisos. Y una cuota mensual que nadie se atreve a cuestionar porque el que cuestiona se queda fuera. Y a ese mapa hay que sumarle los actores armados. El propio jefe de la policía municipal de Acapulco reconoció recientemente que en el puerto operan grupos como el Cártel Independiente de Acapulco, el Cártel Jalisco Nueva Generación, Gente Nueva de Guerrero y Los Rusos. Aclaro con toda honestidad: hasta ahora, las autoridades no han vinculado públicamente a los 11 detenidos de este miércoles con ninguno de esos cárteles. La acusación habla de una organización criminal propia, construida alrededor de las dirigencias de los servicios turísticos.
Pero la pregunta queda flotando en el aire caliente de la Costera, y cualquier persona que conozca cómo funciona el crimen organizado en Guerrero se la está haciendo. Una red de cobro de cuotas puede operar durante años en las playas más disputadas de Acapulco sin pagar a su vez derecho de piso a alguien más grande. ¿Puede existir en ese territorio sin la venia, o al menos sin la coexistencia pactada, con los grupos armados que controlan la plaza? Esa es una de las líneas de investigación que los 23 teléfonos asegurados podrían responder. Y te aseguro que hay gente muy nerviosa en este momento, esperando saber qué sale de esos aparatos. Porque si en los mensajes aparecen contactos con nombres de capos, si en las llamadas hay referencias a acuerdos con células armadas, entonces el caso se vuelve más grande. Mucho más grande. Y las detenciones de esta madrugada serían solo la punta de un iceberg que lleva décadas flotando frente a las costas de Guerrero.
Los detenidos no eran personajes marginales. Eran dirigentes con capacidad de movilización. Algunos de ellos encabezaron en meses recientes protestas públicas relacionadas con proyectos del gobierno en la zona de playas, como el llamado “Marinabús” y diversas obras en distintos puntos de Acapulco. Es decir, eran actores incómodos, con presencia en calle y con micrófono. Y eso garantiza que en los próximos días vas a escuchar dos narrativas completamente opuestas. La narrativa oficial dirá: “Cayó una red de extorsión que asfixiaba a los trabajadores del turismo. Hay órdenes de aprehensión, cateos judiciales y evidencia asegurada”. Y la narrativa de las defensas, casi con seguridad, dirá: “Esto es persecución política contra líderes sociales que estorbaban a proyectos e intereses en las playas”. ¿Cuál es la verdad? Mi obligación es decirte que eso lo va a determinar un juez. Y que los 11 detenidos gozan de presunción de inocencia. Pero también mi obligación es ponerte sobre la mesa los elementos verificables para que tú mismo evalúes el peso de cada versión.
Y los elementos son estos. Siete de los 11 ya tenían órdenes de aprehensión previas dictadas por un juez federal por delincuencia organizada con fines de extorsión. Eso significa que un órgano jurisdiccional, no un político en una mañanera, consideró que había pruebas suficientes para ordenar sus capturas. Los cateos fueron nueve, simultáneos, autorizados judicialmente, lo que habla de una investigación estructurada y no de una redada improvisada. Y los delitos investigados incluyen privación ilegal de la libertad y despojo, señalamientos que van mucho más allá de un conflicto gremial o de una disputa por obras públicas. Del otro lado, también es un hecho que la frontera entre liderazgo social y control territorial en Acapulco es históricamente borrosa. Y que el sistema de justicia mexicano ha fabricado culpables antes. Por eso este caso hay que seguirlo audiencia por audiencia. Y por eso, en este canal, lo vamos a seguir hasta que los jueces hablen.
Hay algo más que quiero que veas, porque revela cómo está operando el actual gabinete de seguridad. Fíjate en el método. Denuncias anónimas como punto de partida. Trabajo de inteligencia para mapear la estructura. Judicialización previa, con órdenes de aprehensión ya firmadas antes de tocar una sola puerta. Operativo simultáneo de madrugada, con fuerzas federales y estatales coordinadas: Fiscalía General de la República, Marina, Secretaría de Seguridad Federal, Policía Estatal e incluso, según reportes locales, la Policía Ambiental de Acapulco resguardando inmuebles. Y al final, comunicación inmediata en redes sociales con nombres, cargos y un mensaje político claro. Es el mismo patrón que hemos visto en operativos contra huachicoleros, contra redes financieras del crimen y contra funcionarios coludidos. Le guste a quien le guste, es una forma de operar reconocible. Primero el expediente, luego la puerta, luego el tuit. La pregunta de fondo, la que importa, es si ese método está alcanzando a las estructuras completas o solo a sus rostros visibles.
Porque de tener a 11 personas, incluso si entre ellas está toda la dirigencia de una organización, no desmantela automáticamente un sistema de cobro que lleva años funcionando. La extorsión en zonas turísticas no es un negocio de personas. Es un negocio de territorio. El metro cuadrado de arena en la Costera Miguel Alemán seguirá valiendo dinero mañana y pasado mañana y en la próxima Semana Santa. Si la demanda de ese territorio sigue ahí, y la impunidad estructural sigue ahí, la silla del cobrador no se queda vacía mucho tiempo. Alguien la ocupa. A veces, el segundo de la organización caída, que quiere demostrar lealtad y ascender. A veces, un grupo rival que ve la oportunidad y decide disputar el territorio. Y a veces —y este es el escenario que más preocupa a los analistas—, un actor más violento que el anterior, porque las transiciones de control territorial casi nunca son pacíficas. Los próximos meses en las playas de Acapulco van a ser un termómetro. Si las cuotas desaparecen, si los trabajadores reportan que nadie les exige nada, el golpe fue real. Si solo cambia la mano que recibe el sobre, si lo único que ocurrió fue una sustitución de personal en la cúpula de la extorsión, entonces lo de este miércoles habrá sido una amputación, no una cura.
También hay que decir lo que esto significa para la gente de a pie. Porque entre tanto nombre de funcionario y tanta sigla institucional, se nos olvida quién es la verdadera víctima de esta historia. La víctima es la señora que renta hamacas y que cada semana, según las denuncias que originaron este caso, tenía que apartar una parte de lo poco que gana para poder seguir trabajando. Es el lanchero que sobrevivió a Otis, que perdió su equipo con el huracán, que se endeudó para volver al mar y que encima tenía que pagar por el derecho a ganarse la vida en una playa que es, por ley, propiedad de la nación. Es el restaurantero que, según los señalamientos que constan en la investigación, no solo fue exprimido, sino despojado de su negocio. México tiene millones de historias así. De gente que trabaja con el mar de frente y el miedo en la nuca. Y cuando el gobierno llama a denunciar con la garantía de absoluta seguridad —como lo hizo Harfuch este miércoles—, esa promesa se mide exactamente ahí. En si la señora de las hamacas puede levantar el teléfono sin que esa llamada le cueste la vida o el sustento. Esa es la vara. No hay otra.
Cierro con la imagen con la que empecé, porque ahora puedes verla completa. 4:30 de la madrugada. Fraccionamiento Costa Azul. Calles con nombres de navegantes legendarios: Capitán James Cook, Horacio Nelson. Marinos de la Armada de México rodeando la casa de un restaurantero que era al mismo tiempo apoderado legal de los trabajadores de playa y, según versiones de prensa, asesor en el palacio municipal. Tres pistolas. 23 teléfonos. Dinero en efectivo. Y a unos kilómetros de ahí, la Costera Miguel Alemán amaneciendo como todos los días, con los vendedores montando sus puestos en la arena, sin saber todavía que los hombres que decían defenderlos estaban siendo subidos a camionetas federales. Once detenidos. Una estructura descabezada. Un mensaje político enviado. Pero la pregunta que de verdad importa no es cuántos cayeron, sino otra mucho más profunda. En un país donde hasta los defensores oficiales de los trabajadores pueden convertirse, según la justicia, en sus verdugos, ¿en quién puede confiar el que vive de su trabajo? ¿Cuántas organizaciones que hoy marchan, negocian y hablan en nombre de la gente son, en realidad, franquicias del miedo? ¿Y qué dice de nuestro sistema que haga falta un operativo federal de madrugada para descubrir lo que cada vendedor de la Costera sabía y callaba desde hace años?
La extorsión sobrevive del silencio. La información es la única vacuna. Y las 23 líneas telefónicas aseguradas esta madrugada en Acapulco son, tal vez, el principio de una cura. O tal vez solo el principio de otro capítulo en la interminable historia de un puerto que ha visto de todo, que lo ha perdido todo, y que sigue esperando que alguien, desde el gobierno, desde la arena, desde la denuncia ciudadana, rompa de una vez por todas el ciclo de miedo que lo tiene secuestrado. Lo que pase en las próximas semanas en las playas de Acapulco nos dirá si esta vez es diferente. O si solo estamos viendo el mismo espectáculo de siempre, con actores distintos.
