HTM INMOBILIARIA: EL NOMBRE QUE HARFUCH PRONUNCIÓ Y NADIE EN LA POLÍTICA QUERÍA ESCUCHAR
HTM INMOBILIARIA: EL NOMBRE QUE HARFUCH PRONUNCIÓ Y NADIE EN LA POLÍTICA QUERÍA ESCUCHAR
Omar García Harfuch abrió la carpeta. 847 páginas. 312 escrituras. 89 registros de transferencias bancarias. 14 peritajes valuatorios. No miró a nadie cuando dijo el nombre. HTM Inmobiliaria y Servicios, S.A. de C.V. Una empresa que no está en un paraíso fiscal del Caribe, no está en una cuenta numerada en Suiza. Está en México. Tiene razón social, tiene RFC, tiene un objeto social amplio que en papel la describe como una desarrolladora inmobiliaria de tamaño mediano. Pero cuando los analistas de la Unidad de Inteligencia Financiera terminaron de reconstruir el origen de cada peso que esa empresa usó para comprar propiedades, encontraron algo que ningún comunicado político puede desmentir. 484 millones de pesos en activos inmobiliarios. Cuatro departamentos frente al mar en Playa del Carmen. Una casa de 638 metros cuadrados en Las Lomas. Dos lofts en Los Cabos. Diecisiete locales comerciales en Pachuca y seis más en Tepatepec. Cinco bodegas industriales en Saltillo. Todo registrado a nombre de una subsidiaria fantasma. Todo sin aparecer en ninguna declaración patrimonial de la senadora y excandidata presidencial Xóchitl Gálvez. Y todo, según los peritos de la UIF, con un origen de capital que no tiene ninguna justificación legal posible con los ingresos que ella reportó durante toda su carrera política.
La mañana del lunes 1 de junio de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana no llegó al podio a hablar de incautaciones de drogas ni de despliegues militares. Llegó con una carpeta de investigación que la Unidad de Inteligencia Financiera había cocinado durante once meses en silencio absoluto. A su izquierda, los titulares de la UIF. A su derecha, representantes de la Fiscalía General de la República. Frente a él, decenas de micrófonos y cámaras que durante los siguientes sesenta minutos grabarían lo que ningún medio de oposición había logrado probar en años: el mapa completo del patrimonio oculto de Xóchitl Gálvez.
No fue una acusación de campaña. No fue un señalamiento de un militante de Morena en la tribuna. Fue el gobierno federal, con documentos notariales certificados, con peritajes valuatorios firmados, con registros de transferencias que trazaban el camino del dinero desde contratos públicos hasta ladrillos frente al mar Caribe. Harfuch leyó los números con la misma frialdad con que un médico lee un diagnóstico. No había espacio para la interpretación. Los datos estaban ahí, escritos, sellados, registrados.
Lo primero que hay que entender es que la investigación no empezó con la candidatura presidencial de 2024. La UIF había estado siguiendo la pista mucho antes, desde los años en que Gálvez todavía era una figura menor en el espectro político, cuando nadie la miraba con la misma atención con que hoy se mira a alguien que ya fue candidata. El origen de todo está en sus empresas tecnológicas: High Tech Services y OM. Empresas reales, con registros públicos, con clientes declarados, con facturación legítima en apariencia. Pero alrededor de ese núcleo empresarial, en los últimos doce años, se fue tejiendo una red de subsidiarias y razones sociales cuya función real dentro de la arquitectura patrimonial de Gálvez era muy distinta a la que aparecía en sus actas constitutivas.
HTM Inmobiliaria y Servicios fue creada en 2014. Cuatro años después de que Gálvez dejó la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Un año antes de que su red empresarial comenzara a recibir contratos gubernamentales de mayor envergadura. En papel, la empresa tenía un objeto social amplio, accionistas sin relevancia pública, y una historia de operaciones que parecía la de cualquier desarrolladora mediana. Nada llamaba la atención desde fuera. Pero cuando los analistas de la UIF revisaron el origen de los recursos con que HTM Inmobiliaria adquirió cada uno de sus activos, encontraron un patrón que los especialistas llaman triangulación patrimonial.
No es lavado de dinero en el sentido cinematográfico de maletines y cuentas en paraísos fiscales. Es algo más sofisticado, más difícil de detectar, más mexicano. El dinero de origen cuestionable sale del ecosistema High Tech-OM en forma de pagos por servicios de consultoría y tecnología. Cruza por dos o tres razones sociales intermedias con actividad mínima, apenas facturas cruzadas, apenas empleados en nómina, apenas el esqueleto de una empresa real. Y finalmente llega a HTM Inmobiliaria como capital de inversión, listo para convertirse en ladrillo y concreto.
Los peritos de la UIF tardaron once meses en reconstruir ese recorrido, transferencia por transferencia, factura por factura. No fue un trabajo sencillo. Las empresas intermedias no son fáciles de rastrear porque no tienen presencia física notable, no tienen páginas web, no tienen empleados que contesten teléfonos. Existen en los registros públicos como cascarones, como papel sellado, como un nombre que aparece en una transferencia y desaparece en la siguiente. Pero la UIF tiene herramientas que no tienen los periodistas. Puede cruzar bases de datos, puede solicitar estados de cuenta, puede obligar a los bancos a entregar registros. Y lo que encontró fue una cadena de 89 transferencias que conectaban directamente los contratos públicos y privados del ecosistema Gálvez con los 484 millones de pesos en activos inmobiliarios.
Entre 2012 y 2021, las empresas del ecosistema obtuvieron contratos por cerca de 100 millones de pesos, según la investigación. Algunos fueron licitaciones ganadas con todos los procedimientos formales. Otros, según los documentos que Harfuch mostró, presentan irregularidades en el proceso de adjudicación que los investigadores califican como señales de tráfico de influencias. Y luego está el dinero que salió de la delegación Miguel Hidalgo cuando Gálvez fue jefa delegacional. Los registros de obra pública muestran partidas destinadas a proyectos que nunca se ejecutaron o que se ejecutaron de manera parcial con costos inflados. La remodelación del teatro Ángela Peralta, presupuestada en diez millones de pesos, generó observaciones de la Auditoría Superior del Distrito Federal que nunca se resolvieron formalmente. En total, la investigación habla de más de quince millones de pesos con origen difuso en ese periodo delegacional.
Quince millones que se suman a un flujo mucho más largo, mucho más sistemático. Y que terminaron, después de cruzar por las empresas intermedias, en el portafolio de HTM Inmobiliaria.
Harfuch no se limitó a dar un número general. Leyó la lista completa, con ubicación exacta, fecha de adquisición, valor comercial y empresa registrante. Lo hizo con la precisión de un perito, no de un político. Y esa precisión es lo que hace que esta investigación sea distinta a todas las anteriores.
En Quintana Roo, cuatro departamentos en una torre de lujo en la zona hotelera de Playa del Carmen. Torre con amenidades de cinco estrellas: concierge, marina, alberca infinita sobre el mar Caribe. Las cuatro unidades fueron adquiridas en distintos momentos entre 2016 y 2021, con valores individuales que van de los ocho a los catorce millones de pesos. El total de esas cuatro unidades en el mercado actual ronda los 47 millones. Ninguna está registrada a nombre de Gálvez. Todas están a nombre de HTM Inmobiliaria.
En la Ciudad de México, una casa. Una sola, pero de 638 metros cuadrados de construcción en un fraccionamiento privado de Las Lomas. Jardín con alberca, cuatro recámaras, área de servicio independiente, dos niveles más estudio. Valor comercial según el peritaje del Registro Público de la Propiedad de la CDMX: 68 millones de pesos. También a nombre de HTM Inmobiliaria.
En Baja California Sur, específicamente en Los Cabos, dos lofts en un desarrollo frente a la playa en la zona turística de San José del Cabo. Adquiridos en 2018 y 2020 con una valuación combinada de 29 millones de pesos al tipo de cambio actual. Pago de contado en ambos casos. Sin crédito hipotecario, sin financiamiento bancario. La operación no genera deuda porque el capital ya estaba disponible, ya había cruzado por las empresas intermedias, ya estaba listo para convertirse en ladrillo.
En Hidalgo, dos grupos de propiedades. Primero, en Tepatepec, el municipio donde nació Xóchitl Gálvez, seis locales comerciales. Seis. No es un detalle menor que estén ahí. Es el tipo de inversión que en papel puede atribuirse a un sentido de pertenencia regional, a una narrativa de desarrollo local, a la figura de la mujer que triunfó en la capital y volvió a invertir en su pueblo. Esa narrativa tiene un problema: los seis locales tienen un valor combinado de doce millones de pesos y ninguno aparece en ninguna declaración patrimonial de Gálvez ni en ningún ejercicio de transparencia que ella haya hecho durante su carrera pública. Tampoco en su declaración como senadora.
Segundo, en Pachuca, once locales comerciales más en una zona de alto flujo comercial, valuados en 31 millones de pesos. En papel rentan, en papel generan ingresos, en papel son un negocio. Pero el origen del capital con que fueron adquiridos sigue el mismo camino que todas las demás propiedades del portafolio.
Finalmente, en Saltillo, Coahuila, cinco bodegas industriales en el corredor industrial de Ramos Arizpe. Cada una de mil metros cuadrados, con acceso a vía ferroviaria, con carga trifásica, con patios de maniobras. En el contexto industrial de Nuevo León, ese tipo de activo no es especulativo. Tiene demanda constante de las empresas manufactureras del clúster automotriz y aeroespacial. Valuación total de las cinco bodegas según el peritaje de la UIF: 112 millones de pesos.
Suma todo. Los cuatro departamentos en Quintana Roo. La casa en Las Lomas. Los dos lofts en Los Cabos. Los diecisiete locales en Hidalgo. Las cinco bodegas en Nuevo León. El total que Harfuch presentó con documentos notariales, escrituras y peritajes valuatorios es de 484 millones de pesos en activos inmobiliarios. Todos bajo el paraguas de HTM Inmobiliaria. Todos con el mismo origen de capital. Todos sin ninguna correspondencia con los ingresos que Gálvez ha reportado a lo largo de su carrera como servidora pública y empresaria.
¿Cuánto gana un senador en México? El salario neto ronda los 142 mil pesos mensuales. En doce años de carrera política activa, incluyendo sus periodos en la delegación Miguel Hidalgo, en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas y en el Senado, el ingreso total acumulado de Gálvez como funcionaria pública no supera los 22 millones de pesos. Sus empresas facturaron más, mucho más. Pero la pregunta que los investigadores están respondiendo ahora no es cuánto facturaron las empresas, sino cuánto de ese dinero tenía un origen lícito y cuánto corresponde a contratos que se obtuvieron por vías que la ley define como tráfico de influencias.
La diferencia entre lo que ella podría justificar con ingresos lícitos documentados y los 484 millones en propiedades es lo que los peritos de la UIF llaman “enriquecimiento inexplicable”. Y es exactamente eso lo que el Ministerio Público Federal va a tener que argumentar ante el juez que reciba la carpeta de investigación que Harfuch mandó a la Fiscalía General de la República esta mañana a las 10:47 horas.
Piensa en lo que eso significa. No como declaración política. Como hecho legal. Una carpeta de investigación con 847 páginas, 312 documentos notariales, 89 registros de transferencias financieras y 14 peritajes valuatorios ingresó esta mañana a la FGR con una solicitud formal de investigación por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos. Eso no es una conferencia de prensa más. Eso es el inicio de un proceso que, si sigue el camino que la evidencia marca, no tiene vuelta atrás fácil.
Cuando Harfuch terminó de leer los números, hizo algo que no hace seguido en conferencias de prensa. Se detuvo. Tomó un segundo antes de hablar. Y dijo una sola oración que resume mejor que cualquier análisis lo que representa esta investigación: “Un peso que no se puede explicar no desaparece, solo encuentra un ladrillo donde esconderse”. No lo dijo con dramatismo. Lo dijo con la misma frialdad que lo caracteriza, mirando directo a las cámaras como si fuera un diagnóstico médico y no una declaración pública. Y en esa frase está todo lo que necesitas entender sobre este caso.
La foto que me quedó en la cabeza después de todo lo que pasó hoy no es la conferencia de prensa. No es Harfuch con la carpeta. No son los números del portafolio. Es un departamento en el piso 14 de una torre de lujo en Playa del Carmen, frente al mar Caribe, con amenidades de cinco estrellas, concierge, alberca infinita. Un departamento que no aparece en ninguna declaración patrimonial pública. Que está registrado a nombre de una empresa que nadie conoce. Que fue comprado con dinero que trazó un camino de cuatro razones sociales antes de llegar a la escritura. Un departamento que existe a más de 2.300 kilómetros de Tepatepec, Hidalgo, donde el agua potable todavía llega en pipa dos veces por semana.
Esa distancia no es geográfica. Es la distancia entre lo que se prometió y lo que se construyó con el dinero de lo prometido. Tepatepec es un municipio de 30 mil personas en el Valle del Mezquital, una de las zonas con mayor rezago social del estado de Hidalgo. Escuelas con goteras. Clínicas del IMSS con desabasto crónico de medicamentos. Caminos vecinales que se deshacen cada temporada de lluvias porque el presupuesto de obra pública nunca alcanza. Familias de agricultores que todavía no tienen agua potable en el domicilio, que dependen de pipas o de pozos compartidos con vecinos. Ese es el municipio donde nació Xóchitl Gálvez. El municipio del que ella habla en cada entrevista cuando construye la narrativa de la mujer que salió de la pobreza y llegó hasta la candidatura presidencial.
En ese mismo municipio hay seis locales comerciales registrados a nombre de HTM Inmobiliaria, valuados en doce millones de pesos, que según la investigación de la UIF fueron adquiridos con dinero cuyo origen no tiene justificación documental en los ingresos declarados de la estructura empresarial de Gálvez. Doce millones de pesos no son una abstracción. Son, dependiendo de cómo los midas, seiscientas pensiones del Bienestar pagadas durante un año. Son el presupuesto de operación de dos clínicas rurales durante dieciocho meses. Son los uniformes y útiles escolares de cuatro mil niños de primaria. No en abstracto. En ese municipio. En ese Valle del Mezquital. Donde las necesidades no son estadísticas, sino rutina diaria de personas con nombre y apellido.
Y esto aplica igual para cada una de las propiedades del portafolio. Las cinco bodegas industriales en Saltillo representan, en términos del costo del presupuesto federal de educación básica por alumno en Nuevo León, cerca de 4.600 años de educación pública. Los cuatro departamentos frente al mar en Quintana Roo representan el equivalente al presupuesto anual completo de la red de comedores comunitarios del estado de Quintana Roo durante tres años. Esos son los números reales detrás de los 484 millones. No son abstracciones contables. Son recursos que en algún momento tuvieron un destino público asignado y que llegaron hasta un portafolio inmobiliario privado a través de un camino que los investigadores de la UIF tardaron once meses en reconstruir.
¿Qué sigue ahora? La carpeta de investigación que ingresó a la FGR esta mañana activa un proceso con etapas muy definidas.
Primera etapa. El Ministerio Público Federal tiene un plazo de 72 horas para analizar el material y determinar si la evidencia presentada es suficiente para iniciar una carpeta de investigación formal con número de expediente. Todo indica, según fuentes cercanas a la fiscalía, que ese paso ya estaba anticipado y que la carpeta formal se va a abrir antes de que termine la semana.
Segunda etapa. Con la carpeta formal abierta, el Ministerio Público puede solicitar al juez de control medidas cautelares. La más probable en este caso, dada la naturaleza del delito de enriquecimiento ilícito y el valor del portafolio involucrado, es la orden de congelamiento de las cuentas bancarias asociadas a HTM Inmobiliaria y a las razones sociales identificadas en la cadena de triangulación. También es posible una orden de inmovilización de los inmuebles para impedir su traslado o enajenación mientras dura la investigación.
Tercera etapa. Si la FGR determina que hay elementos suficientes para solicitar una orden de aprehensión, ese proceso tiene sus propios tiempos judiciales. Gálvez es exsenadora. No tiene fuero activo en este momento, desde que terminó su periodo legislativo en agosto de 2024. Eso simplifica el procedimiento porque no requiere desafuero previo, algo que en el pasado fue usado sistemáticamente como mecanismo de protección por los cuadros del viejo poder político.
Hay un detalle que Harfuch mencionó casi al final de la conferencia y que pasó relativamente desapercibido en medio de los números del portafolio inmobiliario, pero que es el dato más explosivo de todo lo que se dijo. Dijo que la investigación no termina en Xóchitl Gálvez. Dijo que los registros de transferencias que la UIF reconstruyó incluyen nombres de terceros que participaron en la estructura de triangulación como operadores financieros, y que esos nombres van a ser parte de la investigación penal en su propia categoría. No dio los nombres. No lo hará hasta que el Ministerio Público lo autorice. Pero el hecho de que los mencionó, el hecho de que dejó abierta esa puerta de forma explícita frente a las cámaras, dice algo muy concreto sobre el alcance real de lo que la UIF encontró en once meses de análisis documental. Esta investigación no tiene un solo nombre. Tiene una red. Y Harfuch acaba de decirle a cada uno de los integrantes de esa red que sus nombres están en la carpeta.
Durante los años de la campaña presidencial de 2024, la figura de Xóchitl Gálvez fue construida con mucha deliberación como la encarnación de algo que la oposición necesitaba desesperadamente: una narrativa de autenticidad. La mujer indígena de Tepatepec que llegó lejos por mérito propio. La empresaria tecnológica que demostró que México podía producir innovación desde la base. La senadora que no tenía miedo de decir lo que pensaba en tribuna, aunque eso le generara enemigos. Esa narrativa fue el activo electoral más poderoso que la oposición tuvo en ese ciclo. Y fue construida con inversión mediática, con posicionamiento en redes, con entrevistas en medios nacionales e internacionales, con todo el aparato comunicacional que los sectores enfrentados a la cuarta transformación pueden movilizar cuando consideran que tienen un perfil con potencial real.
El problema con las narrativas construidas sobre autenticidad es que son las más frágiles de todas cuando la realidad aparece con documentos. No porque la historia personal de Gálvez sea inventada. Probablemente no lo es. Probablemente sí creció en condiciones difíciles. Probablemente sí trabajó para llegar donde llegó. Probablemente sí tiene una historia personal que en muchos aspectos es genuina. Pero una historia personal genuina de origen humilde no es incompatible con decisiones posteriores que convirtieron el acceso al poder público en un mecanismo de acumulación privada. Esas dos cosas pueden coexistir en la misma persona. Y cuando coexisten, la autenticidad del origen no absuelve el destino.
La defensa que los críticos de la cuarta transformación están construyendo esta tarde tiene tres piezas. Primera: que la investigación es políticamente motivada. Segunda: que Gálvez ya contestó estas acusaciones durante la campaña de 2024. Tercera: que las empresas tecnológicas operan en el sector privado y sus contratos son legítimos. Las tres piezas tienen el mismo problema: ninguna de ellas responde la pregunta central que Harfuch puso sobre la mesa esta mañana. La pregunta central no es si las empresas son reales. No es si ganaron licitaciones. No es si Gálvez habló o no del tema en campaña. La pregunta central es una sola: ¿con qué dinero se compraron 484 millones de pesos en activos inmobiliarios registrados a nombre de una subsidiaria que formalmente pertenece al ecosistema empresarial de Gálvez y que no aparece en ninguna de sus declaraciones patrimoniales?
Esa pregunta no tiene respuesta política. Tiene respuesta documental o no tiene respuesta. Y hasta esta tarde, ni Gálvez ni ninguno de sus representantes legales ha presentado una explicación documental de ese origen.
Los perfiles que chocan con el obradorismo van a seguir en los próximos días haciendo el ejercicio que siempre rehacen: construir una narrativa donde lo que parece evidencia es en realidad persecución, donde lo que parece investigación es en realidad revanchismo electoral, donde lo que parece una carpeta de 847 páginas es en realidad un instrumento del poder para silenciar a la oposición. Esa narrativa va a tener audiencia. Siempre la tiene. Pero tiene un límite muy concreto: no puede borrar las escrituras. No puede borrar las transferencias. No puede borrar los peritajes valuatorios que ya están en el expediente de la Fiscalía General de la República.
Los documentos existen. El expediente ya está ingresado. El proceso que sigue no lo decide Harfuch, ni lo decide ningún funcionario. Lo decide un juez federal ante quien la fiscalía va a tener que presentar su caso con todos los elementos de prueba que le fueron entregados esta mañana.
Harfuch no terminó su conferencia de prensa con una frase larga. Terminó con algo muy corto, muy directo, en el estilo que lo define: “El portafolio habla. Y no habla en el idioma de nadie que trabaje por un sueldo”. Dicho eso, cerró la carpeta, dio media vuelta y se fue. Sin preguntas de los medios. Sin sesión adicional. Sin adornos. El expediente ya estaba en camino a la Fiscalía General de la República. El trabajo estaba hecho.
Lo que viene después de esta mañana es una historia que apenas está comenzando. Con nombres que todavía no se han hecho públicos. Con un expediente que la fiscalía va a tener que trabajar en los próximos días. Y con 484 millones de pesos que tendrán que explicarse ante un juez. Porque los ladrillos no hablan, pero las escrituras sí. Y las escrituras ya están sobre la mesa.
