El Viernes Que Miriam Fue Golpeada Por Su Jefa Frente A 25 Compañeros
El Viernes Que Miriam Fue Golpeada Por Su Jefa Frente A 25 Compañeros
La puerta de la sala se abrió. Miriam entró sin sospechar. Atrás, una policía se colocó en silencio. No hubo advertencia. Solo manos sujetando sus muñecas por la espalda. Luego, la cara de la alcaldesa se acercó a la suya. El primer golpe sonó seco. Los 25 testigos no se movieron. Nadie intervino. Nadie ayudó. El uniforme de la presidenta municipal no era una armadura, pero ese viernes 2 de mayo de 2025, Selene Hernández Herrera creyó que sí. Golpeó a Miriam Rodríguez González, psicóloga del DIF, frente a sus compañeros de trabajo, frente a 25 personas que vieron cómo el poder se convertía en puños. Lo que esa mujer no sabía era que Miriam tenía algo más fuerte que su cargo: un teléfono, un video y la decisión de no callarse. Un año después, la alcaldesa escuchó una sentencia que no podrá apelar con votos ni influencias: 5 años y 5 meses de prisión.
Capulhuac, Estado de México. Tierra de la barbacoa. Un municipio trabajador, familiar, con calles de polvo y orgullo. Como todos los pueblos del país, tenía sus propias grietas políticas, sus redes de lealtad local, sus rencores entre vecinos. Pero nadie, absolutamente nadie, podía anticipar la violencia que estallaría un viernes de mayo en una sala de juntas del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). Ese lugar, concebido para proteger a niñas, niños y familias vulnerables, se convertiría en el escenario de una humillación que daría la vuelta al país.
Miriam Rodríguez González era psicóloga adscrita a la Unidad de Apoyo Psicológico de una estancia infantil. Una servidora pública que dedicaba su jornada a brindar apoyo emocional a los más pequeños. Tenía un cargo específico, responsabilidades claras, y una historia laboral impecable. Era exactamente el tipo de persona que el gobierno municipal debería proteger. Del otro lado del escritorio simbólico estaba Selene Hernández Herrera, presidenta municipal de Capulhuac desde 2024. Había llegado al poder postulada por una coalición del Partido del Trabajo, el Partido Verde y Morena. En sus manos recaía la autoridad sobre recursos humanos, policía municipal, el DIF y todos los servidores públicos. Era, formalmente, la máxima autoridad del municipio.
También estaban en ese cuadro dos personas más: Andrea Shanti Anzástiga Hernández, hija de la alcaldesa —sin cargo público formal, pero con acceso directo al poder a través de su madre— y Ana Lucía Ríos Cano, policía municipal uniformada y en activo, con autoridad para actuar en nombre del Estado.
Ese viernes comenzó como cualquier otro día laboral en la estancia infantil del barrio de San Miguelito. El personal del DIF había sido convocado a una reunión de trabajo. El orden del día parecía rutinario: evaluar las actividades realizadas durante la celebración del Día del Niño. Una junta del tipo que ocurre cada semana en cualquier institución pública. Miriam Rodríguez González acudió sin sospechar nada. No había motivo para hacerlo. Era su lugar de trabajo, sus compañeros de siempre, un espacio conocido. Llegó puntual, como era su costumbre. El resto del personal también estaba ahí. Veinticinco personas, todas parte de la comunidad laboral del municipio.
Lo que ocurrió a continuación quedó documentado de múltiples maneras: testimonios de testigos presenciales, registros en video, y la investigación posterior de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). En un momento dado, se presentó en el lugar la entonces presidenta municipal Selene Hernández Herrera, acompañada de su hija Andrea y de la policía Ana Lucía Ríos Cano.
La reunión de trabajo se convirtió en una trampa.
Según la relatoría oficial de la CODHEM en su Recomendación 14/2025, lo que sucedió fue lo siguiente: la policía Ana Lucía Ríos Cano se colocó detrás de Miriam y la sujetó de las manos, inmovilizándola completamente, impidiéndole moverse, defenderse o huir. Con Miriam sujeta e indefensa, Selene Hernández Herrera comenzó a insultarla y a golpearla físicamente. Su hija Andrea también participó en la agresión física. Todo ocurrió frente a sus compañeras y compañeros de trabajo, frente a 25 testigos que observaron horrorizados. El silencio de la sala era tan denso que los golpes se oían como disparos.
¿Cuál fue el motivo? Según declaraciones del padre de Miriam, René Rodríguez, quien habló públicamente días después, la alcaldesa habría actuado movida por rumores de un supuesto romance entre su pareja sentimental y la propia víctima. Celos. En otras palabras, una presidenta municipal utilizó su cargo, a su hija civil y a una policía bajo sus órdenes para ajustar cuentas personales. La agresión no fue un arrebato improvisado. Fue planificada, coordinada y ejecutada con los recursos del Estado.
La violencia no se limitó a los golpes. Según la documentación de la CODHEM, durante o después de la agresión, la policía Ana Lucía Ríos Cano también despojó a Miriam de su celular, su tarjeta de banco, su credencial de elector y una mochila. A la violencia física se sumó el despojo de sus pertenencias personales. Y cuando terminó el ataque, ninguna autoridad presente, ningún servidor público en ese recinto le brindó auxilio a Miriam. La dejaron sola. Golpeada. Humillada. Despojada.
La CODHEM documentaría después que Miriam fue víctima de violencia de género: física, psicológica, sexual (por el componente de poder y sumisión), patrimonial, simbólica, digital e institucional. Todo en un mismo episodio. La institución que debería haber sido su refugio se convirtió en el escenario de su agresión más brutal.
Lo que ocurrió después del 2 de mayo en Capulhuac es una historia de valentía ciudadana, de evidencia que no pudo ser ignorada y de un sistema judicial que, en este caso, funcionó. Miriam Rodríguez González no guardó silencio. Golpeada, con los ojos y la boca amoratados e hinchados, tomó la decisión de grabar un video y publicarlo en redes sociales. En ese video, con las marcas visibles de la agresión en el rostro, narró con voz serena pero firme lo que había ocurrido. Señaló directamente a la alcaldesa y a sus acompañantes como responsables. Y con una claridad que impresionó a quienes lo vieron, declaró: “No quede impune lo que la alcaldesa Selene y dos mujeres más hicieron contra mí. Que se sepa el abuso de autoridad que ejerce, creyéndose intocable.”
El video se viralizó de inmediato. La comunidad de Capulhuac reaccionó con indignación. Grupos de vecinos se movilizaron hacia el palacio municipal para exigir la renuncia de la alcaldesa. La carretera Ocoyoacac-Tianguistenco-Tlazala fue bloqueada durante horas como medida de presión. Los regidores del municipio, en su mayoría, se pusieron del lado de la víctima y exigieron al gobierno estatal que interviniera. Miriam expresó también su temor por su seguridad y la de su familia, y advirtió públicamente que si llegara a sufrir cualquier otra agresión, haría responsable directamente a la edil.
Paralelo a esto, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México inició una investigación de oficio. El organismo documentó los hechos a través de videos y notas periodísticas, recopiló testimonios y, el 31 de agosto de 2025, emitió la Recomendación 14/2025, un documento formal que concluyó que Miriam Rodríguez González fue víctima de tratos crueles, inhumanos y degradantes, y que se habían vulnerado sus derechos a la integridad y seguridad personal, su derecho como mujer a una vida libre de violencia y el derecho ciudadano a un buen gobierno. La CODHEM recomendó al Ayuntamiento de Capulhuac implementar políticas públicas para erradicar la violencia de género, ofrecer una disculpa pública institucional y compensar a la víctima.
El 10 de septiembre de 2025, el cabildo de Capulhuac aprobó por unanimidad aceptar la Recomendación 14/2025. El 30 de septiembre de 2025, en un acto solemne encabezado por la presidenta municipal interina Sarita Arellano Hernández, el Ayuntamiento ofreció formalmente una disculpa pública a Miriam Rodríguez González. “Ofrezco este desagravio en nombre del Ayuntamiento de Capulhuac a Miriam Rodríguez González, a su familia y a sus infancias por las graves violaciones a sus derechos humanos”, declaró la presidenta interina ante la comunidad.
Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México había iniciado su propia investigación. La denuncia presentada por Miriam ante el Ministerio Público a inicios de mayo de 2025 puso en movimiento la maquinaria judicial. Las autoridades identificaron a las tres responsables, recabaron testimonios de los 25 testigos presentes en la reunión y construyeron un expediente que documentaba no solo la agresión física, sino el abuso de autoridad cometido por quien ostentaba el más alto cargo municipal.
La reacción de Selene Hernández Herrera ante las denuncias fue, en principio, la de una funcionaria que no creía que las consecuencias llegarían a tocarla. En los días siguientes al 2 de mayo, ella y sus allegados no emitieron declaraciones públicas sobre el incidente. Fue solo la presión social masiva, los bloqueos en carreteras, la protesta ciudadana frente al palacio municipal y la demanda del propio cabildo lo que la obligó a actuar. A mediados de mayo de 2025, Selene Hernández solicitó licencia por 90 días alegando asuntos personales. El cabildo aprobó la licencia y designó a Sarita Arellano Hernández, tercera regidora, como presidenta municipal por ministerio de ley.
Reginaldo Sandoval Flores, comisionado político nacional del Partido del Trabajo en el Estado de México, condenó públicamente las agresiones y solicitó una investigación imparcial, pidiendo que el proceso se realizara sin interferencias ni encubrimientos. La distancia del partido de Selene con ella era ya un hecho público. Pero la alcaldesa no aceptó su situación. A principios de junio de 2025, intentó retomar el cargo en el palacio municipal. Los regidores se lo impidieron. Lejos de ceder, optó por una maniobra que muchos calificaron de ilegal y autoritaria: instaló una sede alterna de gobierno en la Casa de Cultura Leona Vicario, en la delegación de San Miguel Almaya, desde donde seguía convocando a sesiones de cabildo con funcionarios afines y el secretario del Ayuntamiento. También tomó el control de las redes sociales institucionales para transmitir sus propios eventos. Capulhuac vivió entonces una situación inédita: dos centros de poder en el mismo municipio, dos versiones de quién gobernaba, y una profunda incertidumbre institucional.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México se movió con rapidez. Una orden de aprehensión fue expedida en contra de Selene Hernández Herrera, Ana Lucía Ríos Cano y Andrea Shanti Anzástiga Hernández. El 24 de junio de 2025, a las 14:44 horas, elementos de la Fiscalía Central de Atención Especializada ejecutaron la orden de captura mientras Selene encabezaba un acto público en San Miguel Almaya. Según fuentes cercanas al proceso, durante su detención habría intentado presionar a los agentes e incluso ofrecer sobornos, situación que fue documentada y que reforzó la determinación del Ministerio Público de solicitar medidas cautelares estrictas.
El 25 de junio, las tres mujeres ingresaron al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. El 27 de junio, un juez de control dictó prisión preventiva justificada para Selene Hernández, basándose en el dictamen de riesgo procesal presentado por el Ministerio Público, que argumentó que la imputada representaba un peligro de obstrucción a la justicia, dada su autoridad sobre el cuerpo policial y su aparente capacidad para manipular el proceso. El juez aceptó los argumentos y ordenó que permaneciera internada en el Centro Penitenciario Santiaguito, en Almoloya de Juárez, mientras el caso continuaba su curso. A partir de ese momento, la presidenta suplente Norma Ortega Ortiz asumió las funciones formales de gobierno municipal, y el proceso penal avanzó de manera sostenida durante casi un año.
Durante los meses que siguieron a la detención, el proceso judicial avanzó con una solidez que no dejó espacio para maniobras dilatorias. La Fiscalía construyó su caso con meticulosidad: recabó los testimonios de los 25 servidores públicos del DIF que estuvieron presentes en la sala; aseguró los registros en video que documentaban los hechos; incorporó la Recomendación 14/2025 de la CODHEM como evidencia adicional del alcance y gravedad de las violaciones cometidas; y presentó ante el juez el acervo probatorio completo.
Ninguna de las tres acusadas logró desvirtuar lo ocurrido. Las pruebas eran sencillamente abrumadoras.
El 21 de mayo de 2026, casi exactamente un año después de los hechos, una autoridad judicial del Estado de México pronunció sentencia en el caso. No hubo forma de escapar al peso de las pruebas. 25 testigos presenciales. Registros en video. La Recomendación 14/2025 de la CODHEM. Y la investigación exhaustiva de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México. Todo conformaba un expediente irrefutable.
Selene Hernández Herrera fue declarada culpable del delito de abuso de autoridad en agravio de Miriam Rodríguez González. La sentencia: 5 años y 5 meses de prisión, la destitución definitiva del cargo de presidenta municipal de Capulhuac, y una multa de 12,445 pesos. Ana Lucía Ríos Cano, la policía municipal que inmovilizó a la víctima para impedir que se defendiera, recibió 3 años y 2 meses de prisión, la destitución de su cargo como policía municipal y una multa de 10,182 pesos. Andrea Shanti Anzástiga Hernández, hija de la alcaldesa, fue sentenciada a 2 años de prisión por el delito de lesiones y al pago de una multa de 11,314 pesos.
En ninguno de los tres casos se contemplaron beneficios sustitutivos. Las tres mujeres deberán cumplir sus condenas en prisión sin posibilidad de reducción de pena ni alternativas al encarcelamiento. El 22 de mayo de 2026, un día después de dictarse la sentencia, se celebró la audiencia formal de explicación de sentencia, un paso procesal que cierra el capítulo judicial del caso. Con la destitución oficial de Selene Hernández Herrera, la presidenta suplente Norma Ortega Ortiz asumió la conducción del Ayuntamiento para concluir el trienio 2024-2027.
La reacción en Capulhuac ante la sentencia fue de alivio. Vecinos que meses atrás habían bloqueado carreteras y tomado el palacio municipal para exigir justicia vieron confirmado lo que siempre supieron: que lo que ocurrió el 2 de mayo de 2025 fue un abuso de poder intolerable, y que ningún cargo público otorga impunidad para agredir, humillar y violentar a un ser humano. El padre de Miriam, René Rodríguez, quien desde el primer día habló con valentía y claridad sobre los hechos, fue parte de quienes buscaron que la verdad de su hija fuera escuchada. La psicóloga Miriam Rodríguez González, que enfrentó la agresión, grabó su propio testimonio con el rostro golpeado y tuvo el valor de publicarlo cuando hubiera sido mucho más fácil guardar silencio, fue el centro de este caso. Sin su decisión de no callarse, sin ese video que se viralizó en mayo de 2025, es posible que nada de lo que ocurrió después hubiera sucedido.
Este caso pone sobre la mesa preguntas que van más allá de Capulhuac. ¿Cuántas servidoras públicas en México son víctimas de violencia institucional por parte de sus superiores y deciden no denunciar por miedo a represalias? ¿Cuántas alcaldesas, presidentes municipales, funcionarios de distintos niveles se creen tan protegidos por su cargo que actúan como si las leyes no existieran para ellos? La sentencia contra Selene Hernández Herrera no resuelve estas preguntas, pero envía un mensaje que en México se repite muy pocas veces con tanta claridad: el abuso de autoridad tiene nombre, apellido y consecuencias penales reales.
Miriam Rodríguez González no solo fue víctima de una agresión. Se convirtió, sin buscarlo, en el símbolo de algo más grande: la posibilidad de que una mujer común, una trabajadora de una institución pública, sin cargo político ni recursos legales propios, pueda enfrentarse al poder municipal y ganar. Que la ley, cuando se aplica correctamente, puede ser más fuerte que la prepotencia de quienes creen que gobernar es un escudo contra la justicia.
Vale la pena recordar también que la CODHEM, al emitir su Recomendación 14/2025, estableció que el Ayuntamiento de Capulhuac debería implementar de manera permanente políticas públicas orientadas a erradicar la violencia de género al interior de sus instituciones, y que la recomendación debería ser considerada en los procedimientos administrativos futuros de las áreas involucradas. Esto no es solo una sanción, es un mandato de transformación institucional. Un municipio entero obligado a cambiar sus prácticas internas porque una presidenta municipal decidió que su cargo personal valía más que la dignidad de una empleada.
Capulhuac, la tierra de la barbacoa, quedará marcada en la memoria colectiva del Estado de México, no solo por sus tradiciones gastronómicas o su historia, sino por el día en que una psicóloga del DIF levantó la voz y puso fin a la carrera de una alcaldesa que pensó que podía golpear a su empleada frente a 25 testigos y quedar impune. No pudo. Y mientras Norma Ortega Ortiz asume las riendas del municipio para terminar el trienio, y mientras las tres sentenciadas cumplen sus penas en prisión, Miriam Rodríguez González puede seguir adelante con la certeza de que su valor no fue en vano, de que México, a veces, aunque tarde, hace justicia.
