EL SÚPERPOLICÍA DE MÉXICO AHORA DUERME EN UN PENAL...

EL SÚPERPOLICÍA DE MÉXICO AHORA DUERME EN UN PENAL PSIQUIÁTRICO SIN QUE NADIE EXPLIQUE POR QUÉ

EL SÚPERPOLICÍA DE MÉXICO AHORA DUERME EN UN PENAL PSIQUIÁTRICO SIN QUE NADIE EXPLIQUE POR QUÉ

Las condecoraciones ya no pesan. Las escoltas se fueron. La medalla al valor duerme en alguna caja olvidada. Hoy solo hay rejas. Y un silencio que nadie se atreve a romper. No hay conferencias de prensa, no hay reflectores, no hay agentes saludando al paso. Hay una celda en Morelos, una videoconferencia con abogados y la certeza de que el sistema que él mismo ayudó a construir ahora le aplica toda su fuerza.

Luis Cárdenas Palomino nació el veinticinco de abril de mil novecientos sesenta y nueve en la Ciudad de México. No vino de una cuna dorada ni de una familia con apellido en las placas de las calles. Estudió derecho en la Universidad del Valle, una institución privada que en esos años comenzaba a forjar a los tecnócratas que después gobernarían el país. Pero su verdadera escuela no fue el aula. Fue el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el CISEN, ese organismo de inteligencia que durante décadas ha sido la caja negra del Estado mexicano.

Entró en mil novecientos ochenta y nueve, a los veinte años. Recién salido de la universidad, con la cabeza llena de códigos penales y la ambición de quien sabe que en México el poder verdadero no está en los discursos, sino en la información. El CISEN era entonces, y sigue siendo, el ojo que no parpadea. Allí se aprende a escuchar sin ser escuchado, a ver sin ser visto, a mover los hilos sin que nadie sepa de dónde vienen los tirones. Cárdenas Palomino resultó ser un alumno excepcional.

En esos años de formación, conoció a un hombre que definiría el resto de su carrera. Genaro García Luna. El ingeniero que después se convertiría en el zar de la seguridad pública durante el sexenio de Felipe Calderón y que hoy cumple treinta y ocho años en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, la famosa ADX Florence, apodada la Alcatraz de las Rocosas. García Luna y Cárdenas Palomino se movían en los mismos círculos de inteligencia, compartían la misma fe en los métodos duros, la misma convicción de que el fin justificaba cualquier medio. Fueron una dupla letal durante más de una década.

Para el año dos mil uno, cuando el país todavía respiraba el cambio de siglo con la ilusión de que la alternancia política traería también alternancia en las formas de hacer justicia, Cárdenas Palomino ya era el primer director general de investigación policial de la recién creada Agencia Federal de Investigación, la AFI. No era un puesto menor. Era la cabeza de la inteligencia policial del país. Desde allí diseñó estructuras de inteligencia que nunca fueron completamente públicas, operativos que combinaban información de campo con datos filtrados desde las más altas esferas. Construyó equipos, manejó informantes, dirigió golpes mediáticos que la televisión nacional transmitía como si fueran capítulos de una serie de acción.

El punto más alto de su carrera pública llegó durante el sexenio de Felipe Calderón (dos mil seis a dos mil doce). La guerra contra el narcotráfico estaba en su fase más sangrienta. Los titulares de los periódicos hablaban de ejecuciones, de fosas clandestinas, de municipios enteros controlados por el crimen organizado. En medio de ese infierno, la figura del policía eficiente, incorruptible, valiente, se volvió una necesidad de Estado. México necesitaba creer que alguien podía ganar esa guerra. Cárdenas Palomino se convirtió en el rostro de esa creencia.

En agosto de dos mil nueve, el presidente Calderón le otorgó la medalla al valor. Fue la primera vez que un mandatario entregaba esa condecoración, y la eligió a él. Las fotos de la ceremonia muestran a un hombre de traje oscuro, corbata discreta, sonrisa medida. Al lado, el presidente con la banda tricolor cruzada sobre el pecho. Parecían dos pesos pesados del mismo equipo, dos hombres que entendían que la seguridad nacional no se construye con pañuelos de papel.

Un año después, en noviembre de dos mil diez, la comunidad de policías de América lo reconoció como el mejor policía de México. No era un título menor. Lo votaron sus pares, otros agentes que supuestamente sabían lo que significaba arriesgar la vida en cada operativo. Cárdenas Palomino aparecía en las portadas de las revistas especializadas, daba entrevistas donde hablaba de inteligencia, de coordinación, de resultados. Su rostro se volvió tan familiar como el de cualquier actor de telenovela. La diferencia es que él manejaba expedientes reales, con nombres reales, con muertes reales.

Durante esos años, miles de agentes estaban bajo su mando. Tenía acceso a los datos más confidenciales del país: las cuentas bancarias de políticos, los movimientos de los capos, las debilidades de los jueces, los secretos de los empresarios. La información es poder, y él tenía más poder que la mayoría de los secretarios de Estado. Coordinaba operativos que duraban meses, infiltrando agentes en las organizaciones criminales, construyendo casos que luego presentaba ante las cámaras como trofeos de caza.

Pero detrás de esa imagen de superpolicía, algo muy distinto estaba ocurriendo. Lo que se fue descubriendo sobre sus métodos, lo que los expedientes judiciales comenzaron a revelar años después, cambiaría todo lo que México creía saber sobre su guerra contra el narco.

Diciembre de dos mil cinco. México todavía respiraba el aire enrarecido del fin del sexenio de Vicente Fox, pero la maquinaria de seguridad ya estaba en marcha para lo que vendría después. En una fecha que los periodistas de nota roja recuerdan como una de las más vergonzosas en la historia policial del país, las cámaras de televisión nacional transmitieron en vivo la detención de Florence Cassés, una ciudadana francesa, y de Israel Vallarta, presentados como los líderes de una banda de secuestradores llamada “Los Zodiaco”.

Las imágenes eran perfectas. Los movimientos de los agentes parecían coreografiados. Los detenidos miraban al piso, sumisos, derrotados. Los conductores de noticias repetían los nombres de los capturados con la emoción de quien acaba de ganar la lotería. “Estos son los monstruos que aterrorizaban la Ciudad de México”, decían. “La policía federal ha dado un golpe histórico”.

Meses después, la verdad comenzó a filtrarse como agua podrida por las grietas de un muro mal construido. Todo había sido un montaje. La detención real había ocurrido un día antes, en completo silencio, sin cámaras, sin reflectores. Lo que el país vio en vivo fue una recreación, una puesta en escena, un acto de teatro callejero pagado con recursos públicos y transmitido por las televisoras como si fuera noticia.

Luis Cárdenas Palomino, entonces uno de los hombres fuertes de la AFI, estuvo en el centro de ese montaje junto a su jefe y aliado, Genaro García Luna. Supervisó la operación mediática, autorizó el uso de recursos para la recreación, firmó los papeles que convirtieron una detención real en un espectáculo de ficción. Nadie lo castigó por eso. Al contrario. El montaje fue tan bien recibido por la opinión pública que la fórmula se repitió en otros casos, otras ciudades, otros años.

Pero la puesta en escena televisiva fue solo la parte visible del iceberg. Lo que se investigó después fue mucho más grave.

Veintisiete de abril de dos mil doce. Cárdenas Palomino seguía siendo jefe de inteligencia de la policía federal, aunque su poder comenzaba a mostrar las primeras grietas. Ese día, según la acusación formal de la Fiscalía General de la República, ordenó que agentes bajo su mando torturaran a Mario Vallarta, hermano de Israel, a su sobrino Sergio Cortés Vallarta y a dos personas más vinculadas al caso de Los Zodiaco.

La tortura ocurrió en un domicilio de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México. No fue un exceso de un agente aislado, no fue una actuación descontrolada. Fue, según los documentos judiciales, una operación deliberada con un objetivo claro: extraer confesiones que sostuvieran la narrativa ya construida alrededor del caso. Las víctimas fueron sometidas a dolores físicos y psicológicos de manera sistemática. Les negaron agua, les aplicaron descargas eléctricas, los mantuvieron despiertos durante días, los amenazaron con matar a sus familias. Todo para que dijeran lo que Cárdenas Palomino necesitaba escuchar.

No era investigación policial. Era fabricación de culpables bajo la firma y el mando de quien se presentaba como el mejor policía del país.

Las declaraciones obtenidas bajo tortura fueron usadas en el juicio contra Israel Vallarta y Florence Cassés. Ambos pasaron años en prisión. Florence Cassés fue liberada en dos mil trece por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que determinó que su detención había violado el debido proceso. Había estado presa ocho años. Israel Vallarta salió libre en agosto de dos mil veinticinco, después de casi veinte años encerrado sin una sentencia firme que justificara tanto tiempo. Veinte años. La misma cantidad de tiempo que un homicida condenado pasa en la cárcel. Pero Vallarta no había matado a nadie. Solo había sido señalado por un sistema que prefería fabricar culpables antes que admitir sus errores.

Cárdenas Palomino, en cambio, no pasó ni un día en la cárcel por ese caso hasta que el brazo de la justicia, lento pero implacable, finalmente lo alcanzó en dos mil veintiuno. Y cuando llegó la sentencia, en agosto de dos mil veinticinco, fue de cinco años y tres meses de prisión. Una condena que, considerando el tiempo que ya llevaba detenido, prácticamente se cumpliría en octubre de dos mil veintiséis. Cinco años por arruinar veinte años de la vida de un inocente. Esa ecuación, para muchos críticos del caso, fue profundamente insatisfactoria.

Cinco de julio de dos mil veintiuno. Fraccionamiento residencial en Naucalpán, Estado de México. Las fuerzas federales, con apoyo de la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y el CNI, rodearon una casa en las primeras horas de la mañana. El operativo fue rápido, eficiente, quirúrgico. No hubo balacera, no hubo forcejeo. Los agentes entraron, identificaron al objetivo y lo sacaron esposado.

El video que el gobierno publicó ese mismo día mostró a un hombre irreconocible para quienes solo recordaban al funcionario pulcro de las conferencias de prensa. Luis Cárdenas Palomino tenía la barba prominente, descuidada, como si llevara semanas sin afeitarse. El cabello, largo y desaliñado, le caía sobre los hombros. La mirada, antes perforante, ahora parecía apagada, como si la noticia de su arresto no lo hubiera sorprendido, sino solo confirmado lo que ya sabía que iba a pasar.

Ese contraste entre la imagen del funcionario y el hombre arrestado lo resumía todo sin necesidad de palabras. El superpolicía ya no estaba. Quedaba un interno más, condenado a entrar al mismo sistema que durante años él había alimentado desde el otro lado de la mesa.

Fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número uno, conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. El mismo penal donde habían estado Joaquín “El Chapo” Guzmán, Rafael Caro Quintero y otras figuras de altísimo perfil del crimen organizado. Un penal de máxima seguridad, diseñado para quienes representan un riesgo alto. Cárdenas Palomino, que durante años había enviado a cientos de personas a ese mismo lugar, ahora ocupaba una de sus celdas.

Desde el primer día, el sistema penitenciario le aplicó lo que se llaman “medidas especiales de vigilancia”. No era un trato común. Era un régimen más estricto que el de la mayoría de los internos, justificado por las funciones que había tenido antes de su detención. Un tribunal federal determinó, y así quedó en los registros del caso, que por las funciones que desempeñaba, Cárdenas Palomino se encontraba en un estado de vulnerabilidad para su integridad física, incluso para su vida.

Dicho de otra manera: el sistema reconocía que un exdirector de inteligencia con el nivel de información que manejaba era un blanco potencial dentro del mismo sistema carcelario. Sabía demasiado sobre demasiadas personas. Sabía cómo se movían los dineros, cómo se compraban las voluntades, cómo se silenciaban las investigaciones. Esa información, si llegaba a manos equivocadas dentro de la prisión, podría costarle la vida.

Por esa razón, durante años intentó que lo trasladaran al Reclusorio Oriente de la Ciudad de México. Presentó amparo tras amparo en dos mil veintidós, dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro y dos mil veinticinco. Todos fueron negados. Los tribunales argumentaron que el Reclusorio Oriente no contaba con las medidas de seguridad especiales que su caso requería. Cada negativa era una derrota legal más y una confirmación de que iba a quedarse en un penal de máxima seguridad.

En El Altiplano, la rutina de un interno de alto perfil bajo vigilancia especial es notoriamente distinta a la de otros reclusos. Los internos viven en celdas individuales, tienen acceso limitado a actividades colectivas, y los movimientos dentro del penal están controlados de manera estricta. El contacto con el exterior, incluyendo visitas familiares y llamadas telefónicas, pasa por filtros de seguridad. No es un penal donde uno simplemente conviva con otros o tenga amplios márgenes de movimiento. Es una jaula dentro de una jaula.

El treinta de julio de dos mil veinticinco, Cárdenas Palomino fue trasladado junto con otros cuarenta y cinco a sesenta internos de El Altiplano a distintos penales del país. Días después se confirmó que su destino era el Centro Federal de Readaptación Social número dieciséis, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, también conocido como CFEREFSI (Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial), en el municipio de Ayala, Morelos.

Este centro tiene una particularidad que lo diferencia de todos los demás penales federales del país. Es el único penal en México diseñado específicamente para atender a internos con padecimientos de salud física y psicológica. Tiene servicios médicos y de hospitalización de tercer nivel. Cuando las autoridades penitenciarias trasladan a alguien a ese centro, generalmente es porque existe alguna condición de salud que requiere atención especializada.

Ese dato, confirmado por fuentes federales en agosto de dos mil veinticinco, abrió una pregunta que no ha tenido una respuesta oficial clara hasta mayo de dos mil veintiséis, fecha de este artículo. ¿Por qué enviaron a Luis Cárdenas Palomino específicamente al único penal federal con servicios médicos de tercer nivel? ¿Qué condición de salud tiene hoy? ¿Qué le está pasando al cuerpo y a la mente del hombre que alguna vez fue el superpolicía de México?

Las autoridades no han emitido ningún comunicado oficial al respecto. Ningún familiar ha hablado con la prensa. Sus abogados tampoco lo han mencionado en declaraciones públicas. Pero el traslado a un centro médico especializado habla por sí solo: algo en su condición física o psicológica requiere atención que un penal ordinario no puede brindar.

El CFEREPSI fue construido en mil novecientos noventa y cuatro y comenzó operaciones en mil novecientos noventa y seis. Tiene una superficie de poco más de cien mil metros cuadrados, con siete módulos, áreas deportivas, talleres, visita familiar, escuela y un área de servicios médicos y hospitalización. Fue diseñado para alojar hasta cuatrocientos sesenta internos. Según el diagnóstico de supervisión penitenciaria de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de dos mil veinticuatro, su población actual es de solo ciento veintinueve personas. No hay sobrepoblación, a diferencia de la mayoría de los penales mexicanos donde los internos duermen hacinados en espacios pensados para la mitad de personas.

Eso cambia bastante la experiencia de estar ahí. Más espacio significa menos tensión, menos violencia entre reclusos, menos competencia por recursos básicos. Pero no significa comodidad. Las celdas siguen siendo celdas. Las puertas se cierran con llave. Los horarios son fijos e inapelables. La libertad es un concepto abstracto que solo existe en los sueños.

En el CFEREPSI, Cárdenas Palomino comparte espacio con una población reducida que incluye personas con discapacidad psicosocial, internos con drogodependencia y otros perfiles que requieren atención especializada. Según los registros de dos mil veinticuatro, hay setenta y nueve internos con discapacidad psicosocial, veintiuno considerados inimputables, y otros sesenta con diagnóstico de drogodependencia. El resto son internos que, sin esas condiciones, fueron enviados ahí por necesidades de salud o por razones administrativas del sistema federal. Cárdenas Palomino está en esa última categoría: un interno federal que requería atención especializada, pero que no está clasificado como inimputable.

Sin embargo, el CFEREPSI no es un paraíso. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió la recomendación 140/2024 al órgano penitenciario federal por descuidos del personal de seguridad que derivaron en que un interno fuera agredido por otros reclusos. En otro caso documentado, un interno con problemas psicológicos murió por falta de atención y vigilancia adecuada. No es, por lo tanto, un lugar sin problemas. Para alguien que requiere condiciones especiales de seguridad por sus antecedentes, ese entorno no está exento de riesgos.

En los penales federales mexicanos, el reglamento establece tres comidas al día. La dieta básica incluye frijoles, tortillas, arroz, sopas y, en ocasiones, guisos con proteína. No es una dieta abundante ni variada. Los internos pueden complementar su alimentación a través de la tienda del penal si cuentan con dinero en su cuenta interna. Sin acceso a recursos del exterior, la dieta se limita estrictamente a lo que el sistema proporciona.

En febrero de dos mil veintitrés, la Unidad de Inteligencia Financiera intentó mantener bloqueadas las cuentas de Cárdenas Palomino, señalándolas por actividades irregulares. Sin embargo, un tribunal concedió un amparo que obligó a la Secretaría de Hacienda a desbloquearlas. El titular de la UIF en ese momento expresó públicamente su rechazo a esa decisión. Lo que eso implica es que, al menos hasta entonces, existía la posibilidad de que sus recursos financieros volvieran a estar disponibles para él.

Si Cárdenas Palomino mantiene acceso a sus recursos, su situación material dentro del penal sería distinta a la de alguien sin ningún tipo de apoyo económico. Podría comprar alimentos adicionales en la tienda, pagar por ciertos servicios, mejorar su calidad de vida dentro de los márgenes que el sistema permite. Pero las condiciones físicas del penal, los horarios, el régimen de vigilancia, son iguales para todos.

La rutina en el CFEREPSI incluye horarios fijos de levantada, alimentos, actividades y encierro. Los internos tienen acceso a talleres y actividades durante determinadas horas. El régimen de visitas familiares está permitido en días específicos con controles de seguridad estrictos. Las llamadas telefónicas son monitoreadas y limitadas en tiempo. No hay acceso a internet. El contacto con el mundo exterior pasa completamente por los filtros del sistema penitenciario.

Israel Vallarta, la persona a quien Cárdenas Palomino había torturado para fabricar una confesión, estuvo preso en el mismo penal durante el tiempo que él llegó a El Altiplano. Ambos compartieron espacio en el Centro Federal de Readaptación Social número uno. Cuando Vallarta fue liberado en agosto de dos mil veinticinco, declaró públicamente que había tenido un encuentro con Cárdenas Palomino dentro del penal. Dijo que no quiso confrontarlo. Dijo que confía en la justicia, como él la llamó, divina o kármica.

Una situación que pocas ficciones podrían superar en ironía. El torturador y su víctima, respirando el mismo aire, caminando por los mismos pasillos, durmiendo a pocas celdas de distancia. Vallarta decidió no buscar la confrontación. No porque tuviera miedo, sino porque, después de veinte años de encierro injusto, lo que menos necesitaba era más violencia en su vida.

Vallarta también reveló el día de su liberación que Cárdenas Palomino ya no estaba en El Altiplano desde el miércoles anterior. Dijo que salió por la mañana y que nadie dentro del penal sabía exactamente a dónde lo habían llevado. Días después se confirmó que había sido enviado a Morelos, al penal psiquiátrico. La coincidencia temporal no fue casualidad, según quienes analizaron los movimientos penitenciarios. Cárdenas Palomino fue trasladado dos días antes de que Vallarta saliera libre. Se buscaba evitar cualquier tipo de incidente o confrontación entre ambos durante el proceso de salida de Vallarta.

El hombre al que él torturó para fabricarle una confesión salió libre después de casi veinte años sin sentencia. Cárdenas Palomino, en cambio, fue trasladado a otro penal, donde hoy espera la resolución de los procesos que aún lo mantienen tras las rejas. La justicia kármica de la que habló Vallarta quizás no necesita tribunales para cumplirse.

En agosto de dos mil veinticinco, Cárdenas Palomino recibió una sentencia formal: cinco años y tres meses de prisión por el delito de tortura contra Mario Vallarta y otras personas. Fue hallado culpable de haber utilizado la tortura para obtener información y confesiones. Junto con él fueron sentenciados tres exagentes de la Policía Federal que operaron bajo sus órdenes, quienes recibieron cuatro años cada uno.

La sentencia fue formal, clara y definitiva para ese caso. Sin embargo, esa condena ya estaba prácticamente cumplida. Cárdenas Palomino fue detenido en julio de dos mil veintiuno, y la sentencia contempla ese tiempo ya purgado. Según los cálculos judiciales, su condena por el caso de tortura terminaría en octubre de dos mil veintiséis. Eso significa que si solo existiera ese proceso, estaría a pocos meses de poder quedar en libertad.

Pero hay un segundo proceso que lo mantiene en una situación radicalmente distinta.

Entre dos mil nueve y dos mil once, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, la ATF, introdujo miles de armas a México de manera encubierta con el objetivo de rastrearlas y llegar a los líderes del crimen organizado. El operativo, llamado Rápido y Furioso, fue un desastre total. La ATF perdió el rastro de las armas, y estas terminaron en manos de los cárteles mexicanos. Decenas de personas murieron con esas armas.

La acusación contra Cárdenas Palomino en este caso es por omisión. La Fiscalía General de la República sostiene que, dado su cargo como jefe de inteligencia de la Policía Federal, tenía la obligación de conocer e impedir el ingreso ilegal de armas al país, y que no lo hizo. Para los jueces que han revisado el caso, alguien con el nivel de poder e información que tenía durante la guerra contra el narcotráfico no podía simplemente decir que no sabía nada.

En enero de dos mil veinticuatro, una jueza de Sonora le otorgó la libertad en este caso por considerar que las pruebas presentadas por la FGR no lo señalaban directamente. Pero esa decisión fue revertida. Un tribunal federal concluyó en dos mil veinticinco que, por el cargo que ocupaba, era imposible que no supiera lo que estaba ocurriendo con el tráfico ilegal de armas. Para los jueces, no detenerlo también era una forma de responsabilidad.

En junio de dos mil veinticinco, se dictó auto de formal prisión por el caso Rápido y Furioso. Ese es el inicio formal del proceso judicial, no el final. Lo que viene ahora es el juicio oral, la presentación de pruebas, los alegatos y la sentencia. Ese proceso puede durar meses, incluso años, dependiendo de las complejidades del caso. En ese juicio, la Fiscalía General de la República tiene como principales evidencias documentos, videos y declaraciones de funcionarios de la ATF de Estados Unidos que participaron en el operativo.

Meses después, en octubre de dos mil veinticinco, Cárdenas Palomino intentó revertir la decisión con un nuevo recurso legal. No funcionó. Los jueces volvieron a cerrarle la puerta y dejaron claro que el proceso en su contra seguiría adelante. Con ese fallo, quedó confirmado que será sometido a juicio por el caso Rápido y Furioso.

Lo que eso significa en términos concretos es que, aunque su condena por tortura termine en octubre de dos mil veintiséis, el segundo proceso puede mantenerlo preso indefinidamente mientras se desarrolla el juicio. Los casos de esta complejidad en México pueden tomar años. Cárdenas Palomino, que en teoría podría quedar libre en unos meses, enfrenta la posibilidad muy real de seguir encerrado mucho más tiempo.

Además, en el horizonte existe la posibilidad de una extradición a Estados Unidos. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York ha señalado a Cárdenas Palomino de recibir millones en sobornos del Cártel de Sinaloa. Hasta mayo de dos mil veintiséis, México no ha extraditado a ningún exfuncionario en este caso. Pero el antecedente de Genaro García Luna, su exjefe, que fue extraditado y recibió treinta y ocho años de condena en Estados Unidos, pone esa posibilidad sobre la mesa.

Si México llegara a extraditar a Cárdenas Palomino, ese sería el modelo de lo que podría esperar: no una cárcel en Morelos, sino una prisión federal estadounidense de máxima seguridad, probablemente la misma ADX Florence donde García Luna cumple su condena en condiciones de aislamiento extremo. Hasta mayo de dos mil veintiséis, México no ha procesado ninguna solicitud formal de extradición para Cárdenas Palomino. Las autoridades mexicanas han dicho públicamente que están resolviendo sus casos dentro del sistema nacional, pero la situación puede cambiar, especialmente si termina cumpliendo sus condenas mexicanas sin que el segundo proceso concluya o si los procesos locales no prosperan de la manera que la fiscalía espera.

A diferencia de otros internos de alto perfil que han dado entrevistas o han hecho declaraciones desde la cárcel, Cárdenas Palomino ha mantenido un perfil completamente bajo desde el punto de vista público. No ha concedido entrevistas a medios de comunicación. Sus abogados son quienes hablan en su nombre en los registros judiciales. No hay cartas publicadas, ni mensajes a través de familiares, ni ningún tipo de comunicación pública directa de su parte desde que fue detenido en dos mil veintiuno.

Esa discreción puede leerse de varias maneras. Alguien con el nivel de información que manejó durante décadas sobre operativos de inteligencia, sobre vínculos entre el crimen organizado y el Estado, sobre personas que siguen en posiciones de poder, tiene razones estratégicas para no hablar. Cualquier declaración pública podría usarse en su contra en los procesos que tiene pendientes o podría abrir frentes que él prefiere mantener cerrados.

Lo que sí quedó registrado en los documentos del caso es la postura de su defensa: negación de responsabilidad en el caso Rápido y Furioso, argumentos de debido proceso en múltiples instancias y persistentes intentos de cambiar de penal. Todo eso habla de una estrategia legal de resistencia, de alguien que no ha aceptado públicamente los cargos y que sigue peleando cada resolución judicial. Pero esa pelea ha perdido en cada instancia importante hasta ahora.

En mayo de dos mil veintiséis, sin noticias oficiales sobre su estado de salud, sin declaraciones de su familia, sin entrevistas propias, Luis Cárdenas Palomino sigue siendo una figura que el Estado mexicano mantiene bajo reserva. Sus movimientos dentro del sistema penitenciario son informados a cuentagotas, generalmente a través de fuentes del gabinete de seguridad filtradas a medios de comunicación, no a través de comunicados oficiales del órgano penitenciario. Esa opacidad es en sí misma significativa. Un hombre que sabe tanto, que tuvo acceso a tanto, que sigue siendo un engranaje activo en procesos judiciales de enorme importancia, es tratado por el sistema como una pieza que hay que gestionar con cuidado. Y esa gestión ocurre lejos de los reflectores, en un penal en Morelos, mientras el tiempo pasa y los juicios siguen su curso.

El hombre que en dos mil diez fue aplaudido como el mejor policía de México, que recibió una medalla al valor de manos del presidente, que aparecía en televisión nacional anunciando capturas espectaculares, hoy vive una realidad diametralmente opuesta. No hay escoltas, no hay condecoraciones, no hay conferencias de prensa. Hay una celda en un penal psiquiátrico, una videoconferencia con abogados, y la certeza de que el sistema que él mismo ayudó a construir ahora se aplica sobre él con toda su fuerza.

Tiene cincuenta y siete años. Lleva casi cinco años preso. Enfrenta un segundo juicio que podría darle años adicionales de condena. Tiene el fantasma de una extradición sobre su cabeza. Y mientras tanto, en Morelos, el tiempo pasa. Las horas se miden con las comidas. Los días con los conteos de rutina. Los meses con las notificaciones judiciales que nunca son favorables.

El silencio que eligió podría ser su única defensa. O podría ser su condena más larga. Porque en el mundo de la inteligencia, el secreto es poder. Pero cuando ese secreto te mantiene encerrado, el poder se convierte en una jaula que tú mismo construiste.