EL SOBRE QUE HARFUCH NO ABRIÓ CONTIENE LO QUE MOREIRA CREYÓ ENTERRADO
EL SOBRE QUE HARFUCH NO ABRIÓ CONTIENE LO QUE MOREIRA CREYÓ ENTERRADO
4:33 de la mañana. Coahuila todavía dormía. Los camiones Sandcat de la Guardia Nacional cortaron el silencio en el kilómetro 287 de la carretera hacia el norte. No había sirenas. No había gritos. Solo el ruido seco de los candados al caer, uno por uno, sobre las puertas de una bodega industrial que nadie había abierto en años. Adentro, la luz fluorescente parpadeó al encenderse y reveló lo que nadie quería ver. 34 cajas rojas con el logotipo del gobierno de Coahuila. 23 fardos de dinero envueltos al vacío. 847 camisas rojas del PRI con el nombre de Moreira bordado en la espalda. Y en el fondo, pegado con cinta adhesiva dentro de la cuarta caja azul, un sobre manila que Omar García Harfuch sostuvo en la mano horas después, frente a los micrófonos del Centro Nacional de Inteligencia, y que decidió no abrir frente a las cámaras. Ese sobre, dijo, está bajo análisis. Y cuando un secretario de seguridad muestra todo menos una cosa, esa cosa es la que va a tumbar lo que queda del piso.
Rubén Moreira Valdés no llegó al poder por accidente. Llegó porque en Coahuila el apellido Moreira es sinónimo de control territorial, de estructura partidaria enquistada y de esa forma particular de administrar el poder que el PRI perfeccionó durante 70 años. Su hermano mayor, Humberto Moreira, gobernó el estado de 2005 a 2011. El legado que dejó fue una deuda pública que se calculó oficialmente en más de 35 mil millones de pesos, contratada con bancos nacionales e internacionales bajo garantías que el estado no tenía y con documentación alterada. Humberto tuvo que renunciar a la presidencia nacional del PRI en 2011 por ese escándalo. Fue detenido brevemente en España en 2016 bajo cargos de lavado de dinero. Pero la familia sobrevivió. El apellido sobrevivió. Y Rubén tomó la estafeta.
De 2011 a 2017, Rubén Moreira gobernó Coahuila con un discurso de mano dura contra los Zetas. Habló de operativos coordinados con el ejército, de capturas significativas, de un gobierno que no se dobló ante el crimen organizado. Mientras tanto, detrás de las puertas cerradas de la tesorería estatal, ocurría otra cosa. Algo que hoy, después de una madrugada de cateos simultáneos, tiene nombre, fecha y contrato notariado. 38 transferencias de tierra pública. 1.8 millones de hectáreas. Nueve municipios. Y una diferencia de más de 7 mil millones de pesos entre lo que Coahuila entregó y lo que realmente debía.
Harfuch lo dijo con la frialdad quirúrgica que lo caracteriza: “Lo que encontramos no es evidencia de irregularidades administrativas aisladas. Es la evidencia de un sistema diseñado intencionalmente para transferir patrimonio público a manos privadas usando el poder del Estado como instrumento”. Eso tiene nombre en el Código Penal Federal: peculado y ejercicio ilícito del servicio público. Y los responsables, agregó sin mirar a nadie en particular, “van a responder ante la justicia sin importar desde qué curul operen hoy”.
El mecanismo no era complicado. Era simplemente descarado. Durante su sexenio, el gobierno de Rubén Moreira contrató préstamos con empresas privadas sin licitación, sin transparencia, sin control legislativo. Cuando llegó el momento de pagar, el estado argumentó falta de liquidez y propuso una dación en pago: en lugar de dinero, entregaría terrenos. Los avalúos de esos terrenos los realizaba el propio catastro estatal. La deuda se fijaba sin que una segunda parte independiente verificara su legitimidad. Y así, predio tras predio, la tierra de Coahuila pasó a manos de empresas que, en muchos casos, estaban controladas por los mismos funcionarios que firmaban las transferencias.
El caso más escandaloso salió a la luz en el Parque Industrial Frontera Norte, en el municipio de Frontera, a 287 kilómetros al noreste de Saltillo. El predio de 47 hectáreas había sido propiedad del gobierno estatal hasta el 14 de marzo de 2014. Ese día, según el contrato registrado ante el notario público número 38 de Saltillo, el gobierno lo transfirió a la empresa Desarrollos Industriales del Noreste, S.A. de C.V., a cambio de saldar un préstamo de 312 millones de pesos. El problema: el avalúo oficial del terreno, elaborado por la dirección de catastro, establecía su valor en 89 millones. La diferencia, 223 millones de pesos, no se justificó en ningún documento. No hubo licitación, no hubo segunda opinión, no hubo autorización del Congreso estatal, que según la Ley de Deuda Pública de Coahuila vigente en ese año era un requisito expreso para operaciones superiores a 50 millones de pesos. Simplemente se firmó, se selló, se registró. Y el predio dejó de ser del pueblo de Coahuila.
Ese predio no fue el único. Fue uno de 38. Los equipos de inteligencia patrimonial encontraron en los archivos del registro público, en los registros del catastro y en los contratos almacenados en el Archivo General del Gobierno del Estado una secuencia de operaciones ejecutadas entre el 3 de marzo de 2012 y el 27 de noviembre de 2016. 38 transferencias, todas bajo el mismo argumento (dación en pago), todas con avalúos que no correspondían a los montos reclamados, todas sin licitación, todas sin aprobación legislativa. La superficie total transferida suma 1,847,000 hectáreas distribuidas en nueve municipios. El monto estimado en valores de mercado actuales supera los 11,400 millones de pesos. El total de los préstamos que justificaron esas transferencias suma 4,200 millones. Coahuila entregó terrenos por más de 11 mil millones para saldar deudas de 4 mil millones. La diferencia, más de 7 mil millones, se evaporó en contratos con empresas privadas. No tiene ninguna explicación documentada que aguante el menor análisis legal.
No fue una ocurrencia de última hora. Las órdenes de inspección que los equipos ejecutaron esta madrugada fueron firmadas por un juez federal en la Ciudad de México a las 11:58 de la noche anterior. Pero la investigación detrás de esas órdenes llevaba seis semanas en marcha. Seis semanas durante las cuales los analistas de la Unidad de Inteligencia Patrimonial cruzaron archivos notariales, registros catastrales, actas de cabildo, declaraciones patrimoniales y contratos de crédito. Seis semanas de seguir el rastro de cada una de las 38 transferencias, de identificar a los notarios que las certificaron, a los funcionarios que las firmaron, a los representantes legales de las empresas receptoras.
Cuando los primeros equipos se movilizaron hacia sus objetivos a las 3:00 de la madrugada, no iban a ciegas. Iban con coordenadas exactas, con nombres de archivos específicos, con descripciones de cajones y estanterías. Alguien adentro del gobierno de Coahuila, en algún momento de los últimos años, había hablado. No hay otra forma de construir una lista de 38 predios con su historial de transferencias, sus avalúos alterados y sus empresas fachada sin información privilegiada. Esa persona todavía no tiene nombre público, pero su información fue la que permitió que esta madrugada, a las 4:33, los Sandcat se detuvieran frente a la puerta del parque industrial y los peritos bajaran con las órdenes en la mano.
Cuando las puertas de la primera nave cedieron después de 9 minutos de apertura forzada con aval judicial, los agentes de la Unidad de Inteligencia Patrimonial se encontraron con un archivo que parecía sacado de una pesadilla burocrática. 34 cajas de archivo color rojo, del tipo que usan los despachos jurídicos y los gobiernos estatales para documentación oficial, apiladas en dos hileras a lo largo de la pared norte. Cada caja etiquetada con fechas que van de 2012 a 2016. Cada caja sellada con cinta adhesiva institucional que todavía llevaba impreso el logotipo del gobierno del estado de Coahuila. El polvo sobre las tapas tenía el grosor de años de abandono, pero adentro, los papeles estaban intactos, como si alguien hubiera planeado volver a ellos algún día.
Los peritos abrieron la primera caja con guantes y cámaras encendidas. Adentro: contratos originales de adjudicación directa, expedientes de crédito con firmas de funcionarios del gobierno estatal, avalúos catastrales con fechas específicas y un documento que ninguno de los agentes esperaba encontrar. Se llamaba, según la portada, “Programa de retribución a colaboradores estratégicos”. Era un registro interno de pagos con listas de nombres, montos y fechas que se extendían desde 2012 hasta 2017. No era un recibo de nómina. No era un comprobante de honorarios. Era una lista manuscrita de personas que, según la lógica que los investigadores empezaron a reconstruir en el acto, recibían dinero del erario sin aparecer en la nómina oficial. Algunos de esos nombres ya habían aparecido en investigaciones anteriores. Otros eran completamente nuevos.
Pero lo que hizo que el comandante del equipo pidiera refuerzos no fueron las cajas rojas. Fueron los 23 fardos sellados al vacío que encontraron en la parte posterior de la nave, detrás de tres estantes metálicos llenos de cajas vacías usadas como pantalla. Cada fardo era un bloque compacto de billetes. El conteo preliminar, realizado por los peritos de la Fiscalía General en el sitio con testigos federales presentes, arrojó una cifra que hizo que el más veterano de los agentes silbara bajito: 48 millones de pesos en billetes de 500 y 1,000 pesos mexicanos, y 2.3 millones de dólares americanos en billetes de 100 y 50. Todo en efectivo. Todo guardado detrás de cajas vacías en una bodega que oficialmente pertenecía a una empresa desarrolladora de parques industriales. El dinero tenía la textura del que ha pasado de mano en mano sin entrar nunca a un banco. Los billetes de 500 olían a viejo, a humedad contenida, a años de estar quietos en la oscuridad.
Junto a los fardos de dinero, en tres costales grandes de plástico apilados cerca de la entrada secundaria, los peritos encontraron algo que no esperaban. 847 camisas de manga corta, talla única, de color rojo intenso. Cada una con el escudo del Partido Revolucionario Institucional bordado en el pecho izquierdo y con la leyenda “Coahuila con Moreira, empresa” en la espalda con letras blancas. 847 camisas de campaña política guardadas en una bodega industrial en un predio que legalmente pertenecía a una empresa privada desde 2014, almacenadas junto a casi 50 millones de pesos en efectivo y a tres décadas de contratos de tierra pública.
Las camisas no estaban solas. Junto a los costales había cuatro cajas de plástico transparente con listas impresas. Listas con nombres, números de teléfono, municipio de origen y, en la columna final de cada fila, una cantidad en pesos anotada a mano con bolígrafo negro. Los investigadores identificaron en las primeras revisiones que las cantidades anotadas oscilaban entre 150 y 400 pesos por persona. Las listas sumaban más de 14,000 nombres distribuidos en 17 municipios del estado de Coahuila. Harfuch no tuvo que explicar demasiado lo que eso significa. Todos en México saben lo que significa una lista con nombres, municipios y cantidades en efectivo guardada junto a camisas de un partido político. Es el registro de un operativo de acarreo. La evidencia documentada de que personas fueron llevadas a actos políticos y pagadas por presentarse con camisas del PRI incluidas, financiado desde una estructura que usaba tierra pública como materia prima para generar recursos que no aparecían en ningún presupuesto oficial.
El contraste era brutal. A un lado del país, familias coahuilenses buscaban a sus desaparecidos en fosas clandestinas. Al otro, el gobierno que debía protegerlas guardaba en una bodega industrial la prueba de cómo financiaba sus campañas a costa del patrimonio de todos. Las camisas estaban nuevas, algunas todavía con los dobleces de fábrica. Los billetes estaban ordenados por denominación. Las listas estaban impresas en papel bond de buena calidad. Nada era improvisado. Era un sistema.
A 4:51 de la mañana, 18 minutos después de que el primer equipo accediera a la nave en Frontera, un segundo grupo entró a un predio de uso agropecuario de 12,400 hectáreas en el municipio de Jiménez, al sureste de Coahuila. El predio había sido transferido en dación en pago el 9 de agosto de 2013 a la empresa Agroganadera del Centro Norte, S.A. de C.V., a cambio de saldar un crédito de 87 millones de pesos. El avalúo oficial del predio en ese momento era de 31 millones. Coahuila entregó 12 mil hectáreas de tierra ganadera por una deuda que valía menos de la mitad de la tierra entregada.
Dentro de las instalaciones de ese rancho, los peritos se encontraron algo diferente a las bodegas de Frontera, pero igual de revelador. Una casa principal de dos plantas, completamente equipada, con cocina industrial, cuatro cuartos con clima central, un generador eléctrico de respaldo y una sala de reuniones con una mesa de conferencias para 12 personas. En esa sala, sobre la mesa, había cinco carpetas de color verde olivo, sin logotipo, sin membrete, sin ningún identificador externo. Adentro: mapas catastrales de zonas específicas de Coahuila, algunos con anotaciones a mano en los márgenes que señalaban nombres de propietarios anteriores y valores estimados. Impresiones de correos electrónicos entre funcionarios del gobierno estatal y representantes de empresas privadas con fechas de 2013 y 2014. Y en la tercera carpeta, lo que los investigadores describen en el acta de inspección como un “listado de predios candidatos para futuras operaciones de dación en pago” con superficies, usos de suelo y valores de referencia. Algunos de esos predios fueron efectivamente transferidos en los años siguientes. Otros, según los registros del catastro actual, todavía son propiedad del gobierno del estado.
No era solo un patrón. Era un programa. Había una lista de predios seleccionados con anticipación, una metodología establecida para ejecutar las transferencias y una infraestructura física en territorio coahuilense diseñada para gestionar esas operaciones fuera de las oficinas gubernamentales visibles. Los correos electrónicos impresos tenían el lenguaje seco de la burocracia, pero entre líneas se leía la certeza de que nadie iba a revisarlos. Nadie iba a preguntar. Nadie iba a detenerlos.
En la segunda nave del parque industrial, de menor tamaño (640 metros cuadrados), los agentes encontraron un archivo diferente. No eran contratos de tierra. Eran documentos de operación política. Ocho cajas de archivo azul apiladas en el fondo de la nave contenían lo que los investigadores describen en el acta como “material de coordinación electoral”: estrategias de movilización por municipio, presupuestos de gasto en transporte y alimentación para eventos masivos, listas de coordinadores locales por zona y, en tres de las cajas, recibos de pago firmados a mano por personas cuyo nombre coincide con los que aparecen en las listas de acarreo encontradas en la primera nave. La letra era apretada, nerviosa, como la de alguien que firmaba cientos de recibos en una sola noche.
Pero las cajas azules no eran lo más grave. Lo más grave estaba en un sobre manila tamaño oficio que los peritos encontraron dentro de la cuarta caja, pegado con cinta adhesiva en el fondo del contenedor, debajo de una capa de documentos más recientes que lo ocultaban. Dentro del sobre: cuatro fotografías impresas en papel fotográfico de alta resolución, cada una con una nota escrita a mano al reverso, y dos hojas con texto mecanografiado, sin membrete, sin firma, con fechas de 2015. Los peritos lo inventariaron y lo resguardaron bajo cadena de custodia inmediata. Su contenido no fue divulgado en la conferencia de prensa.
Harfuch fue explícito al respecto: “Ese material está siendo analizado por la Fiscalía General y su contenido no se hará público hasta que los peritos determinen su autenticidad y relevancia para los procesos que se están abriendo”. Cuando un secretario de seguridad muestra todo menos una cosa y dice que esa cosa está bajo análisis especial, no lo hace por protocolo de comunicación. Lo hace porque esa cosa lleva a algún lugar que todavía no está listo para nombrarse en público. El sobre manila que Harfuch sostuvo frente a los micrófonos y luego guardó antes de terminar su conferencia es, en este momento, el objeto más valioso de toda la investigación. Porque las fotografías y las hojas mecanografiadas no hablan de tierra. No hablan de dinero. Hablan de personas. Y las personas que aparecen ahí, según fuentes cercanas al operativo, no están todas en Coahuila.
Los contratos desclasificados que Harfuch presentó esta mañana no incluyen solo los nombres de las empresas que recibieron los predios. Incluyen los nombres de los notarios que dieron fe de esas operaciones, los nombres de los funcionarios del gobierno estatal que firmaron como parte vendedora o cedente, los nombres de los directores de catastro que elaboraron los avalúos que justificaron las transferencias y, en 12 de los 38 contratos, los nombres de los representantes legales de las empresas receptoras.
Los investigadores de la Unidad de Inteligencia Patrimonial ya cruzaron esos nombres con los registros del SAT, con los registros del IMSS y con los padrones de funcionarios públicos del gobierno de Coahuila durante el periodo 2011-2017. Los resultados de ese cruce muestran que al menos 16 de los representantes legales de las empresas receptoras tienen vínculos directos con la estructura administrativa del gobierno de Moreira. Algunos fueron directores de área. Algunos fueron asesores con contrato de honorarios. Algunos fueron familiares de funcionarios en puestos medios. Ninguno aparece en ningún expediente de conflicto de interés porque en Coahuila, durante ese periodo, no había un mecanismo real de declaración patrimonial que obligara a reportar ese tipo de vínculos.
Las empresas que recibieron tierra pública no eran empresas externas al gobierno. Eran, en muchos casos, estructuras creadas o controladas por personas que formaban parte del mismo aparato que tomaba las decisiones de transferencia. Esa es la red que la Fiscalía General va a desmontar en los próximos meses. Los notarios que certificaron operaciones con avalúos alterados van a ser citados a declarar. Los funcionarios que firmaron contratos sin la autorización legislativa requerida van a tener que explicar por qué no la solicitaron. Y los representantes legales que prestaron su nombre para recibir millones de pesos en tierra pública van a enfrentar cargos por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Coahuila es un estado que tiene una de las tasas más altas de desaparición forzada en México durante los años de la guerra contra los Zetas, que coinciden exactamente con el periodo en que estas transferencias de tierra estaban ocurriendo. Miles de familias coahuilenses perdieron a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos. Hay colectivos de madres buscadoras en Torreón, en Saltillo, en Piedras Negras, que llevan más de 10 años rastreando fosas clandestinas en terrenos yermos del norte del estado. Algunos de esos terrenos que buscan están en zonas que coinciden geográficamente con los predios que aparecen en los contratos de transferencia.
No hay confirmación de que eso sea relevante para las desapariciones. Los peritos no han establecido ningún vínculo de ese tipo. Pero la coincidencia geográfica va a ser revisada como parte de las investigaciones que siguen. Y eso en sí mismo dice algo sobre el nivel de opacidad con que se gestionó el territorio coahuilense durante esos 6 años. Lo que sí es concreto es que esas hectáreas transferidas eran tierra de todos los coahuilenses. Tierra que podría haber sido utilizada para programas de vivienda rural, para desarrollo agropecuario comunitario, para infraestructura pública. Tierra que hoy está en manos de empresas cuyos vínculos con la administración que la entregó están siendo investigados.
Mientras esa tierra era entregada, el gobierno de Coahuila acumulaba más deuda. La misma deuda que justificó las transferencias seguía creciendo, porque las daciones en pago no resolvían el problema estructural del endeudamiento, solo convertían un pasivo financiero en un activo territorial que salía del estado. Al final del sexenio de Rubén Moreira, Coahuila tenía una deuda pública que rondaba los 52,000 millones de pesos. El doble de la deuda heredada del gobierno de su hermano. Y menos tierra pública que al inicio. Ese es el legado. No las capturas de los Zetas. No los operativos de seguridad. El legado es esa ecuación: más deuda, menos tierra, y una red de contratos que conecta al gobierno con empresas controladas por sus propios funcionarios.
Harfuch cerró la conferencia de prensa con una sola frase, dicha mirando directamente a las cámaras, con la carpeta todavía abierta sobre el podio: “La tierra de Coahuila pertenece al pueblo de Coahuila. Lo que se tomó con abuso del poder público se va a recuperar. Y quien la tomó va a explicar ante los tribunales exactamente cómo creyó que eso era posible”. El proceso de extinción de dominio sobre los 38 predios fue iniciado formalmente esta mañana a las 11:23. Los contratos originales están bajo resguardo de la Fiscalía General. La investigación está abierta.
Rubén Moreira Valdés, coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, uno de los rostros más visibles del choque contra la cuarta transformación, tiene hoy su nombre en una carpeta de investigación que no va a cerrarse con declaraciones desde la tribuna. Habló hace menos de tres semanas para cuestionar los métodos de investigación del gobierno federal. Esta mañana, esos métodos encontraron 48 millones de pesos, 2.3 millones de dólares, 847 camisas del PRI y un sobre manila que él creyó que nadie abriría jamás.
La siguiente pregunta, la que nadie puede responder todavía con certeza, es si los otros 11 predios inspeccionados esta madrugada van a añadir más nombres a esa carpeta. Si el sobre manila que Harfuch reservó para análisis interno va a conectar esta historia con algo que todavía no está en ningún titular. Los terrenos están decomisados. Los contratos están en manos de la Fiscalía. La historia de lo que viene después apenas está comenzando. Y en Coahuila, mientras los peritos siguen contando billetes y clasificando camisas, las madres buscadoras siguen cavando en el desierto. No por tierra pública. Por hijos. Ese es el país que los Moreira ayudaron a construir. Y ese es el país que ahora, lentamente, está siendo desenterrado.
