El Microbús Vacío, La Ventana Del Tercer Piso Y La...

El Microbús Vacío, La Ventana Del Tercer Piso Y La Columna Que Nunca Sanó

El Microbús Vacío, La Ventana Del Tercer Piso Y La Columna Que Nunca Sanó

El cable de computadora se rompió a los tres segundos. César Armando sintió el vacío antes de entender que estaba cayendo. Trece metros. El suelo del estacionamiento lo recibió con un ruido seco que ninguno de los policías dormidos alcanzó a escuchar. Fue el 27 de febrero de 2012, menos de 24 horas después de haber confesado frente a las cámaras que había atacado a ocho mujeres y asesinado a siete. Se había quitado las esposas, había amarrado cables de teléfono y computadora, había salido por una ventana del tercer piso de la subprocuraduría de Tlalnepantla. Creía que iba a bajar como en las películas. En cambio, su cuerpo golpeó el asfalto con la fuerza de quien ya no volvería a caminar igual. Tres vértebras lumbares se astillaron. Los talones se fracturaron. Pasó cinco días tirado en el piso de la casa de una tía, sin atención médica, en shorts, inmóvil. Cuando lo recapturaron el 3 de marzo de 2012, ya no podía levantarse. Esa fue la verdadera sentencia de El Coqueto. No los 296 años que después le daría un juez. Fue la caída. Porque hoy, catorce años después, en el penal de máxima seguridad de Tepachico, Estado de México, César Armando Librado Legorreta no camina. No recibe visitas. No tiene fecha de salida. Y su cuerpo —la columna operada, los talones rotos, la silla de ruedas que los reportes de 2020 ya documentaban— es la prueba viva de que a veces la justicia no necesita celdas para encerrar a alguien. A veces solo necesita una ventana abierta y un hombre que cree que puede huir de lo que hizo.

Para entender cómo un conductor de microbús se convirtió en uno de los feminicidas más perturbadores del Estado de México, hay que empezar por lo más simple: su normalidad. César Armando Librado Legorreta nació el 16 de junio de 1982 en Tenango del Valle, Estado de México. Hoy tiene 43 años. Creció en el área metropolitana del Valle de México. Formó no una, sino dos familias en paralelo: un hijo con una mujer llamada Mónica, y vivía con otra, América, con quien también tenía un hijo. En Tultitlán, en su vida cotidiana, era el chofer de siempre. Un hombre que madrugaba para tomar su microbús, hacía su ruta, regresaba y volvía a hacer lo mismo al día siguiente. Trabajaba en la ruta 2 del transporte público, la que conecta el metro Chapultepec en la Ciudad de México con Valle Dorado, en Tlalnepantla. También operó en la ruta 27. Esos recorridos los conocía de memoria. Sabía cuáles tramos eran más solitarios en la madrugada, cuáles zonas tenían menos iluminación, dónde podía desviar el microbús sin que nadie lo viera fácilmente.

Su unidad tenía matrícula CET-X 12-TL-06. Era un vehículo blanco con franjas verdes, como miles que circulan en esa zona. En el espejo delantero tenía pegada una calcomanía con la palabra “El Coqueto”. No fue un apodo que los medios inventaron ni un nombre que él mismo eligió como identidad criminal. Era literalmente el letrero decorativo que tenía en su propio vehículo, de esos que los choferes del transporte público en México usan para personalizar sus unidades. Ese letrero accidental terminó siendo la marca con la que lo conoce todo México.

A simple vista, la vida de un conductor de microbús en el Valle de México no tiene nada de extraordinario. Son jornadas largas, muchas veces comenzando antes del amanecer y terminando entrada la noche. Miles de pasajeros suben y bajan cada semana sin recordar siquiera el rostro de quien conduce. Es un trabajo agotador, rutinario y en muchos casos invisible. Las rutas que conectan la Ciudad de México con los municipios del Estado de México forman parte de la vida diaria de millones de personas. Estudiantes, trabajadores, comerciantes y empleados dependen de ellas para llegar a sus destinos. La confianza en el conductor es parte natural de ese sistema. Para quienes utilizaban esas rutas de forma habitual, César Armando era simplemente uno más entre cientos de conductores. Su presencia no generaba sospechas. No tenía antecedentes conocidos por quienes convivían con él. Tampoco proyectaba una imagen que llamara especialmente la atención.

Esa normalidad fue precisamente su mayor ventaja.

En esa ruta, de noche y madrugada, esperaba el momento adecuado. Cuando el microbús quedaba casi vacío y había una mujer sola a bordo, actuaba. Simulaba una falla mecánica. Bajaba a los demás pasajeros. Le ofrecía a ella llevarla hasta su destino si esperaba mientras “arreglaba” la unidad. Antes de llegar a donde ella quería ir, desviaba la ruta. Lo que ocurría después, él mismo lo describió con frialdad total cuando lo capturaron. Sin alterarse. Sin una lágrima. Con los ojos fijos en un punto de la pared.

Sus víctimas tenían entre 16 y 35 años. Tenían nombres. Tenían familias. Tenían vidas. Y hay algo sobre la primera de ellas que nadie esperaba: sobrevivió. En junio de 2010, atacó a una joven de 19 años en Tlalnepantla. La golpeó gravemente y la dejó creyendo que no había sobrevivido. Pero ella fingió estar muerta hasta que él se alejó. Después se puso a salvo y denunció. Esa denuncia no generó una captura inmediata, pero quedó en el expediente. Y la descripción que ella dio del agresor fue una pieza clave cuando las investigaciones se intensificaron meses después. El Coqueto nunca supo que esa primera víctima estaba viva. Y eso, con el tiempo, lo delató.

El primer asesinato confirmado ocurrió el 14 de julio de 2011. A partir de ahí, los crímenes se aceleraron. El 26 de noviembre, otra víctima. El 13 de diciembre, otra. El 30 de diciembre, otra. El 8 de enero de 2012, otra. El 18 de enero de 2012, la última. Seis fechas. Siete muertes. Blanca Elia Quintero Magaña, de 28 años, abogada que dedicaba su trabajo a ayudar a otras mujeres en un albergue temporal. Eva Cecilia, de 16 años, estudiante de bachillerato. Sirene Dayana Pulido García, madre soltera de dos hijas de 18 meses y 3 años, que trabajaba de madrugada como mesera para mantenerlas. Fernanda Navarrete Valladares, de 25 años. Patricia Briano Herrera, de 35 años, madre de tres hijos. Y una mujer que nunca pudo ser identificada, que terminó en una fosa común sin nombre.

Después de cada crimen, el Coqueto se llevaba las pertenencias de sus víctimas. Celulares, prendas de vestir, objetos personales. Los empeñaba o los llevaba a casa. Un celular lo empeñó en 500 pesos en una casa de empeño en Izcalli. Las prendas que robaba terminaron siendo usadas por su pareja América sin que ella supiera de dónde venían. Esa frialdad, esa capacidad de regresar a la vida doméstica cotidiana después de cada crimen como si nada hubiera ocurrido, es uno de los rasgos más perturbadores de su perfil.

El papel de la pareja del Coqueto fue determinante en su captura. América, la mujer con quien vivía, encontró un día un cartel pegado en un poste de luz en el que se pedía información sobre una mujer desaparecida. La foto en el cartel coincidía exactamente con una imagen guardada en uno de los celulares que César Armando le había regalado. Cuando lo confrontó, él le dijo que la mujer había olvidado el teléfono en el microbús. Ella no le creyó del todo. Cuando las autoridades la contactaron en el contexto de la investigación, colaboró con información que fue clave.

El 26 de febrero de 2012, la Procuraduría montó un operativo con 18 elementos y capturó a César Armando Librado Legorreta en el entonces Distrito Federal. Lo trasladaron a la subprocuraduría de justicia en Tlalnepantla. Esa misma noche, frente a las cámaras, lo presentaron ante los medios. Y él habló sin que nadie lo presionara. Con una frialdad que dejó sin palabras a quienes estaban en la sala. Confesó haber atacado a ocho mujeres y haber causado la muerte de siete de ellas “por miedo a que lo denunciaran”. Así, directo, sin rodeos, sin titubeos. Describió su método. Recordó detalles de cada caso. Confesó en qué empeñó el celular de una de las víctimas y cuánto obtuvo por él. Todo con la misma monotonía con que se describe el trabajo de cualquier día.

La captura se anunció como el cierre de uno de los casos más perturbadores del Valle de México en años. Las familias de las víctimas finalmente tenían respuestas. El Estado de México respiró. Pero esa tranquilidad duró exactamente una noche.

La madrugada del lunes 27 de febrero de 2012, menos de 24 horas después de la confesión pública, César Armando se fugó. No fue un escape cinematográfico con persecuciones y autos volando. Fue algo mucho más vergonzoso para el sistema de justicia. Los tres policías ministeriales que lo custodiaban se quedaron dormidos. El Coqueto esperó. Se quitó las esposas. Tomó cables de computadora y de teléfono que había en la habitación, los amarró para hacer una cuerda improvisada, salió por una ventana del tercer piso y trató de descender. Los cables no aguantaron su peso. Se rompieron. Cayó desde 13 metros de altura. Golpeó el suelo de pie.

El escándalo fue mayúsculo. El gobernador del Estado de México anunció la fuga en Twitter y pidió la pena vitalicia para cuando lo recapturaran. Se ofreció un millón de pesos de recompensa por información. Entre 500 y 600 elementos de la Policía Estatal fueron desplegados para buscarlo. El director de la Comisaría General de la Policía Ministerial fue cesado de inmediato. Los tres agentes que lo custodiaban esa noche fueron detenidos días después y procesados por negligencia y corrupción. Uno de ellos declaró que cuando se dieron cuenta de que el reo había saltado por la ventana, supieron que los culparían. Así que ellos también huyeron.

Con las fracturas que la caída le generó, en shorts, sin poder caminar correctamente, el Coqueto logró alejarse del edificio. Un conductor que pasaba por el área lo recogió sin saber quién era y lo llevó a la casa de su medio hermano en Tlalnepantla. De ahí pidió que lo llevaran a la casa de su padre, con quien casi no tenía contacto. Le confesó lo que había pasado. Su padre lo llevó a la casa de una hermana, la tía de César Armando. Ahí estuvo cinco días tirado en el piso, sin recibir ninguna atención médica.

El 3 de marzo de 2012, agentes de élite de la Procuraduría lo localizaron en la Alcaldía Magdalena Contreras en la Ciudad de México. Cuando rodearon el domicilio, el Coqueto no ofreció resistencia. No podía hacerlo. Estaba en el piso, en shorts, vendado de la cintura, inmóvil. Lo encontraron exactamente así: tirado, sin poder levantarse, cinco días sin atención médica, con tres vértebras lumbares destruidas y los talones fracturados.

El 4 de marzo de 2012, César Armando ingresó al área de enfermería del penal de Barrientos en Tlalnepantla. Días después, su estado era tan crítico que tuvo que ser trasladado en helicóptero al centro médico Adolfo López Mateos en Toluca. El traslado fue escoltado por 36 elementos entre policías estatales, ministeriales y custodios del penal. Los médicos que lo evaluaron confirmaron que necesitaba una cirugía mayor. Las tres vértebras en la zona lumbar estaban destruidas y ejercían presión sobre la médula espinal. Si no se operaba, podría quedar paralizado de manera permanente. Si se operaba, también existía ese riesgo.

El 13 de abril de 2012 fue intervenido quirúrgicamente. La cirugía duró casi 10 horas. El costo fue de 300,000 pesos pagados por la dirección de reclusorios del Estado de México. Es decir, con dinero público. Los médicos confirmaron después que sí volvería a caminar. Y así fue. Recuperó movilidad. Pero superar una cirugía de esa magnitud no es lo mismo que quedar sin consecuencias. Las vértebras destruidas no se regeneran. Una columna intervenida de esa manera queda estructuralmente comprometida de por vida. Y con el paso de los años, sin acceso a rehabilitación física especializada y continua, las condiciones tienden a deteriorarse. Eso es exactamente lo que ocurrió.

El 12 de diciembre de 2012, en una audiencia que comenzó a las 11 de la mañana y no terminó sino hasta después de las 8 de la noche, con un receso de 3 horas en medio, fue declarado culpable y sentenciado a 240 años de prisión. 40 años por cada una de las seis víctimas del proceso de Tlalnepantla: Sirene Dayana Pulido García, Blanca Elia Quintero Magaña, la menor Eva Cecilia, Fernanda Navarrete Valladares, Patricia Briano Herrera y una mujer no identificada. Pena acumulable, sin posibilidad de beneficios ni sustitutivos penales. Los procesos adicionales pendientes en otras jurisdicciones continuaron en los años siguientes y elevaron la condena total. Los reportes de 2024 mencionaron una condena acumulada de 296 años. Para ponerlo en perspectiva, tendría que vivir hasta el año 2308 para cumplirla en su totalidad. No hay ninguna posibilidad matemática de que salga de prisión en vida.

César Armando Librado Legorreta fue uno de los primeros condenados bajo las reformas al Código Penal del Estado de México que, en octubre de 2011, establecieron la prisión vitalicia para feminicidio y agresión sexual con agravantes. Su caso fue el laboratorio real de esa legislación.

Sus primeros dos años de condena los pasó en el penal de Barrientos en Tlalnepantla, recuperándose de la cirugía en el área de enfermería. En los penales mexicanos existe una jerarquía informal entre los propios reclusos. Los delitos cometidos contra mujeres suelen ser vistos de manera especialmente negativa dentro de la población penitenciaria. Están en el escalón más bajo de esa jerarquía. Para el Coqueto en Barrientos, esa realidad se manifestó en conflictos crecientes con otros internos. El Consejo Técnico Interdisciplinario evaluó su situación y determinó que debía ser reubicado. El 28 de marzo de 2014, bajo un operativo nocturno con estrictas medidas de seguridad, fue trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba Tepachico, en el municipio de Otumba, al nororiente del Estado de México. Este centro es de máxima seguridad y tiene módulos específicos para internos de alta peligrosidad. Ahí fue colocado directamente. Y ahí, hasta donde se sabe, en 2026 sigue.

Tepachico no es un penal cualquiera. Es uno de los nueve centros penitenciarios del Estado de México que han obtenido certificación de la Asociación de Correccionales de América, una organización que evalúa los centros de detención bajo 142 estándares internacionales. Esa certificación no se otorga de manera permanente. Hay que renovarla cada 2 años. En diciembre de 2023 y en abril de 2024, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México realizó supervisiones especiales al penal, verificando la calidad de los alimentos, las condiciones de los talleres y el respeto a los derechos de los internos. El Coqueto es uno de los 11 internos varones que alberga el módulo de alta peligrosidad.

Dentro de ese módulo, las condiciones son significativamente más restrictivas que en el resto del penal. Los internos con ese perfil no circulan libremente. No comparten áreas comunes con la población general. Cada movimiento que hacen fuera de su celda está registrado, supervisado y autorizado previamente. Eso significa que la mayor parte del tiempo de César Armando transcurre en un espacio muy reducido, con interacciones humanas controladas y bajo vigilancia constante.

La supervisión de abril de 2024 verificó que los internos reciben tres tiempos de comida al día: frijoles, arroz, sopas, tortillas, guisados sencillos. El penal tiene una cocina donde los propios internos participan en la preparación de los alimentos, una panadería interna y una tortillería también operadas por reclusos. No es comida de restaurante, pero tampoco es inanición. Para el Coqueto, sin visitas familiares, esa comida institucional es lo único que recibe.

Porque el Coqueto no tiene visitas. Desde que entró al sistema en 2012 no tiene comunicación con sus padres ni con sus hermanos. Su pareja América tampoco mantiene contacto. Él mismo lo confirmó en la entrevista de 2024. El aislamiento familiar es total y permanente. La ausencia de familiares no solo tiene un impacto emocional, también modifica aspectos muy concretos de la vida diaria. Muchos internos reciben artículos adicionales de higiene personal, ropa autorizada o pequeñas cantidades de dinero para compras permitidas. Cuando ese apoyo desaparece, la dependencia respecto a lo que proporciona la institución se vuelve mucho mayor.

El penal de Tepachico tiene talleres productivos donde los internos trabajan en carpintería, elaboración de pinzas de plástico para ropa, reciclaje de material, fundición de tapas de plástico para alcantarillas, costura y cocido de balones. Incluso confeccionan los uniformes que usan los propios internos del sistema penitenciario estatal. Pero el acceso a esos talleres para internos del módulo de alta peligrosidad como el Coqueto no es automático. Depende de evaluaciones periódicas de conducta y de riesgo. Tiene que ganarse ese acceso con un comportamiento que el sistema considere compatible con la dinámica del taller.

Y ahí entra la condición física. Si en 2020 los reportes ya lo situaban en silla de ruedas, su acceso a talleres que implican trabajo manual también depende de lo que su cuerpo pueda hacer. Un hombre con movilidad reducida severa no puede participar de la misma manera en una actividad de carpintería que un interno sin esas limitaciones. Esa combinación —perfil de alta peligrosidad y condición física comprometida— define un espacio de acción muy estrecho dentro del penal. Las secuelas físicas de la caída de 2012 no son solo un registro en un expediente médico. Forman parte de su realidad cotidiana. Cada desplazamiento, cada cambio de posición y cada actividad ocurre bajo las limitaciones que dejaron aquellas lesiones en la columna y en las extremidades inferiores.

Los especialistas en rehabilitación suelen señalar que las lesiones vertebrales severas pueden acompañar a una persona durante el resto de su vida. Con el paso de los años, el desgaste natural del cuerpo suele aumentar las dificultades de movilidad, especialmente cuando el acceso a tratamientos especializados es limitado. La caída que ocurrió durante su intento de fuga terminó convirtiéndose en una consecuencia permanente. Una consecuencia que continúa presente más de una década después.

En febrero de 2024, para el 12º aniversario de su captura, César Armando Librado Legorreta apareció en el podcast “Penitencia”, conducido por Saskia Niño de Rivera, un proyecto periodístico que documenta las historias de personas privadas de su libertad en México. El episodio se tituló haciendo referencia directa a sus 296 años de condena. Era la primera vez en años que hablaba públicamente sobre su vida y sus crímenes. Y lo que dijo fue a la vez esperado e inquietante.

Cuando le preguntaron cómo justificaba lo que había hecho, su respuesta resume perfectamente el perfil psicológico que los especialistas han descrito sobre él: “No sé ni en qué momento volví a regarla”. Y luego añadió algo que perturbó especialmente a quienes escucharon la entrevista: “Ni siquiera lo decides, ya cuando menos lo estás haciendo”. Esa manera de describir sus crímenes —como si fueran algo que le ocurrió a él en lugar de algo que él eligió y ejecutó— es una de las características de su perfil que los criminólogos han señalado desde 2012.

Habló de la adrenalina. Dijo que cuando uno actúa de esa manera, todo se te hace fácil, que la adrenalina lo impulsaba a repetir. Explicó que su cuarta víctima surgió porque ella no se quería bajar del microbús al terminar su turno, que él comenzó a desviarse de la ruta y que “lo demás simplemente pasó”. Esa descripción de los crímenes como algo que simplemente pasó, sin agencia propia reconocida y sin la asunción completa de la responsabilidad, es lo que más distancia sus palabras de lo que cualquiera esperaría de alguien que reconoce el daño que hizo.

También habló de lo que ocurre con crímenes similares que han ocurrido después del suyo. Los llamó “mis imitadores”. No como una declaración de orgullo, pero sí como el reconocimiento de que él estableció un patrón que otros repitieron. Y tiene razón en un sentido objetivo. El caso del Coqueto puso en el mapa público la violencia en el transporte público nocturno de una manera que antes no tenía esa visibilidad.

Sobre su vida actual dentro del penal fue más esquivo. Dijo: “Estoy en la cárcel pagando lo que hice y no queda más que salir adelante”. Una frase que suena a resignación práctica más que a arrepentimiento genuino. No mencionó a ninguna de sus víctimas por nombre. No habló de las familias de ellas. No hubo ninguna referencia específica a Blanca Elia, a Eva Cecilia, a Sirene Dayana, a Patricia. Solo lo que hizo en abstracto y el encierro que como consecuencia ahora vive.

También resultó evidente que la notoriedad pública que alguna vez tuvo prácticamente desapareció. Durante meses, su nombre ocupó titulares nacionales y abrió noticieros en todo el país. Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los casos criminales, la atención pública terminó desplazándose hacia nuevas historias. Hoy, gran parte de su existencia transcurre lejos de las cámaras y lejos del interés constante que alguna vez generó. La condena permanece exactamente igual, pero el foco mediático ya no está sobre él. Esa diferencia entre la fama repentina y el olvido progresivo forma parte de la realidad de muchos internos que alguna vez estuvieron en el centro de la conversación pública.

Llamó la atención que durante la entrevista dedicara mucho más tiempo a hablar del pasado que del presente. Cuando las preguntas se enfocaban en su vida actual, las respuestas se volvían más breves y menos detalladas. Esa diferencia no pasó desapercibida para quienes escucharon el episodio completo. También resultó evidente que el paso de los años ha cambiado la manera en que se presenta ante el público. Ya no se trata del hombre que apareció frente a las cámaras en 2012 describiendo sus actos con una frialdad que impactó a todo el país.

La pregunta de si el Coqueto puede salir algún día tiene una respuesta clara: no. Y no solo porque los números hagan imposible cumplir 296 años, sino porque la sentencia que recibió incluye expresamente la exclusión de cualquier beneficio. No puede acceder a sustitutivos penales. No puede aspirar a una preliberación por buena conducta. No existe ningún mecanismo ordinario del sistema penitenciario mexicano que le aplique. Esas exclusiones fueron establecidas en la sentencia de manera explícita, como consecuencia de las reformas al Código Penal del Estado de México que se aprobaron en octubre de 2011. El Coqueto fue uno de los primeros en enfrentarse a esa nueva legislación en toda su extensión. Su caso fue el primer laboratorio real de esa ley. Y el resultado fue una condena que en la práctica funciona como cadena perpetua, aunque formalmente no se llame así.

A los 43 años que tiene hoy, con esa condena, sin familia que lo visite, con una columna vertebral comprometida por las lesiones de 2012, en el módulo de alta peligrosidad de Tepachico, la realidad de César Armando Librado Legorreta es la de alguien que va a morir en ese penal. No es una opinión ni una predicción emocional. Es la consecuencia matemática y legal de sus propios actos y de la sentencia que recibió.

Existe una diferencia enorme entre cumplir una condena larga y cumplir una condena que en términos prácticos nunca termina. La mayoría de los internos conserva una fecha en el horizonte, un día que representa la posibilidad de volver a empezar. En el caso del Coqueto, esa referencia simplemente no existe. No hay un calendario marcado esperando una liberación futura. No hay una cuenta regresiva hacia el regreso a casa. Cada año cumplido representa únicamente otro año más dentro de la misma rutina. Y esa ausencia total de expectativa modifica profundamente la manera en que se experimenta el paso del tiempo.

Las familias de las víctimas llevaron el peso de este caso de maneras que pocas veces se documentan con el detalle que merecen. La madre de Eva Cecilia, la víctima de 16 años, estuvo presente en las audiencias. El día de la sentencia declaró que estaban conformes con la pena porque era acumulable y garantizaba que el Coqueto no saldría nunca. “No saldrá de prisión”, dijo. Esa frase resume lo que el sistema de justicia pudo ofrecerles. No la devolución de nadie. No el borrón de nada. Sino la certeza de que el responsable no volvería a tener acceso al mundo que destruyó.

Sirene Dayana Pulido García era madre soltera. Sus dos hijas de 18 meses y 3 años cuando ella murió. En 2026 tienen 15 y 17 años. Crecieron sin ella. Los hijos de Patricia Briano Herrera, la última víctima, son hoy jóvenes adultos que también crecieron sin su madre. Y hay una víctima que no tiene nombre, que terminó en una fosa común sin que nadie pudiera identificarla. Esa mujer es quizás el aspecto más invisible y más doloroso de todo el caso. No hay familia que haya tenido un cierre formal. No hay nombre en la sentencia que refleje su historia completa.

A junio de 2026, César Armando Librado Legorreta ha cumplido 14 años de prisión. 12 de esos años en el módulo de alta peligrosidad de Tepachico. Sin visitas. Sin comunicación familiar. Con una columna que carga las marcas de la caída que él mismo se causó al intentar escapar de la justicia. Con una condena de 296 años que nunca va a terminar. Sin la posibilidad legal ni matemática de salir. En una rutina que se repite día tras día en un espacio muy reducido. Sin el mundo que él eligió destruir noche tras noche entre 2010 y 2012.

Eso es lo que es El Coqueto hoy. No el chofer de microbús que saludaba a sus pasajeros con normalidad. No el hombre que saltó por la ventana pensando que podía escapar. Es un hombre de 43 años con una columna operada, en silla de ruedas, según los últimos reportes disponibles, en el módulo de máxima seguridad de un penal del Estado de México, pagando una condena que supera cualquier expectativa de vida humana. Eso es lo que hay. Eso es lo que el sistema determinó. Y en este caso, el sistema llegó exactamente donde tenía que llegar.