El Hombre Que Vendió Bolsas Para Muertos Por 148 D...

El Hombre Que Vendió Bolsas Para Muertos Por 148 Dólares Cada Una

El Hombre Que Vendió Bolsas Para Muertos Por 148 Dólares Cada Una

Una avioneta con matrícula alterada cayó del cielo. El piloto murió en el impacto. Un pasajero, con doce costillas rotas y una clavícula fracturada, intentó convencer a los médicos peruanos de que era otra persona. No lo logró. Pero cuando las autoridades levantaron su ficha, no encontraron a un narcotraficante con tatuajes y lenguaje cifrado. Encontraron a un organizador de campamentos juveniles para comunidades cristianas. Un hombre que había facturado millones al Estado ecuatoriano. Y también, según los archivos de la fiscalía, el asesor logístico del narcotraficante más poderoso del país. Lo que estás a punto de leer no es un caso de corrupción. Es el manual de instrucciones de cómo se destruye un país desde adentro sin que nadie se dé cuenta hasta que es demasiado tarde.

El 8 de junio de 2020, una avioneta Piper PA32 despegó desde Ecuador con destino a Perú. A bordo viajaban tres personas: un empresario buscado por la justicia, su novia modelo y un socio que sabía demasiado. El piloto se llamaba Alfredo Espinoza. No llegaría a su destino. La aeronave cayó en el sector del Bendito, en las afueras de Tumbes, cerca de esa franja de tierra caliente y polvorienta donde Ecuador termina y Perú comienza. El impacto fue brutal. El piloto murió. Los tres pasajeros sobrevivieron. Y uno de ellos, con el tórax destrozado, doce costillas fracturadas y una clavícula rota, intentó lo más absurdo que alguien en su situación podría intentar: hacerse pasar por otra persona en el hospital.

El torso del hombre era un mapa de dolor. Cada respiración debió ser un cuchillo clavándose entre las costillas rotas. Pero el miedo a ser identificado era más fuerte que el dolor físico. Le dijo al personal médico un nombre falso, una historia falsa, una nacionalidad falsa. Todo falso. Como la matrícula de la avioneta que acababa de estrellarse. Porque el aparato no llevaba sus números reales. Pertenecía a la familia de Alfredo Adum Siad, figura política cercana al expresidente Abdalá Bucaram. Pero los números pintados en el fuselaje correspondían a otra aeronave. Una identidad falsa volando a mil metros de altura. Una metáfora perfecta para describir toda la vida de Daniel Salcedo Bonilla.

Cuando las autoridades peruanas lograron identificar al hombre de las costillas rotas, encontraron algo que no esperaban. No era un narcotraficante con antecedentes de violencia. No era un capo con tatuajes y lenguaje cifrado. Era un empresario de eventos. Un organizador de campamentos juveniles para comunidades evangélicas. Un hombre que había cobrado millones al Estado ecuatoriano por organizar galas artísticas y producir memes institucionales. Un hombre que, según los archivos de la fiscalía, también era el asesor jurídico y logístico del narcotraficante más poderoso del país. Eso es lo que hace que esta historia sea diferente a todas las demás. No estamos hablando de un criminal que siempre fue criminal. Estamos hablando de alguien que construyó una fachada tan perfecta, tan sólida, tan rentable, que el Estado ecuatoriano le pagó durante casi una década sin hacer una sola pregunta incómoda. Y cuando por fin alguien empezó a hacer preguntas, Salcedo ya era indispensable para demasiadas personas en demasiados lugares.

Imagínate que el hombre que termina asesorando al narcotráfico más peligroso de Ecuador comenzó organizando campamentos para jóvenes cristianos. Sin título universitario. Sin experiencia técnica demostrable. Solo con una sonrisa, una empresa con las siglas de “Hijo del Creador” y un teléfono lleno de contactos en el gobierno. El año es 2009. Ecuador vive el apogeo de la Revolución Ciudadana de Rafael Correa. El gasto público se dispara. Los contratos con el Estado florecen como hongos después de la lluvia. Y en ese ambiente de dinero público circulando con velocidad y poca vigilancia, un joven emprendedor llamado Daniel Salcedo Bonilla funda junto a su socio Jorge Darío Sánchez Montiel una empresa de producción de eventos llamada HDC Producciones. Las iniciales significaban “Hijo del Creador”. La empresa nacía con una vocación declaradamente cristiana. Organizar campamentos, talleres y retiros espirituales para comunidades religiosas era una propuesta inofensiva, casi simpática, para un joven sin credenciales académicas que necesitaba un punto de entrada al mundo de los negocios.

Lo que nadie vio venir fue la velocidad con la que ese punto de entrada se convertiría en una autopista hacia los contratos del Estado.

Salcedo no tenía un título universitario registrado. No tenía una trayectoria técnica en comunicación, ni en producción audiovisual, ni en logística de eventos a gran escala. Tenía algo mucho más valioso en el Ecuador de esa época: relaciones. El tipo correcto de relaciones con las personas correctas en los momentos correctos. Y la capacidad de presentarse como lo que cada institución necesitaba ver. Entre 2012 y 2019, HDC Producciones obtuvo al menos treinta y un contratos con el Estado ecuatoriano. Treinta y uno. El monto acumulado superó los siete millones doscientos mil dólares. Esto no ocurrió mediante la libre competencia del mercado. Ocurrió mediante un relacionamiento político estratégico que Salcedo cultivó con una paciencia y una frialdad que solo se entienden cuando se ve el resultado final.

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones le pagó tres millones y medio de dólares por publicidad, eventos e imagen institucional. La gobernación del Guayas, bajo la gestión de Rolando Panchana, le transfirió dos millones setecientos mil dólares por la planificación y producción de actos públicos. La Contraloría General del Estado, en la época de Pablo Selli, sumó un millón ciento cincuenta mil dólares más por organización de eventos y servicios comunicacionales. Y eso era solo el principio. En los archivos de la Superintendencia de Compañías, el nombre de Salcedo y el de sus allegados aparecían conectados a una red de al menos diez empresas en Ecuador y tres más en el Estado de Florida, en Estados Unidos. Estas no eran empresas reales en el sentido operativo del término. Eran compartimentos estancos. Cada una diseñada para recibir una fracción del dinero público, procesar una parte de la operación y evitar que cualquier auditoría pudiera seguir el rastro completo del flujo de fondos.

Entre sus socios de negocios figuraba la familia Bucaram. Salcedo y miembros de ese clan político compartían acciones en al menos una empresa llamada Sabapro.com, dedicada al sector de restaurantes. Era el tipo de vínculo que no aparece en ningún contrato oficial, pero que explica por qué las puertas de ciertas instituciones siempre parecían estar abiertas para HDC Producciones. Salcedo entendió desde temprano una regla fundamental del sistema que lo rodeaba: en Ecuador no importa tanto lo que sabes hacer como a quién conoces y cuánto puedes darle. Él no compró talento ni tecnología. Compró acceso. Y el acceso, en un Estado que distribuía contratos sin mayor control, valía mucho más que cualquier título universitario. El problema con construir un imperio sobre favores y contactos es que nunca puedes dejar de pagar. Cada puerta que te abren tiene un precio. Y cuando el dinero público ya no alcanza para cubrir todas las deudas, empiezas a buscar otros proveedores. Los que no hacen preguntas. Los que pagan en efectivo. Los que controlan las cárceles.

Para marzo de 2020, la pandemia de COVID-19 convirtió a Guayaquil en el epicentro de una crisis humanitaria sin precedentes en la historia reciente de América Latina. Las imágenes de cadáveres en las calles, de féretros improvisados con cartón, de familias que no podían recuperar a sus muertos, circularon por todo el mundo. El sistema de salud pública colapsó en cuestión de días. Y en ese momento exacto, cuando la urgencia era máxima y los controles eran mínimos, la organización de Daniel Salcedo activó su mecanismo más depredador.

Mientras Guayaquil contaba sus muertos en bolsas de basura porque no había morgue para tanta gente, alguien dentro del sistema de salud firmó un contrato para comprar bolsas para cadáveres a ciento cuarenta y ocho dólares con cincuenta centavos la unidad. El precio real de mercado era de diez dólares con cincuenta centavos. Ciento cuarenta y ocho con cincuenta frente a diez con cincuenta. Eso es un sobreprecio del mil trescientos once por ciento. No es un error de cálculo. No es una estimación apresurada bajo presión. Es una cifra que solo puede existir cuando alguien, deliberadamente, con plena conciencia de lo que está haciendo, decide que la muerte ajena es una oportunidad de negocio.

El hospital de Los Ceibos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social necesitaba insumos de emergencia. Bolsas para cadáveres. Trajes de bioseguridad. Mascarillas. Todo lo que faltaba y todo lo que el pánico hacía imposible de conseguir con tiempo para comparar precios. El proceso de compra de emergencia, con número de referencia HGNG-CREE-2020-00100, adjudicó cuatro mil bolsas para el embalaje de cadáveres adultos a un precio unitario de ciento cuarenta y ocho dólares con cincuenta centavos. La arquitectura del fraude estaba diseñada para que el dinero viajara y se perdiera en múltiples capas antes de llegar a su destino final. El contrato fue adjudicado a Silverti S.A., representada por Sandra Ortega Romo. Pero el dinero público no se quedó en Silverti. Desde allí, los fondos fueron transferidos a Bioimsia Ltda., empresa vinculada a Lenin Romo Guzmán y a un hombre llamado Alejandro Baraona Rodríguez. Baraona era accionista de otra empresa llamada Ecap Medic y uno de los hombres de confianza más cercanos de Daniel Salcedo.

La triangulación era perfecta en papel. Silverti recibía el dinero del Estado. Silverti lo movía hacia Bioimsia. Bioimsia lo procesaba hacia la red de Salcedo. Y en cada punto de la cadena había un funcionario del hospital dispuesto a firmar los documentos sin hacer preguntas incómodas. Susana Mera León y Johanna Vinuesa eran los nombres en los formularios que validaban el proceso administrativo, ignorando las normativas de contratación pública. La Fiscalía calculó después lo que se habría podido comprar con el monto del sobreprecio. Con esos fondos desviados, el sistema de salud habría podido adquirir cuarenta y cinco mil trescientos treinta y tres trajes de bioseguridad. O ciento treinta y ocho mil setenta y una mascarillas KN95. Insumos que faltaron. Insumos que médicos y enfermeros pidieron desesperadamente mientras atendían a los contagiados sin protección adecuada. El dinero de ese negocio, el dinero que debió comprar protección para quienes salvaban vidas, terminó en cuentas bancarias en Florida.

Pero el negocio de los hospitales no era el único frente que Salcedo operaba en paralelo.

Mientras la mafia de los insumos médicos facturaba con la pandemia como telón de fondo, Salcedo había comenzado a prestar servicios de naturaleza completamente diferente a un cliente cuya identidad no aparecía en ningún contrato formal. Leandro Norero Tigua, conocido en los círculos del crimen organizado como “El Patrón”, era en ese momento el narcotraficante más poderoso de Ecuador. Controlaba rutas de exportación de cocaína. Tenía funcionarios públicos en nómina. Manejaba negocios de lavado de activos que atravesaban el sistema financiero ecuatoriano como agua entre los dedos. Y necesitaba a alguien que supiera moverse dentro del Estado. Alguien que conociera los contratos públicos, los procesos judiciales y los nombres de los jueces que podían ser convencidos. Salcedo era ese alguien.

Su conocimiento del sistema de contratación pública, su red de contactos en la administración de justicia y su capacidad para estructurar empresas ficticias eran exactamente lo que “El Patrón” necesitaba para blindar su operación. En los chats que más tarde encontrarían en los dispositivos de Norero, Salcedo era llamado “Ñaño”. Se jactaba de los jueces que tenía a su servicio. Describía con detalle cómo alterar exámenes médicos para conseguir traslados de cárcel. Cómo dilatar procesos judiciales con certificados falsos. Cómo infiltrar empresas públicas como Petroecuador.

La función de Salcedo en la estructura de Norero tenía varias dimensiones simultáneas. Era gestor de sobornos: coordinaba los pagos a magistrados para obtener fallos de hábeas corpus. Era arquitecto de lavado: usaba sus empresas de eventos para introducir dinero del narcotráfico en el sistema financiero formal. Era asesor en contratación: facilitaba la infiltración en sectores estratégicos del Estado. Y era experto en dilación: usaba toda la maquinaria legal a su disposición para mantener a sus socios fuera de las celdas, o al menos en las celdas equivocadas.

¿Crees que sabes cómo funciona la corrupción? ¿Crees que es un funcionario con un sobre bajo la mesa? ¿Una licitación amañada aquí? ¿Un contrato inflado allá? Lo que Salcedo construyó no era corrupción en ese sentido artesanal y pequeño. Era una empresa de servicios criminales completa. Con áreas de negocio diferenciadas. Con clientes corporativos en el crimen organizado. Con una infraestructura legal diseñada para resistir auditorías. Y lo más inquietante no es que existiera. Es que nadie lo vio venir hasta que fue demasiado tarde para contener el daño.

La caída física de Salcedo fue solo el comienzo de la destrucción sistémica. Fue deportado a Ecuador desde Perú mientras era trasladado en camilla. Su hermano Noé Salcedo fue interceptado en la frontera terrestre de Huaquillas portando cuarenta mil dólares en efectivo. No pudo justificar el origen de ese dinero. Fue detenido. Y ese maletín de dólares sin explicación se sumó al expediente como evidencia de lo que la Fiscalía ya sospechaba: que la familia Salcedo funcionaba como una unidad financiera dedicada a la movilización de capitales de origen ilícito.

Pero el evento que verdaderamente abrió el abismo debajo de Salcedo llegó en octubre de 2022, cuando Leandro Norero fue asesinado dentro de la cárcel de Cotopaxi. “El Patrón” murió en prisión. Como mueren los que saben demasiado y ya no son útiles para quienes los pusieron ahí. Pero antes de morir, Norero había dejado algo: sus teléfonos. El análisis forense de los dispositivos de Norero dio origen al caso Metástasis. El nombre no era metafórico. Era diagnóstico. Lo que encontraron los investigadores en esos teléfonos era la imagen completa de cómo el crimen organizado había colonizado el sistema judicial ecuatoriano. Célula por célula. Magistrado por magistrado. Causa por causa. Y en el centro de esa imagen, coordinando, negociando, instruyendo, aparecía Daniel Salcedo.

Los chats revelaban conversaciones donde Salcedo describía con precisión quirúrgica el estado de cada proceso judicial que le importaba a Norero. Qué juez era accesible. Cuánto costaría convencerlo. Qué argumentos legales usar para cubrir la maniobra. Era la bitácora operativa de una empresa corrupta, escrita con la confianza de quien cree que esos mensajes nunca saldrán de ese dispositivo. Pero Norero murió. Y los teléfonos de los muertos hablan. El caso Metástasis desató una ola de imputaciones que barrió con jueces, fiscales, abogados y operadores políticos en todo el país. El caso Purga, derivado de esas mismas investigaciones y del análisis de los dispositivos de Mayra Salazar, expuso con nombres y montos cómo la Corte Provincial de Justicia del Guayas había sido capturada como un activo más dentro de una estructura criminal.

El tarifario que emergió de esas investigaciones era brutal en su especificidad. Un juez llamado Reinaldo Ceballos había recibido veinte mil dólares para tramitar el traslado de Salcedo desde la cárcel de El Inca hasta la más cómoda Cárcel 4 de Quito. Henry Morán había cobrado ciento cincuenta mil dólares para ratificar la inocencia de José Lin Mieles en el caso de fraude procesal derivado del accidente de Tumbes. Otro juez había recibido también ciento cincuenta mil dólares por gestionar hábeas corpus tanto para Salcedo como para el exvicepresidente Jorge Glas. Las reuniones donde se acordaban estos pagos no ocurrían en lugares oscuros y cinematográficos. Ocurrían en casas con cortes de carne fina y vino sobre la mesa. Ocurrían en los estacionamientos de la propia Corte del Guayas, donde se entregaban maletines con dinero en efectivo dentro de vehículos con vidrios polarizados. La justicia ecuatoriana no fue capturada en las sombras. Fue comprada a plena luz del día, en reuniones que parecían almuerzos de negocios.

Y entonces llegó la dimensión más oscura de todas. El nombre de Fernando Villavicencio. El candidato presidencial que llevaba años denunciando la corrupción dentro del Estado ecuatoriano había cruzado una línea invisible al atacar directamente a las estructuras que Norero y Salcedo protegían. Según sus propias confesiones posteriores y los testimonios de exagentes de policía, Salcedo había sido contratado para organizar el seguimiento sistemático de Villavicencio. Documentar sus rutinas. Identificar sus vehículos. Mapear su seguridad personal. El precio pedido por esa operación fue doscientos mil dólares.

La lógica de lo que viene a continuación es tan simple que duele. Cuando alguien paga doscientos mil dólares para documentar los movimientos de un hombre, no lo hace para enviarle una tarjeta de cumpleaños. Lo que Salcedo construyó dejó de ser corrupción en algún punto del camino y se convirtió en algo con otro nombre. Un nombre que no requiere explicación adicional. En agosto de 2023, Fernando Villavicencio fue asesinado a la salida de un acto de campaña en Quito. Semanas después, en una cárcel ecuatoriana, un hombre con múltiples condenas encima decidió que su única moneda de cambio para seguir vivo era contar todo lo que sabía. Lo que ese hombre confesó desmanteló más carreras, más magistraturas y más fortunas que cualquier investigación policial de la última década en Ecuador.

En junio de 2024, Daniel Salcedo se acogió a la cooperación con la justicia y rindió un testimonio anticipado ante la Fiscalía General del Estado. Fue una decisión calculada. No fue un acto de remordimiento. Fue la única jugada que le quedaba en el tablero después de acumular sentencias que sumadas representaban más años de prisión de los que le quedaban de vida útil. El testimonio que entregó fue una confesión abierta de décadas de corrupción sistémica. Describió montos exactos. Describió nombres precisos. Describió los lugares físicos donde se realizaban las entregas de dinero. Describió el menú de servicios judiciales disponibles en la Corte del Guayas y el precio de cada uno. Lo que salió de esa declaración no fue información que la Fiscalía pudiera ignorar, aunque hubiera querido.

Las revelaciones sobre Villavicencio fueron las más explosivas. Salcedo admitió ante la Fiscalía haber solicitado doscientos mil dólares para operar el equipo de rastreadores que documentó las rutinas del candidato presidencial meses antes del atentado. Mencionó la presunta participación del exministro José Serrano, quien habría proporcionado información sobre los movimientos de Villavicencio a través de sus nexos con estructuras policiales. Estas revelaciones abrieron un proceso de instrucción que aún continúa activo. Pero el testimonio de Salcedo tenía un costo que él calculó con precisión. Cada nombre que entregaba era un enemigo nuevo. Cada estructura que desnudaba era un grupo criminal que lo marcaba como objetivo.

En julio de 2025, Salcedo sobrevivió a un atentado dentro de la cárcel de Riobamba. Según el relato de las autoridades penitenciarias, utilizó una silla para defenderse. No era una imagen heroica. Era la imagen de un hombre que había llegado al fondo de su propia historia y descubría que el fondo tenía un sótano. Solicitó inmediatamente su ingreso al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía. El hombre que se había jactado de tener jueces a su servicio, de mover maletines de dinero en los estacionamientos de los tribunales, de bailar la bomba en una celda con internet y botellas de licor, ahora dependía del Estado para sobrevivir. El mismo Estado al que había depredado durante quince años.

El inventario de lo que la Fiscalía logró decomisar y bloquear habla con la frialdad de los números. Para mediados de 2025, el valor de los bienes administrados bajo procesos de lavado de activos superaba los nueve millones de dólares en Ecuador, sin contar activos en el exterior. Un departamento en el condominio Camboriú Suites de Salinas. Una oficina en el Trade Building de Guayaquil. Propiedades en Daule y Santa Elena. Una transferencia de un millón doscientos mil dólares interceptada rumbo a una cuenta en Puerto Rico. Y una flota de siete vehículos de alta gama, entre los cuales destacaba un Toyota Sequoia Platinum del año 2020. Importado mediante el fraude de un carnet de discapacidad.

Salcedo había presentado documentación que le acreditaba un cuarenta y uno por ciento de discapacidad física para acceder a una exoneración tributaria del sesenta por ciento. Un vehículo valorado en noventa y siete mil dólares lo compró por veintitrés mil trescientos cuarenta. Usó un beneficio diseñado para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad para comprarse una camioneta de lujo. No hay manera más clara de resumir quién era este hombre. En el exterior, las investigaciones detectaron propiedades en Miami y Doral, en Florida, incluyendo una unidad en el lujoso condominio Paramount. El flujo de capitales hacia Estados Unidos era constante. El ochenta y cinco por ciento de los más de ochocientos mil dólares que Salcedo sacó del país entre 2016 y 2020 terminó en el sistema financiero estadounidense. Mientras los hospitales públicos de Ecuador compraban bolsas para cadáveres a precios de oro negro, el dinero de ese negocio descansaba en cuentas de Florida.

Las sentencias se fueron acumulando con la inevitabilidad de una deuda que siempre llega. Trece años por peculado en el caso de los hospitales. Trece años más por lavado de activos, ratificados en casación. Tres años y cuatro meses en procedimiento abreviado por su participación en el caso Metástasis. Cuatro años por fraude procesal en el caso de la avioneta de Tumbes. Y el proceso por la autoría intelectual en el caso Villavicencio, aún en etapa de instrucción, alimentado en parte por sus propias confesiones.

Hay algo perturbador en el final de esta historia. No es que Salcedo esté en la cárcel. Eso era inevitable desde el primer momento en que decidió servir a dos amos simultáneamente y cobrar de ambos. Lo perturbador es la lista de personas que le permitieron llegar tan lejos. Los jueces que cobraron. Los funcionarios que firmaron. Los políticos que abrieron las puertas. Los auditores que miraron hacia otro lado. Salcedo no construyó su imperio en el vacío. Lo construyó sobre el cuerpo vivo de un Estado que, en demasiados niveles y durante demasiado tiempo, estuvo dispuesto a dejarse comprar.

Hoy, Daniel Salcedo duerme en La Roca, la cárcel de máxima seguridad ecuatoriana, custodiado las veinticuatro horas por fuerzas militares. Pero el sistema que él ayudó a construir sigue funcionando. Con otros nombres. Con otras empresas. Con otros teléfonos que todavía no han sido confiscados. Eso es lo que ninguna sentencia puede remediar. La historia de Daniel Salcedo no termina con su captura. Termina provisionalmente con su traición a los suyos. Y ese final es más revelador que cualquier sentencia, porque demuestra la lógica interna del sistema criminal que describimos. En ese mundo, la única moneda que mantiene vivo a alguien que ya no tiene nada más que ofrecer son los secretos de los demás.

El hijo del Creador terminó convertido en el testigo más valioso y más peligroso del Ecuador contemporáneo. Y en ese submundo violento que una vez pretendió liderar, ser el testigo más valioso y ser el próximo objetivo son exactamente la misma cosa. Lo que sí permanece como un registro imborrable son los nombres en los expedientes. Los funcionarios destituidos. Los jueces condenados por error inexcusable. Los magistrados de El Oro y Guayas removidos de sus cargos como consecuencia directa de las revelaciones que emergieron del caso Purga. Por primera vez en muchos años, alguien en el sistema de justicia ecuatoriano pagó un precio visible por comportamiento que anteriormente era invisible o ignorado.

Pero el precio que pagó la sociedad ecuatoriana no está en ningún expediente. Está en los médicos que atendieron enfermos de COVID sin trajes de bioseguridad. Está en las familias que esperaron en la calle con sus muertos porque no había morgue suficiente. Está en los contratos de comunicación estatal que se pagaron a precios inflados mientras las escuelas necesitaban computadoras y los hospitales necesitaban medicamentos. Está en el candidato presidencial que fue asesinado. Esos daños no se recuperan con sentencias. Y eso es lo más importante que hay que entender sobre la historia de Daniel Salcedo. No fue un criminal que robó dinero del Estado. Fue un operador que demostró, con resultados cuantificables y documentados, que el Estado ecuatoriano tenía un precio de mercado accesible para quien supiera dónde y cómo pagar.

La pregunta que realmente importa, la que ningún juicio, ningún procedimiento abreviado y ningún testimonio anticipado ha respondido completamente, es cuántos sistemas exactamente iguales al suyo siguen operando ahora mismo. En hospitales. En cortes provinciales. En contratos de comunicación institucional. En aeronaves con matrículas alteradas que todavía no han caído. Alguien, en este momento, está firmando un contrato que no debería existir. Alguien está recibiendo un maletín en el estacionamiento de un tribunal. Alguien está usando el nombre de otro para mover dinero de un lado al otro de la frontera. No lo sabemos con certeza. Pero la historia de Salcedo nos enseña una cosa con una claridad brutal: estos sistemas no terminan con el arresto de un hombre. Terminan cuando el Estado decide que ya no se puede permitir seguir siendo comprado. Y ese día todavía no ha llegado.