EL HOMBRE QUE DABA ÓRDENES A CIENTOS DE POLICÍAS AHORA ESPERA QUE LE TRAIGAN LA COMIDA SIN PREGUNTAR
EL HOMBRE QUE DABA ÓRDENES A CIENTOS DE POLICÍAS AHORA ESPERA QUE LE TRAIGAN LA COMIDA SIN PREGUNTAR
La pantalla se encendió. Detrás, una celda de acero inoxidable. Delante, un juez que no podía ver sus ojos. Hernán Bermúdez Requena movió los labios, pero el micrófono ya estaba abierto. No dijo nada importante. Solo confirmó su nombre. Lleva más de ocho meses así: despertar sin saber qué hora es, comer lo que le ponen, esperar la próxima videoconferencia. El hombre que durante décadas decidió quién entraba y quién salía de las cárceles de Tabasco ahora no puede decidir ni a qué hora se apaga la luz de su celda. 72 años. Una orden de aprehensión por desaparición forzada. Otra por peculado. Cuatro procesos activos. La amenaza de una extradición a Estados Unidos flotando sobre su cabeza como un avión que nunca termina de aterrizar. Y un cuerpo que los organismos de derechos humanos ya advirtieron que se deteriora más rápido dentro de una prisión de máxima seguridad que afuera. Esto no es un relato de venganza. Es la autopsia en caliente de cómo se vive cuando todo el poder que acumulaste se convierte, de golpe, en la nada que te rodea.
Hernán Bermúdez Requena nació el 30 de septiembre de 1953 en Mérida, Yucatán. Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y desde los años noventa comenzó a construir una carrera larga dentro de las instituciones de seguridad pública de Tabasco. En los primeros años de esa década ocupó cargos en el área de seguridad durante el gobierno interino de Manuel Gurría Ordóñez. Fue entonces cuando coincidió por primera vez con quien sería años después su gran promotor político. Entre 1995 y 1997 dirigió el Centro de Readaptación Social del Estado de Tabasco bajo el gobierno de Roberto Madrazo. Ya conocía el sistema penitenciario desde adentro, aunque en ese momento desde el lado de los que mandan, no desde el lado en el que está hoy. Décadas después, en 2019, el gobernador Adán Augusto López Hernández lo nombró secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, el cargo más alto en materia policial del estado. Era una posición de enorme poder. Tenía bajo su mando a cientos de elementos: presupuesto, inteligencia, comunicaciones. Siguió en ese cargo incluso bajo la siguiente administración, la de Carlos Manuel Merino Campos, hasta que presentó su renuncia en enero de 2024 en medio de una escalada de violencia sin precedentes en el estado.
Lo que muy pocos sabían entonces es que, mientras él dirigía la seguridad del estado, al mismo tiempo era señalado por los propios servicios de inteligencia del Ejército mexicano como el presunto líder de una organización criminal que operaba dentro de Tabasco. El Colectivo de Activistas conocido como Huacamayas filtró en 2022 millones de documentos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Entre esos archivos había más de una treintena de informes, diagnósticos y reportes de inteligencia militar que mencionaban directamente a Hernán Bermúdez Requena. Los documentos lo identificaban con varios alias: Comandante H, El Ice, El Munra, El Abuelo, y lo señalaban como presunto líder de un grupo criminal llamado La Barredora. La Barredora era descrita en los informes como una organización dedicada al robo de combustible, la extorsión, el narcomenudeo y el tráfico de personas, con operaciones en municipios de Tabasco como Cárdenas, Comalcalco, Huimanguillo y Paraíso. Un informe de inteligencia del ejército de mayo de 2021 señalaba que el asesinato de un líder criminal conocido como El Calimba había sido ordenado por El H —según la Sedena, Bermúdez Requena— para que La Barredora tomara el control de la plaza de Cárdenas y Huimanguillo.
Uno de los datos más perturbadores que revelaron los documentos es que La Barredora no era un grupo ajeno al estado. Según las acusaciones de la Fiscalía de Tabasco, la organización fue construida desde adentro con elementos de la propia corporación policial estatal, con recursos institucionales y con la protección que da saber exactamente cómo funciona el aparato de seguridad que debería perseguirte. Bermúdez Requena, de ser cierto lo que se le acusa, no solo conocía el sistema. Era el sistema. En agosto de 2022, durante una visita oficial del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador a Tabasco, la Secretaría de la Defensa presentó un informe sobre organizaciones delictivas con presencia en el estado. El primer grupo en esa lista era el Cártel Jalisco Nueva Generación y su célula, La Barredora. El primer nombre en esa lista era Hernán Bermúdez Requena, alias Comandante H. Eso ocurrió mientras él seguía sentado en su despacho como secretario de seguridad del estado. Siguió en su puesto un año y medio más después de eso.
El 22 de diciembre de 2023, Villahermosa vivió una noche de terror. Bloqueos en las calles, vehículos en llamas, violencia abierta en distintos puntos de la ciudad. Lo que estaba ocurriendo, según las investigaciones posteriores, era una guerra interna dentro de La Barredora y entre ese grupo y el propio CJNG. Organizaciones que habían operado de manera articulada y que en ese momento entraron en un conflicto brutal por el control del territorio. El 5 de enero de 2024, Hernán Bermúdez Requena presentó su renuncia como secretario de seguridad, trece días después de esa noche de violencia. La renuncia fue presentada como algo institucional, pero las investigaciones posteriores contarían otra historia. Según las autoridades, Bermúdez sabía que las cosas se estaban cerrando a su alrededor. En febrero de 2025, un juez emitió una orden de aprehensión en su contra por los delitos de asociación delictuosa, extorsión agravada y secuestro agravado. Ese mismo día, el 14 de febrero de 2025, hay registros de que salió del país. El propio Ejército mexicano confirmó que ese fue el día de su fuga. Tomó un vuelo desde Mérida, Yucatán, hacia Panamá. Después se reportó su presencia en España, luego en Brasil, finalmente llegó a Paraguay. El hombre que había dirigido la seguridad de un estado entero se movía por el mundo como un prófugo, usando documentación falsa para no ser identificado.
El 17 de julio de 2025, Interpol emitió una ficha roja en su contra. Eso lo convirtió en persona buscada en más de 190 países. Durante esos meses de fuga, mientras México lo buscaba y la Interpol emitía su alerta, él vivía en Paraguay sin llamar la atención. Se había instalado en el barrio cerrado de Surubí en Mariano Roque Alonso, en las afueras de Asunción, una zona residencial arbolada con acceso controlado, lejos de la vida pública, pero rodeado de lujos que contrastaban brutalmente con el perfil de alguien que supuestamente escapaba de la justicia. El operativo que concluyó con su captura involucró a doce instancias gubernamentales de México y Paraguay. El trabajo de inteligencia tomó meses. El 12 de septiembre de 2025, los agentes rodearon la propiedad en la que se encontraba Bermúdez Requena. Aseguraron el perímetro antes de ingresar. Cuando entraron y lo notificaron de la orden de aprehensión internacional, él estaba dentro de una casa que no tenía nada de discreta.
En el garaje había una camioneta de lujo. Dentro de la residencia, fajos de billetes en guaraníes y dólares en diversas denominaciones. Joyas. Un pequeño bar con vasos, vino y equipo de sonido en el salón. En la parte trasera de la propiedad, un jardín amplio comunicado con la salida y una piscina grande con jacuzzi. No era la imagen de un hombre acorralado y desesperado. Era la imagen de alguien que se creía intocable. Ocho días estuvo detenido en Paraguay. Su defensa intentó frenar el traslado a México, pero las autoridades paraguayas determinaron que su ingreso y estancia en el país habían sido irregulares, ya que utilizaba documentación falsa. El 17 de septiembre de 2025, Paraguay lo expulsó. Fue trasladado a México en un operativo de alto perfil. El 18 de septiembre de 2025 ingresó al Centro Federal de Readaptación Social número Uno, El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México. Ese fue el primer día del resto de su vida, tal como la conoce hoy. El hombre que controlaba información de inteligencia, que sabía exactamente cómo operan las cárceles mexicanas porque las había dirigido, ahora era él quien estaba dentro. Y no en cualquier cárcel. En la de máxima seguridad más importante del país.
El Altiplano es oficialmente el Centro Federal de Readaptación Social número uno. Está en Santa Juana Centro, municipio de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, a unos veinticinco kilómetros de Toluca y aproximadamente noventa kilómetros de la Ciudad de México. Fue construido entre 1988 y 1990 y recibió sus primeros internos en noviembre de 1991. Tiene una superficie de 260 mil metros cuadrados. Es la prisión federal más segura del país. En sus celdas han estado algunos de los nombres más conocidos del crimen organizado mexicano: Rafael Caro Quintero, Joaquín “El Chapo” Guzmán, Édgar Valdez Villarreal “La Barbie”, Servando Gómez Martínez “La Tuta”, Daniel Arismendi “El Mocha Orejas” y, más recientemente, Ovidio Guzmán, hijo del Chapo. Es un penal que funciona como símbolo. Cuando el Estado quiere decir que un preso es peligroso y que no va a salir con facilidad, lo manda ahí. Hernán Bermúdez Requena llegó a ese lugar el 18 de septiembre de 2025. En ese momento tenía 71 años. Era y sigue siendo uno de los internos de mayor edad en ese penal. Hoy tiene 72 y está bajo prisión preventiva justificada, lo que significa que técnicamente aún no hay una condena, pero en la práctica vive bajo el mismo régimen de control y aislamiento que los sentenciados.
El penal tiene ocho bloques con alrededor de doscientos reos cada uno. Hay cámaras de videovigilancia en casi todas las áreas. El sistema bloquea completamente la señal de celulares dentro del recinto. Las comunicaciones con el exterior están estrictamente controladas. No hay llamadas informales, no hay contacto casual: todo es registrado, monitoreado, filtrado. Pero lo que de verdad golpea cuando entiendes cómo funciona este lugar es lo que le pasa al cuerpo y a la mente de una persona encerrada ahí. Y en el caso de un hombre de 72 años, eso tiene dimensiones que nadie está describiendo con la claridad que merece.
En El Altiplano, los días tienen una estructura rígida que no cambia. No hay posibilidad de salirse del esquema. El día empieza temprano con horarios de levantada fijos. Las comidas son tres y están documentadas en menús institucionales establecidos. Un día típico puede arrancar con un desayuno de café o té, huevo en salsa de chile pasilla, tortillas, pan dulce y gelatina. La comida del mediodía puede incluir sopa de pasta con zanahoria, arroz con plátano, carne en salsa verde con calabacitas, frijoles, tortillas y una fruta, generalmente manzana. La cena es más ligera. El costo de manutención diaria de un interno en ese penal ha sido calculado en alrededor de 575 pesos, casi el equivalente a dos salarios mínimos. No hay hambre en El Altiplano, pero tampoco hay nada que no sea institucional. No hay elección, no hay menú a la carta, no hay la posibilidad de pedir algo diferente. Para un hombre que durante décadas tomó decisiones sobre miles de personas, la pérdida del control más básico —el de decidir qué comer— tiene un peso simbólico inmenso.
La vida en las celdas está marcada por el aislamiento. Los internos pasan la mayor parte del día separados. Las actividades laborales, educativas y deportivas son limitadas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha señalado en sus reportes que en ese penal hay una insuficiencia de actividades de capacitación y recreativas para los internos. Lo que queda cuando no hay actividades es tiempo. Y el tiempo en una celda de máxima seguridad es el peso más difícil de cargar. Bermúdez Requena no puede salir a caminar por donde quiera, no puede ir a la tienda, no puede llamar a quien quiera cuando quiera. No puede ver noticias libremente, no puede consultar internet. Ese hombre que manejaba información de inteligencia del Estado, que sabía qué pasaba en las calles de Tabasco en tiempo real, hoy depende de lo que le cuenten sus abogados cuando hay audiencia para saber qué está ocurriendo en su propio caso.
Hernán Bermúdez Requena tenía 71 años cuando entró a El Altiplano. Hoy tiene 72. La literatura científica sobre lo que le ocurre a los adultos mayores en prisión es contundente. El encierro acelera procesos que en libertad serían más lentos. El aislamiento prolongado en personas mayores se asocia directamente con deterioro cognitivo acelerado, pérdida de movilidad, enfermedades de tipo respiratorio y cardiovascular, y una caída significativa en el sistema inmunológico. La Comisión Nacional de Derechos Humanos ha documentado de manera específica que El Altiplano tiene deficiencias en los servicios de salud para atender a los presos, y señala de manera particular que la atención a adultos mayores dentro de ese penal es deficiente. Eso no es una opinión: es un reporte oficial de un organismo autónomo del Estado mexicano. Y ese reporte describe exactamente el perfil de Hernán Bermúdez Requena: adulto mayor preso en ese penal.
No hay información pública oficial sobre el estado de salud específico de Bermúdez Requena. Las autoridades del penal no hacen declaraciones sobre la condición médica de los internos. Pero hay un dato que habla por sí solo. Todas y cada una de sus audiencias judiciales se realizan por videoconferencia desde El Altiplano. Eso significa que ningún medio de comunicación, ningún periodista, ninguna cámara exterior ha podido registrar cómo luce físicamente este hombre. Hoy, la pantalla de la videollamada es lo único que existe como ventana hacia él. La pregunta que nadie puede responder porque las autoridades no lo dicen es: ¿cuánto ha envejecido en estos meses? ¿Cuánto peso ha bajado o subido? ¿Cómo está su presión arterial? ¿Cómo están sus articulaciones? ¿Duerme, cuánto duerme? ¿Tiene acceso regular a atención médica dentro del penal o esa deficiencia que la CNDH documentó lo afecta directamente? Y si lo que le pasa al cuerpo ya es preocupante, lo que le está pasando a su mente es algo aún más complejo.
El 5 de marzo de 2026, algo ocurrió dentro de El Altiplano que revela perfectamente el estado mental en que vive este hombre. Ese día, los custodios del penal le comentaron de manera informal que “ya me iba al gabacho”, según sus propias palabras escritas en una demanda de amparo que presentó y que fue consultada por varios medios de comunicación. Él no tenía ninguna notificación oficial de ningún procedimiento de extradición hacia Estados Unidos. Solo esas palabras de sus guardianes. Eso fue suficiente para que entrara en pánico y pidiera a sus abogados que actuaran de inmediato. Un hombre que durante décadas manejó información de inteligencia, que sabía exactamente qué decir y qué callar, que conocía los mecanismos del sistema como pocos, ahora procesa los comentarios informales de sus custodios como si fueran datos de inteligencia críticos. Eso describe perfectamente el estado de alerta permanente en el que vive. El miedo a ser extraditado a Estados Unidos es hoy el pensamiento que más lo ocupa dentro de esa celda. Y eso no es una suposición: es lo que él mismo escribió en documentos judiciales.
El CJNG, al que las autoridades vinculan con La Barredora y por ende con Bermúdez Requena, fue designado como organización terrorista por el gobierno de Estados Unidos en febrero de 2025. Esa designación abrió la puerta a que sus integrantes o aliados puedan ser perseguidos bajo leyes federales estadounidenses, con penas que en muchos casos son más severas que las mexicanas y en condiciones de reclusión que muchos presos mexicanos describen como incomparablemente más duras. Bermúdez Requena lo sabe. Por eso, cuando sus custodios le dijeron que “ya se iba al norte”, reaccionó como lo hizo. Presentó un amparo de emergencia para frenar una extradición que oficialmente no existía todavía. El juez lo desechó porque la ley de amparo no procede contra actos futuros e inciertos. Pero él no se rindió. Impugnó esa resolución. El 23 de mayo de 2026, hace literalmente días antes de este video, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal admitió a trámite su queja. El expediente fue turnado a un magistrado para que elabore un proyecto de resolución. Eso significa que la posibilidad de que sea enviado a Estados Unidos sigue siendo jurídicamente activa. La Secretaría de Relaciones Exteriores mexicana ha dicho que no existe una solicitud formal de extradición de parte de ese país, pero él no confía en eso. Y no confía porque sabe mejor que nadie que, en el mundo en el que operó durante décadas, las cosas que no existen oficialmente a veces ya están en marcha extraoficialmente.
Mientras él vive esa incertidumbre, afuera de su celda las cosas para su familia son devastadoras. Desde el 24 de julio de 2025, antes incluso de su captura en Paraguay, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueó todas sus cuentas bancarias, también las de sus familiares y las empresas vinculadas a su nombre. La medida se tomó por operaciones financieras inusuales y posibles vínculos con lavado de dinero y simulación fiscal. De un día para otro, la familia Bermúdez perdió el acceso a sus recursos. Dos de sus hijos, Verónica y David Hernán Bermúdez Encalada, intentaron recuperar el acceso a sus cuentas mediante amparos. Una jueza federal les negó la suspensión definitiva. Los fondos siguen bloqueados. Otra de sus hijas, Fabiola Bermúdez Encalada, también presentó su propio amparo para intentar descongelar una cuenta en BBVA. El proceso sigue activo, pero sin resultados favorables para la familia. La Secretaría de Gobernación fue aún más lejos: suspendió las operaciones de varias empresas vinculadas a los Bermúdez que se dedicaban a juegos y apuestas. En el municipio de Centla, Tabasco, la Fiscalía del Estado aseguró tres propiedades que señala como parte de la estructura financiera del exsecretario. Todo lo que representaba su mundo económico, su patrimonio, sus negocios, está intervenido o bloqueado.
Bermúdez Requena se entera de todas estas novedades a través de sus abogados en las audiencias. No puede ver esos inmuebles. No puede tomar decisiones directas sobre el dinero. No puede hablar con sus hijos de manera informal. Todo contacto con el exterior es filtrado y controlado. La sensación de perder el control de su mundo familiar, sumada al encierro y a los procesos legales acumulados, construye una presión psicológica que no tiene descarga. Y mientras todo eso pasa, las acusaciones dentro del penal siguen llegando. Cuando Bermúdez Requena ingresó a El Altiplano en septiembre de 2025, ya enfrentaba cargos de asociación delictuosa agravada, secuestro agravado y extorsión agravada dentro de la causa penal 213/2025. Ese era el punto de partida. Desde entonces, el proceso no se ha detenido: se ha expandido. El 30 de marzo de 2026, la Fiscalía de Tabasco ejecutó una nueva orden de aprehensión dentro del mismo penal donde él ya estaba encerrado, esta vez por desaparición forzada de personas. El 4 de abril de 2026 fue vinculado formalmente a proceso por ese delito. El 7 de abril de 2026, otra orden de aprehensión, esta vez por peculado. El 13 de abril de 2026 fue vinculado a proceso también por ese delito. En menos de un mes: dos nuevas acusaciones formales, cuatro procesos activos en total.
La Fiscalía General del Estado de Tabasco calculó públicamente que si se le dictara sentencia máxima en los tres primeros delitos de los que se le acusaba al momento de ese cálculo, Bermúdez Requena podría permanecer en prisión hasta por 158 años. Con el cuarto proceso activo —el de peculado, que puede alcanzar hasta catorce años adicionales— y considerando las posibles penas por desaparición forzada, que van de cuarenta a sesenta años y pueden incrementarse cuando las víctimas son mujeres, la suma proyectada supera los doscientos años. Nadie cumple doscientos años en prisión. Eso todos lo saben. Pero ese número, esa proyección, dice algo sobre la dimensión de lo que se le acusa y dice algo sobre lo que significa para un hombre de 72 años enfrentar eso desde una celda de máxima seguridad, sin sentencia, sin fecha clara de juicio oral, con procesos que siguen llegando y con la amenaza adicional de que Estados Unidos podría pedir su extradición.
Pero hay una acusación que aún no se ha formalizado del todo y que podría ser la más grave de todas. A más de seis meses de haber ingresado a El Altiplano, la Fiscalía General de la República —que es la instancia federal, no estatal— todavía no había cumplimentado formalmente la orden de aprehensión en su contra por delincuencia organizada, delitos contra la salud y robo de hidrocarburos. Esa orden fue emitida el 17 de septiembre de 2025 y fue confirmada a partir de la declaración de un testigo colaborador que lo identificó como líder y fundador de La Barredora. Al momento de este video, ese proceso federal sigue pendiente de formalización. Eso significa que lo que tiene encima hoy podría ser solo una parte de lo que eventualmente acumule. La Fiscalía Federal tiene un expediente que aún no ha puesto en marcha en toda su extensión.
Desde El Altiplano, Bermúdez Requena ha intentado pelear en múltiples frentes al mismo tiempo. Sus abogados han presentado amparos contra la vinculación a proceso: negados. Amparos para suspender el bloqueo de sus cuentas bancarias: negados. Amparos para liberar los recursos de sus hijos: negados. Amparo contra una posible extradición a Estados Unidos: primero desechado por improcedente y ahora bajo revisión de un tribunal colegiado luego de la queja presentada en mayo de 2026. La estrategia de la defensa ha intentado varios argumentos: que la vinculación con La Barredora es incorrecta, que las cuentas fueron bloqueadas sin justificación real, que él y su familia son víctimas de una persecución política. Esos argumentos han chocado reiteradamente contra resoluciones que no los acogen. Los jueces han ratificado la prisión preventiva en cada etapa del proceso porque existe un antecedente claro y probado: ya escapó del país una vez usando documentación falsa al enterarse de la orden de aprehensión en su contra.
Para sus audiencias, Bermúdez Requena se conecta por videoconferencia desde El Altiplano. Esa es su única ventana hacia el proceso. Ve una pantalla. Escucha a los fiscales y a sus abogados. Observa a los jueces leer sus resoluciones. Después se desconecta y vuelve a su celda. No puede consultarle nada a nadie en el pasillo. No puede salir a tomar aire después de escuchar una mala noticia. Vuelve al mismo silencio de siempre. El primero de junio de 2026 tiene programada una etapa intermedia crucial en su proceso principal. Es el paso que precede directamente al juicio oral. No es el juicio todavía, pero es la puerta que lo abre. La investigación complementaria del caso de peculado vence el 12 de agosto de 2026. El proceso sigue su marcha y él no tiene manera de frenarlo desde adentro. Pero hay algo que sí puede hacer desde adentro y eso, aunque parezca pequeño, dice mucho sobre cómo está llevando todo este peso mentalmente: reaccionar. Ya no puede anticipar, ya no puede mover piezas en el tablero como lo hacía antes. La única herramienta que le queda es reaccionar a lo que le llega, y hacerlo a través de sus abogados con los tiempos y los límites que impone el sistema judicial.
Los especialistas en psicología del encierro describen esto como uno de los cambios más difíciles en la experiencia de las personas que venían de ejercer mucho poder: pasar de tomar decisiones de manera autónoma a depender completamente de otros para cualquier acción en el mundo exterior. El exsecretario de seguridad que decidía a quién se detenía y a quién no, que manejaba información clasificada, hoy depende de lo que un abogado le cuente en una pantalla de videoconferencia para saber qué está pasando con sus propios procesos. Los estudios sobre adultos mayores en prisión son claros en otro punto: la separación de la familia es uno de los factores que más aceleran el deterioro emocional. Bermúdez Requena tiene hijos, y esos hijos están lidiando con sus propias batallas legales, con sus cuentas bloqueadas, con sus empresas cerradas. Él lo sabe. No puede ayudarlos. No puede protegerlos de la manera en que probablemente lo hizo durante décadas. Esa impotencia tiene un nombre clínico: es uno de los detonantes documentados de cuadros depresivos en personas mayores que ingresan a reclusión.
No hay declaraciones de familiares sobre su estado de ánimo. No hay testimonios de personas que lo hayan visto. No hay imágenes recientes que permitan hacer una lectura visual de cómo está. Lo único que existe son los documentos legales que él mismo ha firmado, las palabras que eligió escribir en sus amparos, y el hecho de que sigue peleando. Que un hombre de 72 años con todo lo que tiene encima siga presentando recursos legales, siga impugnando, siga actuando, dice algo. Pero lo que dice exactamente —si es fuerza real o si es el impulso del miedo— eso nadie lo puede saber desde afuera. Hernán Bermúdez Requena comandaba cientos de policías. Hoy es vigilado las veinticuatro horas por custodios que él no puede ordenar. Tenía acceso a información clasificada del Estado mexicano. Hoy solo tiene acceso a lo que le cuenten sus abogados en una pantalla. Manejaba el sistema penitenciario de Tabasco. Hoy es uno de los internos del sistema penitenciario federal más estricto del país. Firmaba órdenes durante años. Hoy le leen órdenes a él. Tenía el poder de liberar o detener personas, según lo que se le acusa. Hoy no puede salir de cuatro paredes. Tenía dinero, propiedades, empresas. Hoy todo eso está bloqueado, asegurado o cerrado. Tenía contactos en los niveles más altos del poder político de México. Hoy esos contactos están todos mirando hacia otro lado.
Ese es el retrato real de Hernán Bermúdez Requena a junio de 2026. No es el retrato de alguien que fue condenado. Es el retrato de alguien acusado, con procesos activos en el penal más duro del país, esperando un juicio que aún no tiene fecha definitiva, con la posibilidad de una extradición flotando en el aire, y con el peso de todo lo que acumuló —el poder, el dinero, las decisiones— cayéndole encima desde adentro de una celda en Almoloya de Juárez. El proceso está activo. Las fechas se acercan. El primero de junio hay una etapa intermedia. El 12 de agosto vence otro plazo. El tribunal tiene que resolver sobre el amparo de extradición. La Fiscalía Federal tiene pendiente formalizar sus propios cargos. Este caso no ha terminado. Apenas está llegando a una de sus etapas más decisivas. Y mientras todo eso avanza, él sigue en su celda. Desayuna lo que le dan. Escucha las horas pasar. Espera la próxima audiencia, la próxima notificación. Espera. Eso es lo que define su vida hoy. La espera de alguien que sabe que el proceso se acerca, que el juicio oral se aproxima, y que lo que viene probablemente no va a cambiar para mejor.
