EL ESTUDIO QUE TRUMP NO QUIERE QUE LEAS: 668,000 EMPLEOS DESTRUIDOS EN SU PROPIO PAÍS
EL ESTUDIO QUE TRUMP NO QUIERE QUE LEAS: 668,000 EMPLEOS DESTRUIDOS EN SU PROPIO PAÍS
No fue un periodista mexicano. No fue un funcionario de la Cuarta Transformación. No fue nadie afín a la presidenta Claudia Sheinbaum. Fue la Brookings Institution, una de las instituciones de análisis más respetadas del propio territorio estadounidense. Y lo que reveló esta semana deja sin piso a Donald Trump. Porque demuestra con números fríos, con registros oficiales, con datos de nómina del gobierno de los Estados Unidos, que su guerra contra los migrantes mexicanos no está golpeando a México: está golpeando a los propios Estados Unidos. 668,000 empleos desaparecieron en cuestión de meses. De ellos, entre 51,000 y 297,000 pertenecían a trabajadores nacidos en aquel país. Ciudadanos estadounidenses de nacimiento que perdieron su trabajo por culpa de una política que prometía protegerlos. La promesa era “Estados Unidos primero”. La realidad es “Estados Unidos, desempleado”. Durante años nos repitieron que expulsar migrantes haría al país más fuerte, más próspero, más seguro. Hoy los datos dicen exactamente lo contrario. Y por primera vez no es México quien lo afirma. Son los estudios hechos dentro de aquel país con sus propios registros oficiales. La factura del odio ya llegó. Y la están pagando los propios estadounidenses en la caja del supermercado, en la obra de construcción paralizada y en el pequeño negocio de barrio que tuvo que cerrar sus puertas.
Según el informe de la Brookings Institution, las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 86 ciudades estadounidenses provocaron la pérdida de 668,000 puestos de trabajo. Escuchen bien esa cifra. No es una estimación de activistas. No es un cálculo de un think tank progresista. Es el resultado de cruzar los registros de arrestos del proyecto de datos de deportación, que rastrea las detenciones reales de ICE mediante solicitudes públicas de información, con estimaciones de empleo de la firma especializada Lightcast y con registros federales de nómina. Números oficiales sobre números oficiales. Y lo que esos números dicen es devastador para el discurso del odio. De todos esos empleos perdidos, entre 51,000 y 297,000 pertenecían a trabajadores nacidos en los Estados Unidos. No a migrantes. No a indocumentados. A ciudadanos estadounidenses de nacimiento. Personas que votaron por Trump en la creencia de que él protegería sus puestos de trabajo. Personas que hoy están en el seguro de desempleo porque la política migratoria de su propio gobierno les quitó el sustento.
¿Cómo es esto posible? La respuesta es de una lógica aplastante. Cuando una empresa pierde de golpe a su mano de obra migrante, no puede seguir operando al mismo ritmo. Reduce turnos. Recorta operaciones. Cierra líneas completas de producción. Y esos recortes alcanzan a todos los empleados, también a los nacidos en aquel país. El estudio de la Oficina Nacional de Investigación Económica lo cuantificó sin rodeos: por cada seis trabajadores migrantes que dejaron de laborar, se perdió además un empleo ocupado por un ciudadano estadounidense. Uno arrastra al otro. No es una teoría. Es un hecho documentado con los registros de nómina de empresas que tuvieron que despedir a trabajadores nacidos en Estados Unidos porque sin los migrantes que hacían las tareas base, la cadena de producción entera colapsó. Piensen en el sonido de una fábrica textil en Alabama cuando de repente faltan la mitad de los operarios de las máquinas. El ruido disminuye. Las líneas se detienen. El supervisor, nacido en Mobile, se queda sin supervisar nada. Y al final del mes, recibe su carta de despido.
El economista Giovanni Peri de la Universidad de California lo explicó con un ejemplo que cualquiera entiende. En la construcción todo está conectado. Si desaparecen los albañiles, deja de haber necesidad de electricistas, de ingenieros, de supervisores de obra. Esos puestos, los de mayor salario, los ocupan en su mayoría ciudadanos estadounidenses. Cuando se va el migrante que pone el primer ladrillo, se cae toda la cadena por encima de él. Así de simple. Así de devastador. Imaginen una obra de construcción en Texas. Veinte trabajadores: quince de ellos migrantes, haciendo el trabajo pesado de cimentación, estructuras, acabados básicos. Cinco estadounidenses: el maestro electricista, el supervisor de seguridad, el ingeniero de campo, el operador de grúa, el capataz. Llegan las redadas. Los quince migrantes desaparecen. La obra se paraliza. ¿Para qué necesitas al ingeniero si no hay nada que ingeniar? ¿Para qué al electricista si no hay paredes donde instalar los cables? Esos cinco estadounidenses son despedidos. No porque sean malos trabajadores. Sino porque la base de su trabajo se evaporó. El informe de Brookings documenta exactamente ese patrón en 86 ciudades, en industrias que van desde la construcción hasta la agricultura, desde el procesamiento de alimentos hasta la hotelería.
El propio informe describe que las redadas adoptaron tácticas de “conmoción y pavor”. Operativos diseñados para ser vistos, para generar miedo. Mucho más agresivos que cualquier control migratorio de gobiernos anteriores. Y ese miedo, lejos de fortalecer la economía, la paralizó. Porque cuando los trabajadores migrantes tienen miedo de salir a la calle, no solo dejan de ir a sus empleos. También dejan de comprar. Dejan de consumir. Dejan de gastar. Y cuando millones de personas dejan de gastar al mismo tiempo, los comercios locales empiezan a cerrar. El informe documenta que en los barrios con alta presencia de población de origen extranjero el consumo se desplomó hasta un 25% durante las semanas de mayor actividad de las redadas. Las gasolineras vacías. Los restaurantes sin comensales. Las tiendas de abarrotes con menos ventas. El miedo no solo vacía las calles: vacía las cajas registradoras.
Y por si alguien pensaba que esto es un asunto aislado, viene un detalle que nadie en la derecha estadounidense quiere reconocer en voz alta. El propio Donald Trump, el mismo que hizo de las deportaciones masivas su bandera de campaña, tuvo que dar marcha atrás. Ordenó pausar las redadas en el campo, en los hoteles y en los restaurantes. ¿Por qué? Porque sus propios aliados empresariales, líderes republicanos del sector productivo, fueron a tocarle la puerta para pedirle que parara. Le dijeron sin medias tintas que sin esos trabajadores sus negocios se venían abajo. Los dueños de los hoteles en Florida, los agricultores de California, los constructores de Texas, todos ellos donantes republicanos, todos ellos votantes de Trump, le exigieron que detuviera la máquina de deportación que ellos mismos habían aplaudido desde las gradas. El presidente que se presentó como el gran defensor del trabajador estadounidense terminó doblando su propia política porque los empresarios que lo financian no aguantaron el golpe.
Pero el daño ya estaba hecho. Y sigue creciendo. Las redadas no se detuvieron por completo. Solo se redirigieron. Y cada nueva ola de arrestos genera el mismo efecto: pérdida de empleos para ciudadanos estadounidenses, cierre de negocios, caída del consumo. La gobernadora de la Reserva Federal, Adriana Kugler, advirtió en un discurso reciente que la caída en la fuerza laboral migrante comenzó a frenar el crecimiento del empleo y que esto podría acelerar la inflación hacia finales del año. Traduzcamos eso al idioma de la gente común. Menos trabajadores significa menos producción. Menos producción significa precios más altos. Y precios más altos significan que la familia estadounidense promedio va a pagar más caro el pan, la carne, la vivienda y los servicios. La factura del odio la van a pagar los propios estadounidenses en la caja del supermercado. No es una especulación. Es la advertencia de la propia Reserva Federal. Y mientras tanto, los centros de detención se llenan, los agentes de ICE reciben bonificaciones por cuota de arrestos y el dinero de los contribuyentes se quema en una política que empobrece al país que dice proteger.
Y aquí hay una injusticia que indigna a cualquiera con sentido común. Los trabajadores migrantes aportan miles de millones de dólares al sistema de seguridad social estadounidense. Dinero que, por su situación migratoria, muchos jamás van a poder reclamar como pensión. Están financiando el retiro de los jubilados estadounidenses con aportaciones que a ellos nunca les serán devueltas. Trump quiere expulsar precisamente a quienes sostienen las pensiones de su propia gente. Es la contradicción llevada al absurdo. Piensen en el trabajador migrante que cada dos semanas ve cómo le descuentan de su salario el impuesto para el Seguro Social. Él sabe que probablemente nunca verá ese dinero de vuelta. Pero lo paga. Porque quiere trabajar. Porque quiere enviar dinero a su familia. Porque quiere construir algo. Mientras tanto, el político que promete deportarlo utiliza esos mismos fondos para financiar redadas y muros. El migrante paga su propia persecución.
No se trata solo de mano de obra barata. Los migrantes mexicanos son también creadores de riqueza. Más de un tercio de los nuevos negocios que se abren cada año en los Estados Unidos son fundados por latinos, y la mayoría de esos emprendedores son de origen mexicano. Son la mayor masa de empresarios inmigrantes de todo aquel país. Gente que no llega a quitar empleos, sino a generarlos. Cada negocio que cierra por miedo a las redadas es un empleador menos, una nómina menos, una comunidad más pobre. El restaurante que abre un migrante mexicano en Los Ángeles no solo da trabajo a su familia. Contrata cocineros, meseros, lavaloza, contadores. Muchos de ellos nacidos en Estados Unidos. Cuando ese restaurante cierra por miedo a que el dueño sea deportado, todos esos empleados, incluyendo los ciudadanos estadounidenses, pierden su fuente de ingresos. Así de concreto es el daño.
Ahora, conecten todo esto con lo que la presidenta Claudia Sheinbaum lleva meses diciendo desde Palacio Nacional. Mientras Trump sembraba la idea de que los mexicanos en el norte eran una carga, una invasión, un problema, la mandataria sostenía con datos lo contrario: que nuestros paisanos son personas trabajadoras, emprendedoras, honestas, que sostienen industrias completas. Hoy la Brookings Institution, una institución estadounidense, le da la razón con sus propias cifras. Lo que Sheinbaum afirmó con serenidad quedó probado con los números del país que pretende expulsarlos. Y conviene recordar la dimensión de lo que está en juego. Las personas de origen mexicano aportan 2.3 billones de dólares al producto interno bruto de los Estados Unidos. Si esa comunidad fuera un país, sería una de las diez economías más grandes del planeta. Hablamos de 38 millones de personas que mueven una de las maquinarias económicas más poderosas del mundo. Quitarles a esos trabajadores no es limpiar una economía, es amputarle un brazo.
Y los datos de Brookings son apenas la primera factura de esa amputación. Lo más preocupante para aquel país es que, pese a todas estas señales de alarma, el gobierno de Trump anunció que planea ampliar aún más las redadas durante este año, contratar miles de agentes nuevos y abrir más centros de detención. Es decir, frente a la evidencia de que su política destruye empleos y encarece la vida, la respuesta es hacer más de lo mismo. Cada nueva redada será un golpe adicional a una economía que ya está mostrando grietas. Y la factura seguirá llegando a los hogares estadounidenses. Frente a este panorama, el contraste de liderazgos no podría ser más claro. Por un lado, un gobierno estadounidense que destinó más de 170,000 millones de dólares para ampliar las redadas y los centros de detención. Dinero del contribuyente gastado en perseguir a quienes sostienen su propia economía. Por el otro, una presidenta mexicana que respalda a sus connacionales a través de 53 consulados distribuidos por todo aquel territorio, que defiende sus derechos por la vía legal y diplomática, y que en lugar de gritar consignas presenta evidencia. Mientras uno gasta una fortuna en debilitarse a sí mismo, la otra defiende a su gente con inteligencia y con la frente en alto.
Y hay algo más que derrumba por completo el cimiento de toda esta política. La justificación que Trump repite una y otra vez es que los migrantes traen crimen, que son una amenaza para la seguridad. Pero los datos vuelven a desmentirlo. Estudios de universidades estadounidenses han documentado que las personas indocumentadas cometen menos delitos violentos que los propios ciudadanos nacidos en aquel país. El relato del migrante criminal que tanto rédito político le ha dado no se sostiene ni con las cifras económicas ni con las cifras de seguridad. Es una mentira construida para ganar votos. Y hoy se le está cayendo a pedazos. Porque la realidad, terca como siempre, está pasando la cuenta. Cada vez que un trabajador migrante es arrestado en una redada, no solo se pierde su mano de obra. Se pierden los impuestos que pagaba. Se pierde su consumo. Se pierde su emprendimiento. Se pierde la confianza de toda una comunidad que ahora mira con miedo cada patrulla que pasa.
Esa es la diferencia entre un proyecto que construye y uno que destruye. Trump apostó a que el odio le daría votos y poder. Lo que está cosechando es desempleo para los suyos, inflación para sus familias y comercios cerrados en sus propias ciudades. Mientras tanto, México, con la dignidad que lo caracteriza, observa cómo la verdad se impone sola, sin necesidad de bajar al terreno del insulto. Porque al final los hechos son los hechos. Ningún muro puede sostener una economía. Ninguna redada puede reemplazar el trabajo de millones de manos. Y ningún discurso de odio, por más fuerte que se grite en cadena nacional, puede borrar lo que las propias instituciones estadounidenses ya documentaron en blanco y negro. Los migrantes mexicanos no son el problema de los Estados Unidos. Son, han sido y seguirán siendo uno de los pilares que mantienen ese país en pie.
Y aquí dejo la pregunta para ustedes, paisanos que nos ven desde ambos lados de la frontera. Si hasta los estudios hechos dentro de los Estados Unidos reconocen que las deportaciones masivas están hundiendo su propia economía, ¿cuánto tiempo más va a sostener Trump esta política antes de que sus propios votantes le pasen la factura? Porque los números no mienten. 668,000 empleos perdidos. Hasta 297,000 de ellos ocupados por ciudadanos estadounidenses. Una inflación que se acelera. Comercios que cierran. Comunidades que se empobrecen. Y todo para cumplir una promesa de campaña que nunca debió hacerse porque nunca pudo cumplirse sin destrozar la economía que juró proteger.
El trabajador estadounidense de clase trabajadora que votó por Trump creyendo que él iba a traer de vuelta los empleos perdidos hoy está viendo cómo su vecino migrante es sacado de su casa mientras él mismo recibe una carta de despido. La ironía es tan cruel que duele. El político que prometió poner a Estados Unidos primero está poniendo a los Estados Unidos último. Porque ningún país puede prosperar expulsando a los mismos trabajadores que construyen sus casas, cosechan sus alimentos, cuidan a sus ancianos y mantienen sus fábricas en funcionamiento. El sueño americano no se construye con muros. Se construye con manos. Y esas manos, en una proporción enorme, son manos mexicanas. Eso es lo que Brookings acaba de demostrar. Eso es lo que Trump no quiere que se sepa. Y eso es lo que nosotros, desde este lado de la frontera, vamos a seguir repitiendo hasta que la verdad sea imposible de ignorar.
