EL APODO DE DOS LETRAS QUE HARFUCH BUSCA DESPUÉS DE DETENER A LOS 10 UNIFORMADOS
EL APODO DE DOS LETRAS QUE HARFUCH BUSCA DESPUÉS DE DETENER A LOS 10 UNIFORMADOS
La bolsa de plástico negra se abre con las dos manos. El agente la sostiene un segundo frente a la cara del detenido. Se la coloca en la cabeza. La bolsa se aprieta. El aire desaparece. El hombre atado empieza a moverse, a forcejear, a ahogarse. Y los que están alrededor, los que tienen placa, los que cobran quincena del erario, se ríen. Esa carcajada no fue un exceso. Fue un documento. Porque alguien grabó. Alguien con uniforme sostuvo un teléfono y filmó todo mientras ocurría. No para denunciarlo. No para proteger a nadie. Lo grabó porque aquello era tan normal, tan cotidiano, tan parte del procedimiento, que no se le ocurrió que esa grabación pudiera salir alguna vez de esa habitación. Ese error de cálculo le costó a 10 servidores públicos del estado de Chiapas su libertad, su uniforme y lo que queda de sus carreras. Pero lo que Omar García Harfuch encontró cuando abrió sus teléfonos fue mucho peor que un video. Era un archivo sistemático. 34 nombres. 4 personas sin rastro. Un apodo de dos letras que aparece en cuatro dispositivos distintos. Y una pregunta que todavía no tiene respuesta pública: ¿cuántos más filmaron sin apagar la cámara?
El 14 de marzo de 2026, en la colonia Loma Bonita de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se desplegó un operativo oficialmente diseñado para combatir el robo de vehículos. Participaron cuatro corporaciones distintas: agentes de la Fiscalía General del Estado, policías estatales y elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata Pacal. Cuatro cuerpos de seguridad, un mismo objetivo. En algún momento de esa noche, algo cruzó una línea que no tiene regreso. Los detenidos ya estaban inmovilizados. Manos atadas hacia atrás. Botas tácticas. Insignias institucionales alrededor. Ya no representaban ningún riesgo. Pero alguien tomó una bolsa de plástico negra.
Ese alguien tiene nombre: Pablo Enrique Reyes Custodio, comandante regional de investigación y combate al robo de vehículos de Chiapas. El hombre con más rango en esa escena, el que pudo haber parado lo que vino después. En cambio, lo permitió, lo observó y, según lo que el video muestra, lo dirigió. Cuando el más alto mando presente no detiene el abuso sino que lo encabeza, lo que ocurre después ya no es un exceso. Es una política.
Junto a Reyes Custodio estaba Javier Aguilera Cancino, conocido dentro de la corporación como “El Popeye”. Ese alias no es accidental. Dentro de las corporaciones policiales, los apodos sobreviven porque describen algo que los colegas ven todos los días. El Popeye no era nuevo en esto. Los que trabajaban con él lo sabían. Sus superiores lo sabían. Y eligieron no ver, hasta que una cámara encendida esa noche en Loma Bonita lo puso frente a los ojos de todo el país. Pero hay algo que los noticieros no te van a contar sobre ese video. La grabación no fue un accidente. Alguien en esa habitación con uniforme puesto y placa al pecho sostuvo un dispositivo y grabó lo que estaba pasando. No para denunciarlo, no para documentar un abuso. La grabación existe porque quien filmó asumió que ese material nunca saldría de ahí. Que lo que ocurría era tan normal, tan cotidiano, tan parte del procedimiento, que no había ninguna razón para esconderlo.
Esa normalidad es lo más escalofriante de todo este caso. Más que la bolsa. Más que las risas. Que nadie sintió la necesidad de apagar la cámara.
Entre los 10 detenidos no solo había policías de campo. Había un subdirector. Había tres agentes del Ministerio Público, los mismos funcionarios que en teoría deben garantizar que los derechos de los detenidos se respeten desde el primer segundo de una aprehensión. Había un secretario administrativo. Y había cinco elementos policiales. Diez personas con distintos rangos, distintas funciones, distintas responsabilidades institucionales. Todas dentro de esa habitación. Ninguna detuvo lo que estaba pasando. Eso no es un exceso aislado. Eso es una estructura.
Y esa estructura tiene una pregunta que todavía no tiene respuesta pública: ¿quién sabía y desde cuándo? Porque un subdirector no improvisa este tipo de conducta en un operativo ordinario. Un subdirector con tres ministerios públicos presentes y cinco elementos ejecutando no está cometiendo un exceso espontáneo. Está replicando algo que ya hizo antes en otro operativo con otros detenidos, sin cámara. Y esa fue exactamente la sospecha que Omar García Harfuch ordenó investigar en cuanto el video llegó a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal. La orden no llegó en una rueda de prensa. No hubo comunicado previo, no hubo filtración, no hubo periodista esperando en la esquina. La orden llegó encriptada en el canal interno de la SSPC a las unidades de inteligencia con presencia en Chiapas. Decía una sola cosa con toda la claridad del mundo: identifiquen, ubiquen y detengan. Sin margen de interpretación, sin espacio para el error, sin fecha de vencimiento.
El expediente que Harfuch tenía sobre la mesa cuando firmó esa orden no se construyó en una noche. Llevaba semanas creciendo, alimentado por tres fuentes simultáneas: el análisis forense del video difundido en redes, los registros internos de las corporaciones involucradas y las declaraciones iniciales de las víctimas ante la FGR. Cada fuente confirmaba lo que las otras dos ya apuntaban. No era un exceso aislado. Era un patrón. Y un patrón tiene arquitectura. Harfuch quería la arquitectura completa.
Mientras el expediente se cerraba en la Ciudad de México, en Tuxtla Gutiérrez, Pablo Enrique Reyes Custodio llegó esa mañana a su corporación como cualquier otro día. Uniforme planchado, credencial al pecho, el mismo escritorio de siempre. No sabía que tres equipos federales ya tenían su fotografía, su dirección, su ruta habitual y el número de placa de su vehículo. No sabía que desde las 5 de la mañana había ojos encima de cada uno de los 10. Esa asimetría —lo que Harfuch sabía y lo que ellos no sabían— fue la diferencia entre una detención limpia y un caos. Harfuch eligió lo primero.
Los equipos no se desplegaron juntos. Diez objetivos en distintas ubicaciones, distintos horarios de rutina, distintas corporaciones de adscripción. Si un solo equipo se mueve primero y el objetivo alcanza a comunicarse, los otros nueve desaparecen en minutos. Por eso la instrucción fue simultánea: diez equipos, diez ubicaciones, una sola señal de ejecución. Cuando esa señal llegó, ninguno de los 10 tenía manera de avisarle al siguiente. El primero en caer fue uno de los cinco policías de campo, el eslabón más bajo de la cadena. Detenido a las 7:14 de la mañana en el estacionamiento de su propio edificio, con el motor del vehículo encendido, a punto de arrancar hacia su turno. Cuando los agentes federales se identificaron y le mostraron la orden, no puso resistencia. Pero hizo algo que los agentes registraron de inmediato: intentó sacar el teléfono del bolsillo derecho de su pantalón. No alcanzó a desbloquearlo. Ese teléfono entró a la cadena de custodia en ese mismo instante. Lo que tenía dentro cambió el peso de todo lo que vino después.
El teléfono tenía videos. No uno. Varios. Grabaciones de distintas fechas, distintas ubicaciones, distintos detenidos. Hombres con las manos atadas que no eran los mismos del video que salió a las redes. Rostros distintos, fechas distintas. El mismo procedimiento. Lo que el 14 de marzo en Loma Bonita parecía un exceso aislado se convirtió en ese momento en algo completamente diferente. No era la primera vez. Era la vez que alguien filmó y el archivo no se borró a tiempo.
Eso fue lo que el agente federal reportó al centro de mando en los siguientes cuatro minutos. La respuesta de Harfuch llegó en menos de dos. Instrucción directa desde el centro de mando: asegurar todos los dispositivos electrónicos de cada uno de los 10 objetivos en el momento exacto de la detención. Antes de cualquier otra acción. Antes de leer derechos. Antes de registrar pertenencias. Antes de cualquier protocolo estándar. Los teléfonos primero. Esa instrucción no estaba en el protocolo original del operativo. Harfuch la añadió en tiempo real, cuando el reporte del primer teléfono llegó a su pantalla. Ese ajuste, esa decisión tomada en menos de dos minutos, es lo que convirtió este operativo en algo mucho más grande de lo que parecía al arrancar.
El segundo objetivo cayó a las 7:31. Uno de los tres agentes del Ministerio Público, detenido en el interior de las instalaciones de la Fiscalía Estatal, en su propio lugar de trabajo, rodeado de colegas que lo vieron esposarse sin decir una sola palabra. El silencio de esos colegas habla más que cualquier declaración. Nadie preguntó qué pasaba. Nadie intervino. Nadie levantó la voz. Porque en esa corporación todos sabían que algo así podía llegar en cualquier momento. Lo que nadie calculó fue que llegaría tan rápido y con tanta precisión. El tercer y cuarto objetivo cayeron con cuatro minutos de diferencia en distintos puntos de la ciudad. Para las 8:15 de la mañana, seis de los 10 ya estaban detenidos, identificados y con sus dispositivos en cadena de custodia federal. El operativo corría sin una sola filtración, sin una sola alerta activada dentro de las corporaciones, sin que ninguno de los seis alcanzara a comunicarse con los cuatro que faltaban. La frecuencia encriptada de Harfuch había hecho su trabajo.
Pero el séptimo objetivo estaba a punto de romper ese patrón. Y lo que hizo cuando vio llegar a los agentes federales no estaba en ningún escenario previsto. El séptimo era El Popeye, Javier Aguilera Cancino. Cuando los agentes federales llegaron a su domicilio a las 8:22 de la mañana, no estaba adentro. Su vehículo seguía estacionado frente a la puerta. Su teléfono registraba actividad desde hacía menos de 10 minutos, pero él no estaba. Los agentes tomaron posición perimetral y reportaron al centro de mando. La respuesta de Harfuch fue inmediata y sin titubeos: nadie se mueve, nadie entra, nadie sale. El cerco se sostiene hasta que aparezca. Lo que nadie sabía todavía era dónde estaba El Popeye ni cuánto tiempo llevaría encontrarlo.
Diecisiete minutos con el cerco sostenido. Los agentes federales en posición perimetral, sin moverse, sin hacer ruido, sin activar ninguna señal que alertara a los vecinos ni a nadie dentro de las corporaciones, que todavía no sabía lo que estaba pasando en el resto de la ciudad. El centro de mando recibía actualizaciones cada tres minutos. Harfuch tenía la pantalla con las diez ubicaciones simultáneas: nueve con estatus confirmado, una con un círculo rojo parpadeando. El Popeye seguía sin aparecer. Y entonces el dron lo encontró. A 380 metros de altura, la cámara térmica registró una figura humana en el interior de una vecindad contigua al domicilio de Aguilera Cancino. Había cruzado por la azotea. No corría. Caminaba despacio, pegado a la pared, con el teléfono en la mano. Llevaba 17 minutos intentando hacer una llamada que no entraba porque la frecuencia local llevaba media hora intervenida. Cada intento de comunicación que El Popeye hizo en esos 17 minutos quedó registrado en los servidores de inteligencia federal. Marcó cuatro números distintos. Ninguno contestó.
Eso no fue casualidad. Harfuch lo había previsto. Los cuatro números que El Popeye intentó marcar esa mañana no eran números cualquiera. Eran números de personas que en los registros de inteligencia de la SSPC ya tenían una bandera activa: contactos con vínculos documentados a las mismas corporaciones, al mismo patrón de conducta, al mismo tipo de operativos. Cuando los analistas del centro de mando vieron esos cuatro números aparecer en la pantalla en tiempo real, el reporte subió de inmediato. Harfuch lo leyó y escribió tres palabras en el canal interno. Solo tres. Esas tres palabras ampliaron el alcance de la investigación más allá de los diez objetivos originales. Lo que esas palabras decían todavía no es público.
A las 8:51 de la mañana, los agentes federales entraron a la vecindad contigua. El Popeye estaba en el segundo piso, sentado en las escaleras, con el teléfono en la mano y la pantalla apagada. Cuando los agentes subieron y lo identificaron, no intentó correr, no intentó negociar. Hizo algo que ninguno de los agentes presentes esperaba: preguntó si podía terminar de tomar su café. Esa pregunta, dicha con esa calma, en ese momento, después de 17 minutos escondiéndose en una azotea, dice más sobre el perfil de este hombre que cualquier expediente. El Popeye no tenía miedo. Tenía costumbre.
Mientras Aguilera Cancino era trasladado al vehículo de contención, en otro punto de Tuxtla Gutiérrez, el noveno objetivo —uno de los agentes del Ministerio Público restantes— intentó algo distinto. No huyó. No se escondió. Se presentó en las instalaciones de la Fiscalía Estatal, se identificó ante el guardia de entrada y solicitó hablar con el fiscal general. Dijo que tenía información importante que entregar de forma voluntaria. El guardia lo registró, lo hizo pasar y cuando llegó a la antesala de la oficina del fiscal, los agentes federales que llevaban 40 minutos esperando adentro se pusieron de pie. Ese fue su último movimiento libre. Lo que no explica es lo que traía consigo cuando entró. El agente del Ministerio Público traía un sobre manila cerrado con cinta en la mano izquierda. No lo soltó cuando leyeron la orden. Lo apretó más fuerte. Cuarenta segundos tardaron en convencerlo de depositarlo. Cuando el sobre entró a custodia, el agente que lo recibió lo pesó con la mano. Adentro había algo rígido, algo que no era papel. El reporte llegó al centro de mando en minutos. Harfuch respondió: “Ese sobre se abre con perito presente y cámara encendida. Nada antes”.
Los diez estaban detenidos. El parte operativo llegó al centro de mando a las 9:03 de la mañana. Diez objetivos, diez detenciones, cero incidentes, cero fugas, cero alertas dentro de las corporaciones durante la ejecución. Harfuch leyó el reporte, cerró la pantalla y dijo una sola cosa al equipo: “Ahora empieza la parte importante”. Esa frase no era retórica. Era la descripción exacta de lo que venía. Porque detener a diez uniformados es una cosa. Lo que tenían consigo era otra historia.
El décimo en caer fue el subdirector, el de mayor rango. No estaba en ninguna ubicación prevista por la inteligencia. Estaba en una taquería a seis cuadras de la Fiscalía, desayunando solo. Teléfono boca abajo. Cuando los agentes se acercaron, levantó la vista y antes de que dijeran una palabra preguntó: “¿Es por el video?” Sabía. Llevaba días sabiendo. Y aún así no huyó. Eso tiene una sola explicación posible: no huyó porque durante años el uniforme había funcionado como escudo, como garantía, como la razón por la que lo ocurrido en Loma Bonita podía filmarse sin que nadie apagara la cámara. La institución lo había protegido antes. Lo que el subdirector no calculó es que esta vez la institución que llegó no era la misma de siempre. Esta vez era la de Harfuch. Y esa diferencia no se recupera.
Cuando los diez estaban bajo custodia y los primeros análisis forenses comenzaron, lo que los peritos encontraron en dos horas dejó en silencio la sala. No era solo el video del 14 de marzo. Era un archivo sistemático. Fechas que se remontan meses atrás. Ubicaciones distintas. Detenidos distintos. El mismo procedimiento. La misma frialdad. Como quien documenta un protocolo. Y lo que el sobre manila tenía adentro conectó todo con un nombre que nadie esperaba encontrar ahí.
El sobre se abrió a las 11:14 con peritos y cámara encendida. Adentro no había documentos. Había una memoria USB y un teléfono prepagado sin número registrado. La memoria tenía contraseña. El teléfono tenía una sola aplicación: una plataforma encriptada usada por estructuras criminales. Un servidor público de Chiapas con una app de cártel en el bolsillo. Ese detalle pequeño cuenta una historia muy grande. Los archivos tardaron cuatro horas en descifrarse. No eran videos. Eran registros. Listas de nombres, fechas, ubicaciones y una columna que los analistas tardaron 20 minutos en interpretar. Esa columna registraba resultados. Lo que le ocurrió a cada persona después de pasar por estos diez. Algunos registros tenían una palabra al final subrayada en rojo.
Harfuch leyó el reporte y pidió el listado completo sin decir nada más. El listado tenía 34 nombres. De esos, 11 tenían la palabra en rojo. Y de esos 11, cuatro nunca fueron presentados ante ningún Ministerio Público. Sin carpeta, sin registro, sin rastro institucional de que alguna vez existieron bajo custodia de estas corporaciones. Cuatro personas que entraron al sistema y no salieron por ninguna puerta oficial.
Los teléfonos de los diez sumaban 340 archivos de video clasificados en tres categorías. La tercera era la más corta, pero la más pesada: interrogatorios sin abogados, sin protocolos, sin testigos institucionales. Solo preguntas y el método que el 14 de marzo ya dejó claro. Lo que nadie ha dicho es cuántos operativos posteriores se construyeron sobre esa información arrancada así. Esa fue la pregunta de Harfuch cuando el reporte llegó completo. No sobre los diez. Sobre quién recibió esa información y qué hizo con ella. Cada expediente que estos diez tocaron tiene ahora una sombra encima. Cada detención derivada de esa inteligencia es jurídicamente cuestionable. Eso no es corrupción individual. Es contaminación sistémica.
Los domicilios fueron cateados mientras los diez estaban bajo custodia. Lo que los peritos hallaron en casa del subdirector no era dinero ni armamento. Era documentación. Carpetas organizadas, etiquetadas, ordenadas cronológicamente. Nombres de detenidos, fechas, montos. Un archivo tan detallado que tardaron tres horas solo en inventariarlo. Alguien que lleva ese registro no improvisa. Administra. En el domicilio de Reyes Custodio encontraron tres teléfonos adicionales en una caja metálica con llave, sin registro a su nombre, cada uno con chip distinto, conversaciones activas hasta dos días antes de su detención. Los destinatarios no eran colegas. Eran números sin identidad registrada que los analistas ya tenían marcados en otros expedientes activos.
Pero lo peor no estaba ahí. Lo peor estaba en el teléfono del secretario administrativo, el único sin cargo policial. Su función era presupuestos, nóminas, logística. Pero en su teléfono había coordenadas GPS marcadas con fechas que coincidían exactamente con los operativos de la memoria USB. Este hombre no ejecutaba. Coordinaba lo que ocurría después. Y eso explica por qué Harfuch amplió la investigación esa misma tarde. Los cuatro nombres sin rastro institucional se convirtieron en línea prioritaria. La FGR abrió carpeta independiente. Los analistas cruzaron las coordenadas GPS del secretario con registros de desapariciones no resueltas en Chiapas entre octubre de 2025 y marzo de 2026. Los primeros cruces arrojaron coincidencias. No todas, pero suficientes para que el reporte que llegó a Harfuch esa noche tuviera una palabra nueva en el encabezado: homicidio. No como cargo confirmado, sino como línea de investigación abierta.
La línea de homicidio no era el único frente. Los analistas identificaron en los registros del subdirector pagos sistemáticos. Depósitos fraccionados, siempre por debajo del umbral de reporte. Siempre en los tres días posteriores a cada operativo de la memoria USB. Alguien pagaba. No por los resultados oficiales. Por los que no aparecen en ningún expediente. Eso convierte este caso en algo que va mucho más allá de diez uniformados. Los pagos apuntaban hacia fuera de las corporaciones, hacia alguien que encargaba, recibía y que al momento de este análisis no tiene orden de aprehensión. Un eslabón que usaba a estos diez como herramienta y operaba desde una posición suficientemente protegida para no aparecer con su nombre real. Solo con un apodo de dos letras que se repite en cuatro conversaciones de cuatro teléfonos distintos.
Ese apodo ya tiene nombre en los archivos de Harfuch. Los diez fueron presentados ante el Ministerio Público Federal con cargos de tortura, abuso de autoridad y asociación delictuosa. Con la línea de homicidio abierta y los pagos documentados, la FGR ya trabaja en ampliar ese pliego. Lo que enfrentan hoy es apenas la primera capa de lo que el expediente tiene adentro. Harfuch hizo su declaración a las 6 de la tarde, sin escenario preparado, sin micrófonos agrupados, breve, de pie frente a dos periodistas. Dijo: “Diez servidores públicos de Chiapas fueron detenidos por su presunta responsabilidad en actos de tortura. La investigación continúa y no descartamos más personas involucradas”. Ninguna de esas palabras fue casual. Dijo “servidores públicos”, no policías, no agentes. Ese término le habla a cada persona con uniforme en este país: tu cargo no te protege. Dijo “investigación continúa”: presente, no pasado, recursos comprometidos, expediente creciendo. Y dijo “no descartamos más personas involucradas”. Esa frase no le habla a la prensa. Le habla directamente al apodo de dos letras que aparece en cuatro teléfonos. Y ese destinatario la escuchó.
Lo que Harfuch tiene ahora sobre la mesa es esto: diez detenidos con cargos formales, 340 archivos de video en custodia federal, una memoria USB con 34 nombres y registros de pagos sistemáticos, tres teléfonos sin registro a nombre de Reyes Custodio, y las coordenadas GPS del secretario cruzadas con desapariciones no resueltas. Eso es lo que tiene. Lo que le falta es distinto y más difícil: el apodo de dos letras con nombre real y localización confirmada. Establecer si la línea de homicidio se sostiene con evidencia suficiente para ampliar cargos. Determinar cuántos operativos contaminados por esta inteligencia ilegal produjeron detenciones que hoy están siendo revisadas. Y saber si dentro de las corporaciones de Chiapas hay más estructuras operando con el mismo método que estos diez. Esa pregunta todavía no tiene respuesta pública.
La CNDH y el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura emitieron pronunciamiento conjunto exigiendo investigación independiente. El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, condenó públicamente los hechos. El fiscal estatal, Jorge Luis Llaven Abarca, dijo que no habrá impunidad. Tres voces institucionales diciendo lo mismo en menos de 24 horas. Cuando tres instituciones distintas se alinean tan rápido en el mismo mensaje, hay una razón que los comunicados no dicen. La presión venía de arriba. Y arriba estaba Harfuch. Lo que este caso le quitó a estas corporaciones no se recupera con una detención ni con un comunicado. Les quitó la certeza de que el uniforme protege. Durante años, esa certeza fue el motor de todo lo que ocurrió en esa habitación en Loma Bonita. La razón por la que alguien filmó sin apagar la cámara. La razón por la que el subdirector fue a desayunar en lugar de huir. La razón por la que El Popeye preguntó si podía terminar su café. Ninguno de los diez creyó que esto podía pasarles. Hasta que pasó.
Regresa al principio: diez hombres con uniforme, placa y arma institucional. Ahora que sabes todo lo que sabes, esas diez palabras pesan diferente. Porque detrás de esos uniformes había un archivo de 34 nombres, cuatro personas sin rastro, un apodo de dos letras sin captura y un sobre manila que nadie esperaba que existiera. Lo que parecía la historia de diez corruptos es la entrada a algo mucho más grande. Y eso apenas empieza. La carpeta de Harfuch sobre Chiapas no tiene fecha de cierre. Diez cayeron hoy. El apodo de dos letras sigue libre. Y la investigación de Harfuch sigue en curso.
